Leopoldo López en el MERCOSUR
Quizá en ninguno otro momento de su historia casi veinteañera la sede del MERCOSUR en Montevideo había sido tomada por los gritos que se oyeron la mañana del lunes cuando dos venezolanos, el alcalde de Chacao, Leopoldo López, y el parlamentario, Juan José Molina, intentaron llegar a una cita que tenían en la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, para denunciar las inhabilitaciones que privaron recientemente a un grupo de nacionales de su derecho a participar en las elecciones para alcaldes y gobernadores del noviembre próximo.
Acontecimiento que, aunque no muy usual en la agenda de una institución como el Parlamento del Sur que, entre otras misiones, tiene la de velar por que los países miembros del mercado regional cuenten con sistemas democráticos que cumplan con la constitución y las leyes y respeten los derechos humanos, pudo pasar como una reunión de rutina más, como otra de aquellas en que un grupo de ciudadanos de los socios con membresía plena concurren civilizadamente a querellarse con sus gobiernos.
Y ello por una razón muy sencilla: durante aproximadamente 20 años, o sea, entre el período que va de mediados de los 60, a mediados de los 80, los países representados en el MERCOSUR y el Parlasur, conocieron algunas de las dictaduras militares más aterradoras de que tenga memoria la humanidad, una colección de satrapías que dio al traste con los gobiernos democráticos que intentaban constituirse en la región y a punta de fusilamientos, torturas, cárceles y desapariciones forzosas llevaron a cabo un tenebroso genocidio que aun pesa en el estado mental y físico de quienes lo vivieron, conocieron y sufrieron.
De modo que si hay una comunidad en el mundo que sabe de gritos, violencia, ejércitos, fusiles, atropellos, de no dejar hablar al otro y de hacer sentir el peso del poder para que no se conozcan las ruindades del militarismo y sus dictadores, esos son los funcionarios y ciudadanos de los países del MERCOSUR, sin duda que espantados cuando un grupo de parlamentarios chavistas enviados apresuradamente a Montevideo para impedir que López y Molina dijeran su verdad, se constituyeron en demostración de lo que sucede cuando los omnipotentes, cuando los hombres de estado, tratan de aplastar a los diferentes, a los opositores que no se arrodillan ante sus abusos y dictados.
Los diputados gobierneros, Desireé Santos Amaral, Calixto y Saúl Ortega y Carlos Escarrá, en efecto, estaban ahí para eso, para hacer callar a López y Molina, para emplear la violencia verbal primero y la violencia física después de de ser necesaria, con tal que no se conociera un atropello a los derechos humanos, una violación de la constitución y las leyes venezolanas, como es que a Leopoldo López y otros 300 venezolanos se les ha inhabilitado para ejercer el derecho a ser elegidos en las elecciones a celebrarse el 23 de noviembre próximo.
Y como la denuncia, de ser cierta, no permitiría a Chávez y su gobierno ser miembros plenos del MERCOSUR, pues está en contravención de la Carta Democrática del acuerdo que es el Protocolo de Ushuaia, entonces, ningún otro argumento que los gritos y la amenaza de los puños para que tratara de evitarse, de acallarse, de aplastarse, como en otros tiempos las bayonetas y los fusiles acallaron y aplastaron a miles de uruguayos, argentinos, paraguayos y brasileros.
O sea, que Santos, Calixto y Saúl Ortega y Escarrá, se estaban denunciando a sí mismos, se estaban poniendo en el banquillo de los acusados y en espera de una sentencia que sin duda vendrá, si no de los gobiernos y funcionarios de este MERCOSUR y de este Parlasur, sí del que está constituido en las calles, en los barrios y urbanizaciones, en campos y ciudades, en universidades y fábricas y cuyo veredicto no puede ser otro: CHÁVEZ CULPABLE.
