Parlamento, política exterior y Esequibo [1]
Ciertamente, el Presidente de la República dirige la política exterior, pero no menos cierto es que, como política pública, está sujeta al control parlamentario de acuerdo con el ordinal 3° del artículo 187 de la Constitución vigente, entre otros controles directos e indirectos, derivados o no. Por consiguiente, los diputados individualmente considerados, integrantes de las respectivas comisiones de trabajo y de las fracciones de adscripción, son constitucionalmente competentes para agregar y procesar las exigencias, solicitudes o demandas que la ciudadanía tenga a bien formular, legitimando su concurso en una materia que se cree de una exclusiva y excluyente incumbencia presidencial.
Desde la perspectiva sistémica, en un texto ya clásico, Josko de Guerón asentó que «para comenzar a comprender la actuación del Congreso no basta conocer sus atribuciones constitucionales: es preciso examinar los insumos que éste recibe y, en especial, las demandas o incitaciones para que el Poder Legislativo actúe o deje de actuar, de determinada manera frente a problemas de las relaciones internacionales» [2]. Así, cobra mucha importancia que el órgano del Poder Público reciba, trate y responda a las peticiones, inquietudes e iniciativas que surjan de la sociedad civil organizada, siendo el caso específico el de los académicos, activistas, gremios de una múltiple naturaleza y sectores de la opinión pública sensibilizados por la histórica reclamación del Esequibo, subrayando adicionalmente dos notas sustanciales.
Por una parte, significa superar el paradójico subterfugio de la «diplomacia de los pueblos» que, al soslayar la participación efectiva de la ciudadanía, considera inexpugnable a todo evento la jefatura de la política exterior. Además, Nicolás Maduro carece del «carisma y capacidad de improvisación creativa del líder que ya no está» y, respecto a iniciativas como Petrocaribe, siendo Guyana uno de los beneficiarios del programa de solidaridad energética, al agotamiento de los recursos se suma – inferimos – una lamentable incompetencia para aplicar el «esquema de subimperialismo» [3].
Por otra, apuntamos a lo que Easton refirió como el desempeño funcional de los partidos, grupos de interés y líderes de opinión para la composición y recomposición de las demandas, cuya síntesis y homogeneidad sean capaces de convertirlas en un «programa viable y simplificado de acción» y, procure, simultáneamente, ampliar las bases de sustentación, a objeto de competir con otras, en el marco de los más agudos e inmediatos problemas. Y es que, un sistema debidamente retroalimentado, orientado a su auto-transformación creadora, también habilita a sus actores para «regular, controlar, dirigir, modificar e innovar» los elementos y procesos correspondientes, suscitando el necesario equilibrio constitucional que supone una tácita premisa ética: la del compromiso o avenencia, concesiones recíprocas, frenos mutuos, propios de la democracia [4].
Comprendemos y asumimos que hay muy marcadas prioridades de orden interno que ocupan a los asambleístas, pero no debemos obviar que la política exterior y, concretamente, el citado diferendo territorial siguen su curso, preocupando a la academia y a sobrias entidades que promueven y defienden el Esequibo, como nos hemos percatado al asistir por estos meses a varios coloquios de un responsable y alto nivel, y constatado en las redes sociales con el seguimiento y la denuncia de las actuaciones de la cancillería guyanesa, el fondeo de embarcaciones de exploración petrolera en la Fachada Atlántica o el ecocidio de un territorio bajo concesiones que escapan del Acuerdo de Ginebra. Por lo pronto, camino a la especialización institucional del tema, programaremos una serie de foros en la sede parlamentaria que nos imponga de las exigencias ciudadanas, actualizándolas.
[1] Excepto el último párrafo, el texto forma parte del trabajo inédito aportado a una compilación que publicará a finales de año la Universidad Metropolitana sobre el Esequibo, junto a los suscritos por los Dres. Luis Alberto Buttó, José Alberto Olivar, Manuel Donís, Claudio Briceño Monzón y Germán Guía. Compilación que tiene por origen el Foro “Litigios fronterizos: viejos conflictos, nuevas dimensiones”, promovido por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar (Sartenejas, 22/10/2015).[2] Eva Josko de Guerón, (1978) «El Congreso y la política exterior en Venezuela», en: Politeia, N° 7, 1978, Caracas; Cfr. María J. Roca, (1999) «El control parlamentario y constitucional del poder exterior», en: Revista Española de Derecho Constitucional, N° 56, Madrid
[3] Félix G. Arellano P., (2013) «Política exterior bolivariana: un legado de contradicciones», en: Simón Bolívar Analytic, N° 28, Sartenejas
[4] David Easton, «Esquema para el análisis político», Amorrurtu, Buenos Aires: 1965, p. 169; Vid. David Easton, «Política moderna. Un estudio sobre la situación de la ciencia política», Letras, México, 1968, pp. 292-305 ss.; Cfr. David Easton, «Categorías para el análisis sistémico de la política», en: Enfoques sobre teoría política, Amorrurtu, Buenos Aires: 1973, pp. 216-231.
@LuisBarraganJ
