El cumanazo, por Javier Ignacio Mayorca
La ola de saqueos a comercios y vehículos de carga que recorrió la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, durante los días 14 y 15 de junio fue la consecuencia de una mezcla de factores nacionales y locales que conviene analizar.
En estricto sentido, la revuelta conocida como el cumanazo en realidad no se gestó en esa ciudad sino en una localidad más al oriente: Cariaco. Allí, el fin de semana anterior, una protesta callejera por la escasez de alimentos y el magro desempeño de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps) se salió de control. Un sargento de la Guardia Nacional disparó contra los manifestantes y mató al joven Luis Fuentes, de 21 años de edad.
Se debe recordar que los militares de este componente han estado sometidos a una intensa prédica para que vean a toda manifestación de origen social como atentatoria contra el régimen político. Ese fue el sentido de los ejercicios conjuntos Independencia 2016 desarrollados en todo el país apenas 10 días antes. Lo que nadie le dijo al sargento Carlos Moreno es que al accionar el gatillo la responsabilidad no la asumiría el régimen que él creía defender, sino que recaería sobre sus hombros.
La muerte de Fuentes añadió combustible al descontento popular.
Apenas un día después del sepelio de este joven, las turbas en Cumaná arremetieron contra más de 65 locales comerciales y numerosos vehículos que iban al puerto de ferrys, para llevar cargas alimenticias a Margarita.
En la capital de Sucre y en la vía que une a esta ciudad con Barcelona se habían producido desde marzo saqueos de camiones, con tal sistematización que ameritó una pesquisa de la Guardia Nacional. Los militares concluyeron que una banda supuestamente promovía bloqueos en las vías durante las horas nocturnas y las madrugadas, simulando manifestaciones populares. Cuando los camiones detenían la marcha eran vaciados. Pero una parte de la carga era repartida entre los lugareños, a lo Robin Hood. De manera que según la GN esto inspiraba cierta fidelidad de los pobladores hacia los delincuentes, quienes además formarían parte de esas mismas comunidades.
No es de extrañar, por lo tanto, que según el coordinador nacional de los Claps, el ex diputado Freddy Bernal, el cumanazo fuese obra y gracia de una sola persona, José Luis Marcano Ramírez, alias Barón, de 49 años de edad. Lo apresó el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN el 17 de junio. Marcano fue director de prevención del delito durante la gestión de Enrique Maestre en la gobernación de ese estado.
Bernal, por cierto, nada dijo sobre los agentes policiales y los militares que fueron grabados por aficionados cuando sacaban mercancías de los comercios, en medio de la confusión reinante. Un aspecto que de hecho habría servido como estímulo a otros pobladores, que hasta ese momento se mantuvieron al margen de los saqueos.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, no cree mucho en las teorías conspirativas del Ejecutivo, encarnado en el ex alcalde de Caracas. ¿Si el cumanazo hubiese sido el producto de las coordinaciones de un individuo, qué necesidad había de aprehender a 454 personas, 12 de las cuales eran menores de edad? En una reciente declaración, la titular del Ministerio Público indicó que de todo ese grupo solo quedaron privados de libertad 35, entre ellos los supuestos responsables por las muertes en Cariaco y otra en Cumaná, a manos de funcionarios policiales.
Muchas personas se preguntaban por qué la revuelta en Cumaná no se extendió a otras partes del país. Una de las razones es que la información sobre tales hechos no llegaban con claridad o llegaba distorsionada a la población, solamente a través de las redes sociales. Los medios audiovisuales operaron en medio de la más cruda autocensura, y omitieron el deber de reportar sobre una revuelta que solamente fue superada por las escenificadas en Caracas durante 1989, si tomamos en cuenta la duración y la afectación a los comercios.
Pero esto no fue todo. La Fuerza Armada tuvo una clara actitud en el sentido de dejar las tareas de contención exclusivamente a la Guardia Nacional. Este cuerpo tardó en responder, pues los refuerzos no llegaron a tiempo desde el estado Anzoátegui, donde también manejaban un escenario de saqueos. Pero a la postre pudieron trasladarse y lograron contener la acción popular.
La decisión de mantener a las tropas de los demás componentes en los cuarteles arrojó una “víctima”, el comandante de la zona operativa de defensa integral, contralmirante Leonardo Ríos, quien fue relevado de su cargo el 20 de junio en un acto discreto. Su determinación probablemente evitó otra masacre.
Desde entonces, el tutelaje militar se hizo patente en el estado Sucre. No sólo fue intervenida la policía regional (sobre la que ya recaían numerosas denuncias de corrupción), sino que también fue designado un general de división como “protector” de la región. Una figura de dudoso basamento legal, que de hecho parece encaminada a suplantar a la autoridad civil.
Estas medidas, y la masiva importación de alimentos desde Trinidad y Tobago anunciada esta semana, sólo mitigarán pero de ninguna manera resolverán las carencias crónicas de un estado que, según las mediciones de Cedice, tiene el mayor índice de pobreza de todo el país.
