Espionando
Sólo en un mundo bizarro como el que ha creado la revolución bolivariana se castiga a las victimas y se premia a los victimarios. Al menos este fue el caso de la expulsión del Cónsul Colombiano en Maracaibo.
La Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los países establece muy claramente en su artículo 27 que las comunicaciones oficiales de las misiones son inviolables. Pero esto, no sería necesario decirlo porque todos sabemos que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en un derecho que tenemos los ciudadanos y que violarla es un delito.
Sin embargo, no hay duda que el gobierno bolivariano no tiene eso muy claro. Lo mismo pasó muy recientemente con algunos políticos, que fueron acusados de corrupción e incluso de conspirar para un magnicidio, con base a grabaciones ilegales de sus conversaciones telefónicas privadas.
El espionaje internacional no sólo es el glamoroso James Bond sorteando peligros, sino justamente la búsqueda de información privada de otros gobiernos por medio ilícitos. En este momento las diversas embajadas y consulados extranjeros en Venezuela, deben estar reforzando sus medidas de seguridad para que no les pase como al Cónsul Colombiano. Este es un mal ejemplo y representa una mala práctica.
Lo grave de esta situación es que no sólo se hicieron grabaciones de conversaciones privadas y oficiales sino que ellas fueron difundidas por un programa de televisión. Y como si esto no fuera poco, ese programa es transmitido por el canal del Estado Venezolano.
El gobierno bolivariano no realizó inmediatamente un investigación sobre esta acción delictiva, directamente prohibida por nuestra Constitución y leyes, sino que las usó para iniciar una acción judicial contra los líderes de oposición que supuestamente fueron grabados y pidió la inmediata salida del Cónsul colombiano.
Poco sirven las leyes y las convenciones internacionales si el Estado venezolano no está dispuesta a honrarlas, sea la Convención de Viena o sea la Constitución.
Colombia ha mostrado su preocupación, pero no ha exigido nada, posiblemente para evitar que el conflicto escale, pero no hay duda que en condiciones normales estas grabaciones habrían llevado a tribunales a los que la hicieron y no a los víctimas de tales actos, evidentemente ilegales.
