Ingreso básico universal
No alcanza el tiempo para escribir sobre lo que importa: los resultados electorales. Por tanto me abstendré de especular (por una vez) y comentaré otra elección, que ocurrió ayer en Suiza, y que a la larga puede resultar más importante que la de CdMx, en todo caso.
Los votantes helvéticos rechazaron la iniciativa que pretendía proporcionarle un “ingreso básico universal” de 2 mil 500 dólares a cada ciudadano. La revista The Economist le dedica varias páginas al tema esta semana; Moisés Naím en El País lo critica, pero lo acepta. Paul Krugman y Robert Reich se han mostrado interesados.
¿Por qué tanto revuelo? En los países ricos, por la pérdida de empleos y la caída del salario por la globalización y a la robotización de la producción manufacturera. Al entregarle un estipendio a cada ciudadano, se construye un piso de ingreso para todos, se ahorra el costo de evaluar si lo necesita, y se sustituyen otros gasto sociales (no la seguridad social ni las pensiones).
En Estados Unidos, desde 1975, se estableció el “Earned Income Tax Credit” o crédito fiscal sobre el ingreso recibido, una versión legislativa del “impuesto sobre la renta negativo” de Milton Friedman. En Francia, en 1999, el gobierno socialista fundó el “Revenu Minimum d’Insertion”, una versión más generosa. La idea es siempre la misma: un ingreso sin nada a cambio, no condicionado, y universal. La objeción también es la misma: el costo.
Más allá de la discusión de países ricos, en México podría resultar interesante la propuesta, que ya ha sido comentada por varios, entre otros Gerardo Esquivel. Algo por el estilo en México revestiría muchas ventajas. Menciono tres.
He recorrido buena parte de las nuevas zonas industriales del país en estos meses —el norte, siempre, pero también Aguascalientes, San Luis, Querétaro, Guanajuato— y he comprobado lo que cualquiera puede ver. Hay empleo, incluso demanda desbordada de mano de obra, pero los salarios siguen siendo miserables. Con la posible excepción de Saltillo, no rebasan los famosos 6 mil pesos al mes, y en muchos caso no pasan de 4 mil 500. El IBU o ICU, o el impuesto negativo, ayudarían mucho, probablemente más que el aumento del salario mínimo.
Segundo, se volvería un poderoso instrumento de igualación de ingresos para el gigantesco sector informal de la economía. Para recibir el ICU, sería indispensable registrarse ante el fisco, que si bien no grabaría este ingreso, podría grabar otros. No hay otra manera evidente de entregar un apoyo mínimo a quienes no pertenecen al sector bismarckiano del empleo y la protección social.
Por último, y aunque no lo he conversado con él, este esquema podría caber en la vieja tesis de Santiago Levy de un sistema de protección social universal, financiado por el fondo fiscal central, no por contribuciones vinculadas al empleo. No sé que piense Santiago al respecto (a diferencia de los funcionarios de este gobierno, sí piensa), pero me parece que podría ser útil la convergencia de estos sectores disímbolos para atacar con ideas nuevas las taras viejas de la sociedad mexicana: la pobreza, la desigualdad y la informalidad.
