La situación actual: la carreta, los bueyes y el camino
Declaración por un socialismo más participativo y democrático. A propósito del despido de más de un millón de trabajadores cubanos y las medidas de reconversión laboral anunciadas
“Una hormiga negra, en una noche negra, va por un camino negro, nadie la ve…”
El problema y la solución que se proyecta
Ante la crisis del modelo económico estatal, la dirección del gobierno/partido/estado cubano ha acelerado lo que denomina su “actualización”: estrategia que parece combinar, como elementos fundamentales, aligerar cargas financieras al estado, con la eliminación paulatina de prestaciones sociales y reducir el costo de producción disminuyendo el gasto en salarios, uno de cuyos ejes sería la “racionalización”, debería decirse despido, de más de un millón de trabajadores, 500 mil en los próximos seis meses.
Para buscar empleo a los parados, se prevé estimular otras formas de producción fuera del estado: la actividad cuentapropista, el cooperativismo más allá de la agricultura –no oficializado aún- y los negocios privados que contraten asalariados y, para aumentar los ingresos estatales, se establece una nueva política fiscal impositiva, así como incrementar las entradas provenientes del turismo internacional y las inversiones extranjeras en varios rubros.
Celebramos que se esté actuando para salir del estancamiento y, al menos, se manejen temas básicos que pueden provocar un cambio radical del modelo hacia más socialismo, como la extensión del cooperativismo al resto de las ramas de la economía; pero contrariamente al discurso oficial, el contenido, la forma y el orden de lo que se viene haciendo, presentan señales de improvisación, falta de previsión, ausencia de transparencia, de menosprecio a las teorías revolucionarias, apresuramiento e imposición.
Se dictan pasos sin que la sociedad haya asumido un consenso y sin que medie algún mecanismo democrático: ni Congreso del Partido, ni Conferencia, ni Congreso de la Nación, ni diálogo con la población, ni debate abierto y horizontal en la prensa nacional, solo la consulta del 2007 cuyos resultados no se conocen aún y la tángana por la libre que hemos armado muchos revolucionarios y comunistas cubanos en intranet, la red internacional de izquierda y en algunos limitados espacios de debate, corriendo innumerables riesgos y sufriendo incomprensiones y represiones más/menos veladas ya conocidas. A más del terremoto de incertidumbre y malestar que transcurre a soto vocce por todo el país, a propósito del asunto.
Así lo evidencian el cierre de muchos comedores obreros sin crear todas las condiciones previas necesarias para que los trabajadores pudieran resolver sus alimentos y la aprobación, solo hace unos meses, de una ley que extendió por 5 años el tiempo de jubilación a pesar de las muchas opiniones en contra, de parte de la población y de la propia burocracia y que ahora resulta un contrasentido, dado el anuncio de que “sobran” más de un millón de trabajadores.
Se ofertaría a los despedidos optar por el cuentapropismo, emplearse en el capitalismo privado y probablemente el cooperativismo; pero no hay leyes que, ante los vaivenes estatales, garanticen estas actividades, sus propiedades, inversiones, ni operaciones comerciales y solo se informa de unas decisiones tomadas y aclaraciones en Granma sin transparentes disposiciones legales, con abultados impuestos y regulaciones excesivas, desestimulantes y sin precisar fuentes de recursos y financiamiento para los nuevos interesados. Urge una nueva ley de cooperativas; pero solo anda rodando un documento oficioso (no desmentido) sobre el proceso de reducción de plantilla en Ciudad de La Habana, de fecha 24.08.10, que contiene una lista de 74 ideas de actividades cooperativas.
Hay recelo porque la gente no olvida las arbitrariedades y descalificaciones de instituciones estatales contra los cuentapropistas y las UBPC, por considerarlas formas alternativas de emergencia al sistema y no como propias, genéricas de la etapa socialista. En el espíritu y la letra de las medidas aprobadas, se confunde a los cuentapropistas con pequeños y medianos capitalistas que explotan trabajo asalariado. Se sigue sin entender que lo que da -esencialmente- carácter clasista a una propiedad no es su forma legal aparente, sino la manera en que explota el trabajo: propiedad esclavista es la que explota trabajo esclavo; capitalista, la que explota trabajo asalariado y socialista donde el trabajo es libremente asociado, cooperativo de tipo autogestionario, camino a la desaparición de todo tipo de explotación humana.
