Democracia participativa regional
El sistema regional agoniza ante una grave crisis conceptual que confunde a una dirgencia política mediocre en todos los casos, aventurera en algunos. La situación en Honduras, un golpe de Estados para algunos, una sucesión constitucional para otros, muestra la necesidad de la revitalización del sistema, para lo cual el inicio de un proceso de revisión de la Carta Democrática Interamericana (CDI), anunciado con fines aún inciertos, por el Secretario General de la OEA, ofrece una oportunidad única.
Sabemos que las normas, los principios y los conceptos jurídicos se elaboran o surgen en función de las realidades políticas y sociales del medio al cual se aplican; también, que otras veces, los mismos se formulan o surgen para facilitar las transformaciones que se prevén, lo que va más allá del proceso de codificación simple, ubicándose en el espacio del desarrollo progresivo del derecho. Las normas y principios relativos a la soberanía, la no intervención y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la amenaza o el uso de la fuerza y sus consecuencias; y, los conceptos de democracia, reconocimiento de gobiernos, alteración del orden constitucional, entre otros, deben ser revisitados con seriedad y objetividad al momento de revisarse la Carta.
La verdadera democratización de la región sólo es posible en base al principio de la democracia participativa, concepto invocado una vez por los chavistas para destruir el sistema político nacional y en su fallido empeño de exportar el desastroso proyecto comunista, dirigido desde La Habana. Los pueblos, al igual que en las sociedades internas, deben participar en los procesos de adopción de decisiones regionales, más aún cuando se trata de libertad y derechos fundamentales. Su participación no sólo se impone en lo que respecta a la revisión de los instrumentos fundamentales, la CDI, principalmente, sino al otorgársele un justo poder de invocación en un nuevo texto, cuando se considere que ha habido una ruptura del orden constitucional en algún país de la región.
La opinión de la sociedad civil en cuanto a su contenido, alcance aplicación es fundamental. Un texto revisado debe otorgar a los pueblos la facultad de invocarlo cuando se considere que se ha interrumpido el orden constitucional, incluso, lo que resulta hoy frecuente, cuando un Gobierno por sus ilegítimas e ilegales actuaciones, abandona el espacio democrático.
Desde luego, una cuestión preliminar que se impone es el reexamen del concepto democracia, un derecho de los pueblos y una obligación a cargo de los gobiernos, a la luz de las nuevas realidades. La democracia contiene hoy, en las definiciones que de ella se hacen en la doctrina hemisférica, irrenunciables principios y valores sin cuya observancia la democracia sería una ficción: voto popular, alternabilidad, autonomía de los poderes públicos, pluralismo cultural y respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La diversidad ideológica forma necesariamente parte del concepto. El origen, sin embargo, no es la única característica a considerar para calificar a un Gobierno de democrático. Además de ser elegido conforme a las normas internas y las reglas mínimas aceptadas internacionalmente, los Gobiernos deben actuar conforme a las normas internas, dentro del marco jurídico establecido.
La no intervención, la no injerencia en los asuntos internos de los otros Estados, principios recogidos en las Cartas de la ONU y de la OEA, deben también ser reconsiderados, para establecer sus limitaciones y la compatibilidad necesaria con la soberanía del Estado. La acción de la OEA cuando se constata que un Gobierno ha abandonado el marco institucional, no puede ser considerada una intromisión en los asuntos internos de un Estado. Si la OEA hubiese actuado, en el caso de Honduras, cuando Zelaya violentó el orden jurídico interno y abandonó el espacio democrático para imponer una reforma ilegítima, como dieron fe los otros poderes e instituciones del Estado, la situación sería distinta.
En todo caso, la nueva Carta no podría redactarse para favorecer los abusos de los Gobiernos en perjuicio de los pueblos en lo que parecieran estar interesados alguna diregencia, acompañada de los Insulzas de la región, empeñados en la imposición, por todos los medios, de un sistema que reduce o mas bien liquida, las libertades fundamentales. Fortalecer la posición de los Gobiernos en detrimento de los intereses de los pueblos sería una aberración que sólo alentaría la estructuración de conceptos perversos, como nuevas formas de gobierno.
