Economía
CEDICE: «la libertad económica el único camino para vencer a la escasez y al desabastecimiento»
“La crisis socioeconómica venezolana puede ser la ocasión perfecta para intentar nuevas maneras de hacer las cosas”. Con estas palabras, Rafael Alfonzo Hernández, presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad) explica las razones que llevan a la organización a presentar su “Propuesta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Según comenta Alfonzo, la visión de esta propuesta pasa por comprender la importancia de garantizar la libertad económica en Venezuela como “único camino” no solo para resolver los problemas inmediatos, como la escasez y el desabastecimiento, sino, sobre todo, para devolver a Venezuela la posición que tuvo en el pasado como economía pujante y modelo de libertad en la región.
No en vano, el tema económico es uno de los tres pilares en los que se basa la propuesta de CEDICE Libertad, junto con el respeto al Estado de Derecho y la responsabilidad económica y fiscal por parte del Gobierno, así como la protección irrestricta a la propiedad privada.
“Nos ponemos a la orden de quien esté interesado en ayudar a que el país progrese. Nuestra propuesta es producto de 30 años de análisis y estudio, no solo teórico, sino de experiencias exitosas en otras regiones de Latinoamérica, que hemos documentado. Todo ese material investigado lo ponemos a disposición del público y, especialmente, de los encargados de tomar decisiones en materia política y económica”, insiste Alfonzo, quien recuerda la misión fundacional de Cedice Libertad.
Las medidas aquí planteadas, que son solo el primer paso, se dividen en tres grandes temas, que Cedice Libertad ha estado estudiando a lo largo de sus más de tres décadas de existencia: el Estado de Derecho, la libertad económica y la noción de un Estado limitado.
Estado de Derecho
•Garantizar la independencia y el equilibrio de los Poderes Públicos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral.
•Garantizar que la actuación de los Poderes Públicos no conculque las libertades individuales, políticas, económicas o religiosas, a través de leyes y/o decretos diseñados para favorecer a grupos de interés o individuos que pretendan ser privilegiados.
•Sanear el sistema de justicia en el país, como garante último del cumplimiento del debido proceso y la protección a los derechos y libertades de la ciudadanía. Esto implica, entre muchas otras medidas, el respeto a la carrera judicial y garantía de la estabilidad y titularidad de los jueces.
Libertad económica y crecimiento
•Reinstaurar el respeto y las garantías a la propiedad privada y resarcir los daños ocasionados por su conculcación a aquellos particulares afectados.
•Desmontar los controles de precios y todo su aparataje burocrático, que han generado la escasez en Venezuela (como ha sucedido en otras partes de mundo), reemplazándolos por la libre competencia, la reducción de barreras arancelarias y el establecimiento de condiciones que eviten los monopolios estatales o privados.
•Reinstaurar la libertad cambiaria en el país, abandonando el sistema de cambios múltiples que existe actualmente y permitiendo el libre flujo de divisas, lo que garantiza y facilita tanto la importación (de la que en una primera etapa depende buena parte de la actividad económica de Venezuela) como la producción nacional, a través de la compra de los elementos necesarios para emprenderla.
•Revertir el decreto de inamovilidad laboral y flexibilizar la legislación en la materia, ya que el mismo reduce las oportunidades de empleo y desincentiva la producción nacional.
Responsabilidad fiscal y eficacia del Estado
•Aumentar la eficiencia del Gasto Público Social, al redireccionarlo a los sectores verdaderamente desfavorecidos (clases socioeconómicas D y E).
•Reestablecer la disciplina monetaria restringiendo la emisión sin respaldo y el endeudamiento público, para lograr volver a la moneda fuerte que fue el bolívar en el pasado.
•Retomar la descentralización como bandera y restituir competencias a gobiernos regionales y locales en materia como infraestructura, vialidad y seguridad, a fin de hacer más eficaces estos servicios.
•Lograr el apoyo del sector privado e incentivar su participación en la solución de problemas públicos como la salud, la educación y la seguridad social, emulando los modelos exitosos de nuestro continente y del mundo.