Todo se sigue viendo desde una óptica del interés y el control casi absolutos del estado y cuando aún, excesivas regulaciones burocráticas y monopólicas frenan toda actividad de producción, servicios e intercambio en el seno de la población, como la realización de los productos del agro y la pesca y especialmente la compra/venta de medios de vida, viviendas y vehículos, factores que dinamizarían la economía y posibilitarían la entrada de recursos financieros a muchas familias para iniciar una nueva vida económica fuera del sistema estatal.
Para crear nuevas fuentes de empleo, se ha admitido la explotación del trabajo asalariado por los privados, es decir el desarrollo abierto del capitalismo privado, sin cortapisas, en contradicción con el artículo 21 de la Constitución y se esconde bajo el eufemismo de cuentapropistas que pueden contratar personal, descalificando al concepto cuentapropismo.
Con vistas a aumentar los ingresos en divisa a la economía del estado, no han bastado su control casi absoluto sobre la propiedad y los excedentes, el monopolio del comercio exterior e interior, la centralización de las finanzas, el cobro excesivo a los trámites migratorios, los altos precios de monopolio para productos de primera necesidad, la retención de las cuentas bancarias de los inversionistas extranjeros y otras. Ahora se anuncian planes y grandes erogaciones en función de estimular el turismo millonario, las inversiones foráneas directas y hasta se extiende el tiempo de usufructo de la tierra a los extranjeros por 99 años, mientras que las nuevas entregas de tierra cultivables, a los nacionales, se hacen solo por 10 años renovables, con todas las implicaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas que tales medidas pudieran tener para el futuro y para nuestra propia seguridad nacional.
Es verdad: el estado tiene las finanzas en crisis, necesita fondos y su aparato burocrático y el de sus empresas están preñados de improductividad y excesos de personal con prebendas, que no producen nada y constituyen una enorme carga para los trabajadores productivos. Pero buscar mejorar las finanzas de esas maneras, en lugar de intentarlo con el estímulo a la producción, el mercado interno y en la valoración de la fuerza de trabajo cubana; y además proyectar el despido masivo de trabajadores, aunque sean burócratas, sin crear espacios, leyes, ni condiciones para que pasen previamente a otras actividades productivas y remunerativas, podría llevar a un caos innecesario, al colapso social, al exodo masivo incontroloble y complicar la situación social y política del país a niveles insospechados.
No parece que las cosas se estén haciendo bien para los intereses del pueblo y los trabajadores, que son los que deben contar. En aritmética elemental el orden de los factores no altera el producto. En asuntos económicos, políticos y sociales, sí. Están poniendo la carreta delante de los bueyes.
Posibles consecuencias de la “actualización” del modelo
Si en definitiva no se abre el cooperativismo amplio y al menos una parte de las empresas estatales no pasan a un régimen de autogestión y cogestión estado/trabajadores, y como elementos nuevos quedan solamente la apertura al capitalismo privado y a más inversiones directas extranjeras, los “cambios” serían para más capitalismo; y no para más socialismo.
En ausencia de una coherente política laboral socialista, que priorice el avance de las nuevas relaciones de producción libremente asociadas, -cooperativas, auto y cogestionarias y el trabajo por cuenta propia-, más parece estarse aplicando un tipo de terapia de shock neoliberal, por quienes comprendieron que no funciona el modelo estatalista asalariado y paternalista, apoyado en subsidios externos; pero no han logrado entender ni encontrar el camino adecuado de la socialización y democratización de la economía y la política.
