Economía

Sundde continuará fiscalizaciones a mercados municipales

El representante de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, explicó que han llevado a cabo inspecciones y fiscalizaciones a mercados municipales, con el objetivo de develar “los diferentes mecanismos de la guerra económica” que operan alrededor de los comercios.

Hizo referencia a la reciente inspección realizada en el mercado de Quinta Crespo la cual fue en coordinación con el personal del gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, la Fuerza Armada Bolivariana y el Ministerio Público. Aclaró que la inspección fue en los puntos de venta dentro del mercado, pero en la periferia hay establecimientos comerciales mayoristas, importadores, distribuidores que no pertenecen al mercado municipal.

En entrevista a Unión Radio, indicó que el primer objetivo de la Sundde con estos operativos es hacerle seguimiento al cumplimiento de los precios que fueron actualizados recientemente, al igual que se esté ejecutando la política de precios que establece la Ley Orgánica de Precios Justos y el Gobierno.

Como segundo objetivo, Contreras indicó que le están haciendo seguimiento a la distribución, es decir, a los mayoristas y minoristas que reciben productos. “Estamos chequeando el desvío de artículos de primera necesidad de su destino original, así como productos que no tienen marcaje de precio, lo que nos hace presumir que son susceptibles a la reventa o al bachaqueo”.

El superintendente dijo que lo primero que resalta de este operativo, es el tema de los mecanismos de la “guerra económica” que operan alrededor de los establecimientos. “No solo operan en los mercados municipales, sino en cualquier mercado, tanto público como privado. Pudimos constatar el desvío de productos de primera necesidad de su destino original; los alimentos deben tener una guía de movilización que indique cuál es el punto de salida y el punto de llegada del mismo”.

Como segundo punto a destacar, Contreras mencionó que chequean el marcaje de precios, el cual debe venir desde el punto de origen. “El no marcaje de los productos hace pensar que probablemente sean utilizados para el contrabando de extracción o que esperen que se modifiquen las condiciones cambiarias para alterar su precio original, en relación a su costo real de procesamiento”.

También mencionó los casos de especulación y evasión fiscal y tributaria por parte de algunas empresas productoras de alimentos. Al respecto señaló que la práctica de doble facturación es un denominador común en muchos rubros.

”Mientras la derecha dice que hay una crisis, yo señalo que estamos enfrentando una guerra no convencional cuyos elementos son la guerra económica”, expresó.

Dijo que además de penalizar a los negocios y empresas, han sido detenidas varias personas y puestas a la orden de la Fiscalía.

El representante de la Sundde anunció que estos operativos se mantendrán en los mercados municipales y se harán de manera sorpresiva, “quedaron muchos establecimientos por revisar, muchas empresas por explicar el origen de la mercancía, los procesos de fiscalización están abiertos”. Anunció que “pronto llegará la hora al mercado de Chacao”.

Mercancía acaparada

Contreras indicó que más de 100.000 piezas de repuestos para motos que estaban acaparadas por la empresa Ramase Import, fueron halladas en una fiscalización.

Detalló que el procedimiento se llevó a cabo junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y agregó que esta empresa que se dedica a la importación de repuestos para motos también acaparaba, hasta ahora contabilizados, más de 8.000 cauchos de varios modelos, más de 7.000 tripas y aproximadamente 30.000 cadenas para motos; “lo cual desestabiliza la economía venezolana”.

El superintendente denunció que “los galpones de la importadora fiscalizada están ubicados frente a un centro de abastecimiento de la Gobernación de Miranda y tiene pasillos que se comunican a la instalaciones de ambos comercios.

Señaló que “hay productos que fueron comprados a través de los mecanismos del Estado para adquirir dólares desde el año 2000 hasta 2013”.

De este procedimiento resultaron detenidos 2 ciudadanos, responsables de boicot, acaparamiento y desestabilización de la economía, delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos que se pagan severamente con prisión.

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