Las democracias latinoamericanas y la crisis ecuatoriana
¿Es auténtica e indiscutible la voluntad democrática de los países miembros de la UNASUR, o imperan también en ellos los dos raseros con que la izquierda de la región suele medir y evaluar los autoritarismos dictatoriales? ¿Buenos si son de izquierda, malos sin son de derecha? La respuesta la tendremos en estos tres meses de interregno, en que el régimen chavista agotará los medios para torcer la voluntad popular expresada en la mayoría acordada a la oposición democrática este pasado 26 de septiembre.
Poco sentido tiene la discusión para determinar si la rebelión de la policía ecuatoriana exigiendo la derogación de una ley que le sustraía beneficios anteriormente acordados por el mismo congreso constituye un golpe de Estado. Jamás se conocieron, junto a sus exigencias laborales, otras exigencias de índole política y la retención arbitraria del presidente Rafael Correa ni siquiera fue acompañada por algún petitorio exigiendo su renuncia. Todo indica, pues, que la crisis desatada por el acto de rebeldía de los cuerpos policiales no tuvo, en rigor, perfiles políticos otros que desenmascarar el estado de crisis latente en que se desenvuelve la vida política ecuatoriana. Corresponde, en ese sentido, a una tradición de las instituciones uniformadas latinoamericanas, aparentemente aplacada, de hacer valer el uso de las armas para presionar por mejoras salariales. Como ha sucedido en el pasado prácticamente en todas las naciones del continente.
Si la rebelión pretendía alcances mayores, la inmediata reacción de los presidentes de Perú y Colombia las sepultó sin mayores trámites. A los que se sumaron de inmediato los miembros de la UNASUR. No trepidó el presidente de Chile Sebastián Piñera en hacerse presente en Buenos Aires sumándose a las iniciativas de sus pares Alan García y Juan Manuel Santos, aún y a pesar de las diferencias provocadas por el rechazo del gobierno de Cristina Kirchner a permitir la extradición solicitada por el gobierno y la justicia chilenos a uno de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez responsable político por el asesinato del líder de la UDI Jaime Guzmán, acaecida en Santiago en 1991. Las razones del rechazo: la inmensa influencia que ejerce la Sra. Hebe de Bonafini, líder de las llamadas madres de la Plaza de Mayo, sobre las organizaciones de DDHH que respaldan al gobierno del matrimonio Kirchner.
La resolución de la crisis ecuatoriana y la actuación de las democracias que integran la UNASUR deja de manifiesto, pues, una diferencia política e ideológica de importante significación: de una parte, el consenso en torno al rechazo a las actitudes y pretensiones golpistas como formas de resolución de las crisis. De la otra, dos talantes contradictorios, si no excluyentes, en las ideologías y predicamentos políticos de las democracias latinoamericanas: el de países como Chile, Perú y Colombia, que además de rechazar de plano cualquier interrupción violenta del hilo constitucional de sus vecinos, apuestan sin lugar a dudas por la estricta observancia de las reglas del juego democrático, repudian el terrorismo y rechazan cualquier presión, de cualquier índole, que signifique avalar, complacer y hacerse cómplices de la acción de grupos violentistas que pretendan la alteración del destino democrático en América Latina.
En el grupo contrario se insertan, sin ninguna duda, los tres países que se reconocen deudores del chavismo bolivariano – Venezuela, Ecuador y Bolivia – así como sus estrechos aliados políticos como Brasil y Argentina. ¿Cabe imaginar reciprocidad de dichos países frente a eventuales crisis provocadas, en este caso, por sus propios gobiernos para burlar la voluntad popular y avanzar hacia el establecimiento de regímenes totalitarios? Extremando la interrogante, ¿cabe una acción tan expedita y eficaz de parte de UNASUR como la puesta en acción ante la rebelión de la policía ecuatoriana ante la posibilidad cierta e inmediata de golpes de Estado de índole constitucional, como el que podría poner en práctica el presidente Hugo Chávez a través de su moribunda Asamblea Legislativa en estos últimos meses de este año 2010?
¿Es auténtica e indiscutible la voluntad democrática de los países miembros de la UNASUR, o imperan también en ellos los dos raseros con que la izquierda de la región suele medir y evaluar los autoritarismos dictatoriales? ¿Buenos si son de izquierda, malos sin son de derecha? La respuesta la tendremos en estos tres meses de interregno, en que el régimen chavista agotará los medios para torcer la voluntad popular expresada en la mayoría acordada a la oposición democrática este pasado 26 de septiembre.