Todas las contradicciones del modelo podrían agudizarse: las políticas, entre la burocracia y los trabajadores, las diferencias sociales, el desempleo, la pobreza, la inestabilidad laboral, los problemas raciales, migratorios, los de la salud y la educación, la delincuencia y la corrupción entre otros. Las consecuencias podrían ser traumáticas para el pueblo cubano, para la sociedad que se ha intentado construir y para el futuro del socialismo latinoamericano y mundial. No queremos el derrumbe, que solo puede servir a los intereses de las extremas: la que busca la anexión y la que preferiría la desaparición al cambio socialista necesario.
Cuba no tiene un seguro para el desempleo, cupones para alimentos, ni otros mecanismos de los que disponen varios estados para paliar la situación de los parados, y, que se sepa, tampoco se proyecta algo así, ni existen condiciones para ello, pues precisamente el gobierno viene eliminando todos los “subsidios y gratuidades”, incluida la libreta de racionamiento por la que se ofertan todavía unos pocos productos a bajos precios y según los lemas oficiales, se pretende que la gente “sienta la necesidad de trabajar”.
Todos sabemos que desde hace decenas de años es el estado el que ha inflado las plantillas y que la burocracia es enorme. No es posible de un plumazo revertir la situación; en unos pocos meses, mucho menos cuando no se han creado las condiciones con nuevas inversiones y nuevos empleos que remedien el mal. En 50 años de revolución, la seguridad social ha sido un valor supremo. No se puede retroceder a situaciones en que peligren el sustento y la salud de familias enteras devenidas desempleadas y sin protección elemental. Además del descontento lógico que eso crea cuando no hay las garantías para una proyección laboral mínimamente decorosa. El proceso de reorganización del cuentapropismo, del cooperativismo y el de otras formas productivas, debe tener un período de maduración, al cual no le será fácil ajustarse a muchas personas, pero mientras tanto tienen que comer y vivir.
Por tanto, el millón y pico de “racionalizados”, con lo que ahora se ofrece y cómo se ofrece, deberá escoger entre estas 7 variantes. Puede haber otras:
1-el nuevo empleo que ofrece el estado y que muchos rechazarán, 2- iniciar una nueva vida como cuentapropista o cooperativista, aventura muy arriesgada para los acostumbrados a un salario fijo en ausencia de una clara política de microcréditos y otras facilidades concretas para la protección legal y el éxito de tales empresas, 3-buscar las maneras de emigrar, 4-delinquir o realizar “actividades económicas ilícitas”, según las excesivas regulaciones del estado cubano, sobre el denominado “sector informal” (vendedores ambulantes, prestadores de servicios en las comunidades que no tienen un negocio con lugar fijo ni ingresos regulares: economía de subsistencia), 5-vivir de las remesas familiares externas, 6-pasar hambre y necesidades o 7-salir a la calle a protestar, como hacen en el mundo todos los despedidos. Nada muy distinto a lo intentado, y luego sofocado en los primeros años del Período Especial.
Todas esas opciones demandarían un aumento del personal y de los recursos de la burocracia para “reubicar” a los “no idóneos”; “controlar e inspeccionar” a los cuentapropistas y cooperativistas, “atender” el eventual aumento del proceso migratorio, combatir la delincuencia, luchar contra la “economía ilícita”, “recaudar” las divisas que vengan de las remesas, enfrentar las enfermedades procedentes de la mala alimentación y reprimir a los eventuales manifestantes, recreándose así el ciclo vicioso de los gastos estatales y del excesivo número de funcionarios improductivos, propio del sistema burocrático.
Se tratan superficialmente, en un segundo plano, como “alternativas ante la situación” aspectos fundamentales del cambio como el cuentapropismo y el cooperativismo y se prioriza un elemento de la “solución” –los despidos- que no resuelve los problemas, crea otros, podría complicarlo todo, quien sabe hasta dónde y llevaría a la organización del trabajo del estado cubano, a funcionar bajo las normas más brutales del capitalismo privado, al pretender sus mismos mecanismos para hacer trabajar a la gente: la necesidad, el hambre, la miseria y el ejército de desempleados presionando sobre el precio de la fuerza de trabajo.
