Venezuela: El país con la tasa de secuestros más alta de Latinoamérica
El índice de secuestros en Venezuela es el más alto de Latinoamérica, México ocupa el primer lugar en el mundo con mayor número de plagios, sin embargo al compararse con el promedio de habitantes de nuestro país, convierte a Venezuela en el país con la tasa de secuestros más alta de la región.
Hace algunos días el abogado criminalista, Fermín Mármol García, reveló que en los primeros meses del 2016 se ha registrado un incremento de 170% en casos de secuestro en relación al año pasado, siendo Caracas la ciudad con mayores reportes. Sin embargo estas cifras no son definitivas, puesto que los organismos gubernamentales no emiten públicamente ningún tipo de estadísticas al respecto.
Según el criminólogo y especialista en seguridad, Marcos Tarre Briceño, Latinoamérica es la región con más cantidad de secuestros por los reportes que se originan en México, Colombia, Venezuela y Brasil. Pero en los últimos años el caso venezolano ha cambiado y para peor.
Las zonas de mayor incidencia de este delito son: Caurimare, Santa paula, Terrazas de Club Hípico y El Cafetal, aunque se han registrado varios casos en Los Palos Grandes, La Castellana y el Oeste de Caracas.
Actualmente las bandas ven el secuestro como un delito de gran dificultad para las autoridades, ya que en la mayoría de los casos pueden lograr su cometido: obtener una alta suma de dinero a cambio de la liberación de la víctima; y es que hoy los delincuentes apuestan mucho más alto, las exigencias de pago ahora son en dólares.
El pasado miércoles 29 de junio varios antisociales sometieron a un sexagenario en La Dolorita y lo obligaron a entrar a un vehículo, en el cual huyeron con rumbo desconocido. Tras el hecho funcionarios de la Guardia Nacional recibieron la alerta e iniciaron la persecución de los hampones, quienes ejecutaron un ataque armado en contra de los uniformados, minutos después los efectivos lograron detener a los secuestradores y liberar a la víctima.
Secuestro express
Otro factor de gran importancia entre los criminales es el tiempo de negociación del secuestro, los antisociales ya no quieren esperar por largos días para mantener a una persona en cautiverio, por lo que piden que la negociación se haga máximo en 4 días de lo contrario proceden a darle muerte a la víctima.
Tarre Briceño apunta además que la tasa de mortalidad por secuestros es muy alta, pues en Venezuela el 10% de las personas que son secuestradas mueren durante el suceso, esto bien sea durante el operativo de rescate o por la «poca paciencia» de los delincuentes.
El pasado 6 de mayo, Dieter Huriel Martínez Sánchez de 28 años de edad, mecánico de vehículos pesados, fue secuestrado y posteriormente asesinado por sus captores, su cadáver fue abandonado en Caño Amarillo. Hubo dos llamadas de parte de los delincuentes a los familiares. En la primera les informaron del secuestro y pidieron dinero. En la segunda anunciaron que lo matarían porque no consiguieron la suma en efectivo para pagarles.
«El Estado se ha convertido en cómplice»
El experto asegura que «El Estado se han convertido de una manera perversa en un negociador con los secuestradores», recordó que fue en 1999 cuando se empezaron a incrementar las cifras de secuestro en el país, «esto se debió no solo al cambio político registrado desde entonces, sino a las «posiciones asumidas frente a este delito, como el hecho de facilitar el pago de rescate a los secuestradores. Eso es insólito», sentenció.
Entre 1999 y 2000, el país registraba un promedio de 60 casos anuales, todos en estados fronterizos y vinculados a grupos irregulares colombianos. Mencionó el caso del empresario Antonio Nagen, secuestrado en febrero de 1999, en el cual fue designado Ramón Rodríguez Chacín para mediar con los plagiarios.
Para Tarre esta «política errada» ha abierto las puertas a la impunidad, ya que los delincuentes tomaron este «ejemplo» de la guerrilla y vieron la oportunidad para «aprender y ver una oportunidad fácil de conseguir dinero», manifestó.
Por último, el especialista destacó que para evitar este delito el Estado debe aplicar la ley a los implicados, en los que ocasiones llegan a ser los propios funcionarios de seguridad. Asimismo considera que las autoridades deben reducir las «oportunidades» para el secuestrador y promover la cooperación internacional policial y judicial para erradicar este tipo de delito organizado.
