Pa priistas gobernando, mejor el PRI
Mientras no contemos con análisis de las encuestas de salida del domingo, todo será especula- ción sobre los motivos que llevaron a tantos votantes a dejar al PAN y al PRD, y entregarse al PRI, al Verde o al voto nulo. Mi especulación es que entre muchos factores que pueden explicar la deserción de panistas existe una más interesante que otra. La podríamos resumir así: pa’ priistas en el gobierno, pues mejor el PRI.
Podría dar varios ejemplos de lo que muchos hemos llamado la restauración priista -reverencia por los ritos, grupo de amigos al mando, política exterior tradicional- pero quisiera insistir en uno: el creciente abandono del respeto por los derechos humanos. Me centraré en un aspecto que me resulta especialmente indignante, ya que me incumbe, aunque indirectamente. En la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos («La Comisión») contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos («La Corte»), las dos Convenciones invocadas y cuya violación es denunciada por La Comisión -la Americana de Derechos Humanos (1981) y la Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2002)- fueron suscritas por dos cancilleres mexicanos con el mismo apellido.
El caso Radilla, cuya audiencia tuvo lugar en Costa Rica anteayer, consiste en una desaparición forzada cerca de Atoyac, en 1974. La familia de la víctima y distintas ONG mexicanas han estado peleando el caso desde hace mucho, pero por fin en junio del 2008 lograron que La Comisión demandara al Estado mexicano ante La Corte por violar ambas Convenciones.
Se trata de una demanda que más allá de tecnicismos leguleyos sobre no retroactividad y competencia; es bastante sencilla. Las Fuerzas Armadas mexicanas bajo Echeverría -durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas y otros movimientos- secuestraron, «desaparecieron» y privaron de la vida a Rosendo Radilla. Ya suscritos los mencionados instrumentos internacionales y tratándose de una desaparición forzada, que es un crimen continuado hasta que se encuentren los restos de la víctima o reaparezca con vida, sí entraña responsabilidad vigente del Estado acusado. Pues bien, el gobierno de Calderón -como en el caso Castañeda, pero con mucho mayor empeño- decidió enviar al mismísimo secretario de Gobernación, a dos subsecretarios de Relaciones y de Gobernación, y al Consejero jurídico de la Presidencia, echando toda la carne al asador para que La Corte se declare incompetente, no entre al fondo y no condene al Estado mexicano por una violación de los derechos humanos cometida por Luis Echeverría hace 35 años. Así, decidió recurrir a triquiñuelas, medias verdades y argucias para impedir que La Corte juzgue al Estado mexicano de 1974, que es y no es el mismo que el de 2009.
Calderón hubiera podido allanarse a la demanda -lo que no fue en su año no fue en su daño-, aceptar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y sus consecuencias: reparación integral del daño a los familiares de la víctima y a la sociedad. Esto ya lo han hecho países como Bolivia, Colombia, Argentina y Guatemala.
Pero México tiene algunos problemas: el PRI, la oposición del Ejército -al que Calderón debe tanto- a reconocer cualquier culpa por la guerra sucia, y el fuero militar. Sobre el fuero -tema de actualidad- ayer Human Rights Watch entregó a Fernando Gómez Mont una carta pidiéndole que informe sobre los avances en la materia y que cacareó ante la ONU hace unos meses: «¿Por qué delito se condenó a qué militares? ¿Cuáles son los hechos y cuándo se produjeron los delitos? ¿Cuál es el rango de los condenados? ¿Fueron absueltas otras personas con los condenados? ¿Cuáles fueron las penas de prisión aplicadas? ¿Han cumplido sus penas?». A ver si Gómez Mont dedica tanto tiempo a responder sobre el presente, como el que dedicó a defender un pasado indefendible, y contra el que luchó con inteligencia y valor.
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