Parece absurdo y contraproducente, pretender contrarrestar las crisis de sub/producción que genera el “socialismo de estado”, con las mismas medidas restrictivas del capitalismo para enfrentar lo contrario: la crisis de superproducción. Sería el resultado de priorizar, perfeccionar y ampliar el trabajo asalariado que genera ganancias para el estado, en lugar de cambiar las relaciones de producción que es lo que demanda la crisis para echar a andar la economía.
Se dijo que nadie quedaría desamparado, pero las “decisiones” tomadas auguran otra cosa. Con trabajo político no se pueden eliminar las consecuencias objetivas y las ansiedades que ya está creando el paquete de medidas. El descontento de los “racionalizados” que aumentará con el tiempo, sería alimento para las corrientes partidarias de la restauración del capitalismo privado, existentes fuera y dentro de la burocracia y sobre todo, más desdeño de la idea socialista, en nombre de la cual se pretende actuar. Algunos compañeros temen incluso una eventual explosión social.
Esperamos que la cordura impere y no se olvide a la constitución socialista que expresa en su artículo primero: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.
El gobierno viene experimentando, muy modestamente, con algunas nuevas formas de producción pero con excesivo tutelaje, controles y cautelas que frenan su desarrollo y sin el impulso que les daría el claro reconocimiento del fracaso del modelo estatalista asalariado paternalista y un amplio movimiento de apoyo desde las bases. Todo se hace desde el estado/centrismo, las decisiones de “arriba”, los métodos de ordeno y mando y el miedo a entregar las riendas de la economía a los trabajadores mismos.
Está demostrado en todas partes: mientras mayores son los controles de los aparatos burocráticos y mayores los impuestos, mayores son las trabas a los desarrollos económicos y poblacionales y mayores, también, el descontento y las protestas populares.
La cura socialista
Para que el cambio de “modelo” implique avances hacia una sociedad más justa, equitativa, libre y democrática, martiana, con todos y para el bien de todos, el proceso debería ser, en todo caso, a la inversa de cómo se está proyectando y con previsiones que garanticen de antemano el éxito de las “alternativas” al trabajo para el estado. Esto, aún bajo la urgencia de la situación actual.
Desde la visión de un socialismo más participativo y democrático, la “cura” tendría que ser otra: crear primero condiciones propicias para que las nuevas formas de producción libremente asociadas, socialistas, puedan imponerse en competencia libre y pacífica, a las ya existentes formas capitalistas privadas y estatales.
Aunque se requieran medidas urgentes de diversificación de la economía y las formas de propiedad, el camino sería avanzar gradualmente del predominante estatalismo asalariado actual a la multiplicidad de formas de producción, privilegiando las libremente asociadas de tipo cooperativo, auto y cogestionarias y cuentapropista, pero libres de toda tutela burocrática y bajo regulaciones mínimas facilitadoras, no restrictivas. Siempre hemos hablado de un proceso, nunca de un acto.
Habría que empezar por liberar todos los mecanismos y regulaciones arbitrarias que obstaculizan las acciones productivas y el intercambio social, la circulación monetaria y el movimiento de recursos, especialmente los que afectan al trabajo individual, familiar y cooperativo; de manera que se permita a la gente ir encontrando opciones y adecuándose a las nuevas condiciones.
Para hacer efectivos el cooperativismo y el cuentapropismo, habría primero que crear un cuerpo de leyes que los ampare y proteja, nada complicado ni desconocido; así como liberar esas formas de producción de los excesivos mecanismos del control estatal sobre su gestión y funcionamiento, de impuestos exagerados y contraproducentes, de las restricciones a operar en todas las monedas legales, de inspecciones y regulaciones que propician la corrupción y reducirlos a simples pagos de licencias y bajos impuestos a quienes llegaran a establecer una cooperativa o un negocio privado en un lugar estable con entradas regulares y eliminar todas las ordenanzas para vendedores y ofertantes de servicios ambulantes.
