Defensa de sobrinos de Cilia Flores dice que EEUU «tendió una trampa» política a los acusados

La Defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas anunció que los acusados podrían apelar a la regla del atrapamiento y negación del delito, con lo cual responsabilizan a los funcionarios de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA) de haberles tendido una trampa, de incitarlos a cometer un delito e inducirlos a la comisión del mismo con el fin de que pudieran ser procesados y sancionados en los Estados Unidos.

Campos Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015, acusados de conspirar para traficar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína de alta pureza. Actualmente se encuentran a la espera de juicio. Ambos han permanecido ocho meses en Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

En un pliego sometido a la corte por los abogados defensores de los primos Flores se señala que los funcionarios que trabajaron en esa investigación para la DEA habrían tejido una celada a los familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro por «posibles razones de política internacional».
De acuerdo al documento enviado al juez Paul Crotty con la firma del abogado y exfiscal federal, Randall W. Jackson, los acusados consideran que fueron objeto de una asechanza por parte de los informantes confidenciales pagados por los Estados Unidos, y que por tanto serían inocentes y, además, víctimas de un caso maquinado por funcionarios de la DEA para hacerle daño a sus familiares que son prominentes políticos en Venezuela.

Para sostener esa hipótesis, los abogados aseguran que el expediente de acusación, sometido a consideración de la corte por la fiscalía, contiene varias inconsistencias y evidentes violaciones al debido proceso de los acusados.

Los litigantes argumentan que debido a las múltiples inconsistencia, los acusados no habrían cometido delito sino que por el contrario, fueron víctimas de un una inducción orquestada por los informantes confidenciales para que violaran las leyes y fueran encausados criminalmente.

Inocentes engañados por un señuelo de miles de millones de dólares

Los abogados defensores sostienen que tanto Campos Flores como Flores de Freitas eran empresarios, trabajadores y personas honestas, que vivían junto a su familia en Venezuela cuando fueron «tentados por agentes de la DEA para que entraran en el negocio del tráfico de drogas que les dejarían miles de millones de dólares». Este negocio se les propuso -según la confesión de los dos sobrinos de la pareja presidencial- a pesar que ellos no conocían el mercado internacional de drogas, ni la mercancía como tal.

Randall W. Jackson destaca en el escrito que una supuesta conspiración para transportar 800 kilogramos de cocaína y la capacidad para facilitar una transacción de este tipo significaría que los demandados, hombres relativamente jóvenes sin antecedentes penales, fueran unos de los más poderosos traficantes de droga en el mundo. Esta cantidad de cocaína de alta pureza tendría un valor de más de $ 30,000,000 y un valor de plaza de decenas de millones de dólares más, asegura el abogado.

Dice que las pruebas ofrecidas por la fiscalía sobre las reuniones de los acusados con los informantes confidenciales, evidencian que son los informantes y no los acusados, quienes son expertos en la materia de drogas.

Más adelante argumenta que en la reunión donde se discute el supuesto «ladrillo» de la cocaína, «los informantes pasan un tiempo considerable educando a los demandados sobre cómo conocer la calidad de la cocaína, la cual se puede determinar a través de la sensación de la sustancia».

Añade que los informantes de la DEA dijeron a los primos Flores que «Puesto que usted no sabe mucho acerca de esto y debido a su falta de experiencia, lo mejor que pueden hacer y lo más seguro, es tratar de concentrarse en los niveles del producto. En mi caso-dice el informante- a partir de olerla, de mirar el color y el brillo voy a saber si es buena o no».

Jackson sostiene que los sobrinos de Cilia Flores fueron atrapados por promesas de miles de dólares por hacer el negocio, y les facilitaron todos los elementos para que se involucraran en la celada. El defensor asegura que «los llevaron a Haití bajo un esquema de atrapamiento sin importar que ambos acusados eran unos jóvenes absolutos desconocedores del mercado de la droga y del tráfico internacional de narcóticos».

Jackson advierte que los acusados pueden apelar a la figura legal de atrapamiento, (entrapment en inglés) ya que existen todos los elementos para probar que los informantes confidenciales de la DEA fueron los que les inculcaron a Campos Flores y Flores de Freitas a cometer el delito para luego procesarlos penalmente.

Atrapamiento es un argumento de defensa de cargos criminales, y se basa en la interacción entre los agentes de gobierno y el acusado antes de (o durante) el presunto delito. Un escenario típico de atrapamiento surge cuando los agentes del orden utilizan la coacción y otras tácticas prepotentes para inducir a alguien a cometer un crimen.

La regla de inconsistencia en un caso penal y el atrapamiento

El abogado Karis A. Hasting, de Duke University, informa que a pesar que a muchos litigantes se les permite argumentar la regla de la inconsistencia en procesos civiles, en la mayoría de los tribunales federales y en casos penales, no se autoriza a la defensa la argumentación de inconsistencia para sustentar un supuesto atrapamiento».

En un artículo publicado en la revista Scholarship Law Duke, titulado: El atrapamiento y la negación del delito: Una defensa basada en la regla de la inconsistencia, Hasting dice que los tribunales federales están divididos sobre este tema, ya que en estos casos debe resolverse si se requiere que un acusado, que busque apelar a la que fue víctima de una trampa, pueda negar el delito o no testificar en lo absoluto si se establece que ciertamente hubo un caso de atrapamiento.

Dice el experto que, hasta el momento, el Tribunal Supremo de Justicia se ha negado a resolver este asunto, aunque destaca que en otras instancias del país se ha hecho una amplia discusión sobre el desarrollo de la defensa basada en la regla de la inconsistencia.

La adhesión al estado de inconsistencia sugiere que los tribunales adopten una definición precisa sobre ese término legal. Algunas propuestas que se manejan en varios casos de este tipo, señalan que el acusado debe admitir que cometió el crimen como requisito previo para una petición de atrapamiento.

Hasting señala que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció por primera vez la defensa de atrapamiento en el caso civil conocido como Sorrells v. Estados Unidos. En ese sentido, el experto explica que este diseño penal se origina cuando «los funcionarios del gobierno le implantan en la mente de una persona inocente la disposición a cometer un supuesto delito y, por diversas vías, lo inducen a que lo cometa a los fines de poder levantar cargos en su contra y procesarlo por la comisión de dicho delito».

El la documentación se señala que para que la defensa del atrapamiento sea aceptada debe tener dos elementos:

En primer lugar, el acusado debe poder demostrar que el delito se cometió por inducción de los funcionarios del gobierno,

En segundo lugar, una vez que la parte demandada produce tales pruebas, el tribunal de primera instancia debe centrarse en la predisposición del acusado para cometer el delito imputado. «La corte debe determinar si el acusado es una persona inocente a quien el gobierno está tratando de castigar por un presunto delito que es el producto de la actividad creadora de sus propios funcionarios» acota.

Hasta el momento, el Tribunal ha dirimido algunos casos y ha subrayado que el atrapamiento no es una excusa para que un acusado culpable se excuse en un atrapamiento para que se declare que no es culpable de haber cometido un crimen.

Las respuestas de la Fiscalía en el caso Flores

La defensa de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas introdujo a la corte el pasado 2 de Julio de 2016 varias mociones para solicitar que se eliminen evidencias del expediente argumentando que las mismas fueron obtenidas de manera ilegal.

De acuerdo al calendario procesal aprobado por las partes involucradas en este caso el pasado 12 de mayo, la fiscalía debe responder a la solicitud de mociones de la defensa antes del 22 de julio de 2016. El juicio, de llegar a darse, fue fijado para el 7 de noviembre de este año.