Habría que permitir a la gente experimentar un tiempo prudencial, tres meses digamos, con una especie de pre-licencia sin pago de impuestos y si logran funcionar en la nueva forma, entonces legalizar y pasar a emitir la licencia y cobrar impuestos. Téngase en cuenta que estamos pasando de una sociedad paternalista a otra donde la gente va a tener que valerse por sí misma. Se necesita aprender. Hay que borrar estigmas: que si los cuentapropistas son esto o aquello. Ahora los apurados parecen ser los estatalistas.
Específicamente crear un banco cooperativo, tal vez otro cuentapropista, para impulsar estas formas de producción, recibir financiamiento del estado y de fuentes internacionales, desarrollar políticas de créditos y microcréditos con bajos intereses para ayudar en la inversión y en todas las operaciones financieras necesarias. Igualmente habría que permitir claramente la ayuda de los cubanos que están fuera del país a sus familiares para estos fines, con capital y recursos; posibilitar a cuentapropistas, cooperativistas y a las empresas, ya bajo control obrero, realizar operaciones financieras internacionales, limitar los controles sobre las operaciones de intercambio, importación y exportación a las regulaciones imprescindibles que garanticen el desarrollo nacional, no dañen el medio ambiente y facilitar las uniones cooperativas de todo tipo y otras por el estilo. Haría falta Internet para una verdadera interconexión de las empresas socializadas grandes, medianas y pequeñas entre ellas y con el mundo exterior, así como para hacer efectiva la participación popular en todo.
Paralelamente tendrían que realizarse los profundos cambios en el sistema democrático, que muchos venimos demandando y que posibiliten una verdadera participación de los trabajadores y el pueblo en ese proceso de modificaciones, en los centros de producción y en las comunidades, en todas las decisiones que los afectan.
El proceso de socialización en las empresas estatales, debería empezar por las que no son rentables y tienen trabajadores “sobrantes”, entregarlas a la administración de los trabajadores, al control obrero, algo parecido a lo que hicieron los trabajadores en Argentina con las empresas recuperadas, para que sean ellos quienes decidan, democráticamente, cómo seguir gestionando sus labores, a quién comprar las materias primas, a qué precio, etc., qué producir según las posibilidades efectivas de hacer contratos de ventas y créditos (planificación democrática) y cómo distribuir sus ingresos, qué parte iría para el consumo y cuál para la reproducción ampliada, una vez descontados los costos, fondos de emergencia, etc., así como los ingresos al presupuesto, por impuestos, para gastos sociales y demás.
Muy especialmente en el caso de Cuba, donde se concentró la propiedad de las empresas en el estado, habría que descentralizar esa propiedad, socializarla; desestatizar –ojo: no privatizar- las que no sean de interés estratégico para toda la nación, otorgar verdadero carácter social a las empresas, por medio de la entrega en propiedad, arriendo, venta, usufructo o por vía del crédito, a los colectivos laborales, sociales o comunitarios que se encargarían de hacerlos producir pero bajo formas colectivas, auto y cogestionarias, sin crear grandes sismos ni descompensaciones sociales. Descentralizar la administración sin control obrero, sería fomentar el burocratismo y propiciar condiciones para la reconversión capitalista.
El estado no tiene que administrar la producción, sino reducirse a pequeños aparatos operativos eficientes con funciones generales y metodológicas, para facilitar –no dificultar- el funcionamiento de la sociedad, planificar estratégicamente y contribuir al desarrollo social diverso en todos los sentidos, urbano, poblacional, educacional, cultural y de salubridad en armonía con la naturaleza, de acuerdo con el presupuesto nacional participativo y transparente y actuar en cuestiones imprescindibles para el buen funcionamiento y resguardo de la nación mientras sea necesario.
Los servicios generales, que garantizan el desarrollo y funcionamiento de las demás ramas y el desenvolvimiento básico de las comunidades como el agua, la energía, los trasportes y comunicaciones así como el subsuelo, partes básicas que garanticen salud y educación para todos y otros, deberían mantenerse -en lo fundamental- bajo propiedad estatal o en el nivel comunal correspondiente, aunque siempre bajo control de los trabajadores y el pueblo con absoluta transparencia en sus números y de acuerdo con los presupuestos participativos.
Para que la socialización no sea una impostura, todo lo demás debe ir a parar a manos directas de unidades y uniones de empresas auto y cogestionarias, cooperativas, pequeños negocios familiares y cuentapropistas; y ya que se aprobó “allá arriba”, también a las empresas privadas que exploten trabajo asalariado, lo que ya no es cuentapropismo, si no el temido capitalismo mondo y lirondo, cuyo rango debería limitarse claramente por ley, y no dejarlo a regulaciones ambivalentes que podrían conducir a cualquier parte.
Si los propios trabajadores se sintieran, porque de alguna manera lo fueran, dueños de los medios de producción, porque participaran activamente en la propiedad o el usufructo, en la gestión de su centro de producción y en la repartición de las utilidades, no harían falta tantos mecanismos de control, tantos custodios, tantos policías, tantas cárceles, tantas leyes y regulaciones, tanto personal para combatir la delincuencia y la corrupción… tanto estado.
Por la natural eficiencia superior de las nuevas formas socialistas de producción, la racionalización de plantillas en el sector estatal vendría después y gradualmente, como una consecuencia lógica, como ocurrió en cierta forma en los primeros años del Período Especial cuando mucha gente decidió emigrar al trabajo por cuenta propia o a los sectores emergentes, por razones obvias. Esto haría menos doloroso el proceso de reconversión laboral, base para el despegue económico ansiado por todos.
Deberían ser los trabajadores mismos en los Consejos de Trabajadores que se formen en cada centro de producción o servicios, -no ningún aparato burocrático ni de expertos designados- los que decidan, una vez estudiada la posibilidad de ampliar la producción con recursos propios u obtenidos vía créditos, la conveniencia de reajustar sus plantillas.
¿Y cómo hacer toda esta liberación de las fuerzas productivas y entusiasmar a la gente, sin una amplia participación de todos los ciudadanos en la discusión, aprobación y aplicación de las medidas, sin tener en cuenta los intereses específicos de los afectados, sin que la gente pueda escoger libremente cómo trabajar, sin que los trabajadores puedan decidir democráticamente cómo organizar la producción y la distribución, sin que esto se discuta abiertamente en la prensa y el parlamento desde todas las posiciones existentes en la sociedad, aunque no compartamos alguna de ellas, impidiendo la divulgación de las posiciones de una creciente ala socialista, radicalizada, del proceso revolucionario, sin que se respeten plenamente todos los derechos de todos los cubanos?
Desde luego, se trataría de un verdadera revolución en la organización de la producción y en el sistema político vigente, el tránsito socialista que la revolución cubana dejó congelar en el espacio y en el tiempo, desde los años 60, cuando luego de todas aquellas «nacionalizaciones» -debería decirse estatizaciones-, la propiedad y la administración de todas las empresas, grandes, medias y pequeñas, capitalistas, privadas, individuales, nacionales, extranjeras, cooperativas, mutuales y timbiriches quedaron en manos del aparato burocrático reproducido en el “nuevo” estado y todo empezó a hacerse según los criterios únicos de un centro: el esquema del «socialismo real», sacralizado desde la época del estalinismo que echó a un lado importantes aspiraciones del pueblo cubano, contempladas en el motor original de la revolución, que fue el Programa del Moncada.
El gobierno/partido/estado/sindicato habla de un proceso de reajustes de varios años y la “participación” que pide a los trabajadores es su apoyo a lo ya decidido. Ojala pueda rectificar sobre la marcha. Si los que están tomando las decisiones quieren escuchar, qué bueno. Siempre hemos estado dispuestos a cooperar, hemos sido pacientes, tolerantes, hemos callado ante provocaciones y abusos del poder, hemos llamado al diálogo y hemos expuesto abiertamente nuestros puntos de vista, sin pedir nada a cambio y sin ánimo de protagonismo, que correspondería al pueblo y a los trabajadores en un sistema autogestionario. Esperamos que el sectarismo no impida la audición. En cualquier caso, no importan condiciones, continuaremos nuestra paciente batalla.
¡Viva Cuba Libre y socialista!
