Se nos debe una explicación
Desde hace tiempo Colombia ha venido alertando sobre la presencia de la guerrilla narcoterrorista en nuestro país. El 24 de febrero de 2003 el presidente colombiano aseguró que las FARC tenían presencia en Venezuela y propuso coordinar acciones contra los rebeldes. La Embajada venezolana en Bogotá reconoció una “presencia mínima” de esa guerrilla en zonas vecinas a la frontera común. En diciembre de 2005 fue capturado aquí Rodrigo Granda. El 17 de diciembre de 2007 se advirtió sobre la presencia de Manuel Marulanda y de Ingrid Betancourt en una finca en Elorza, Estado Apure. Las autoridades venezolanas reconocieron “el incremento de la presencia guerrillera en Elorza” pero dijeron no tener tenían noticias de que Betancourt estuviera allí. En febrero de 2008 Colombia advirtió nuevamente al gobierno venezolano sobre la presencia aquí de Marulanda y hubo una denuncia acerca de una supuesta entrevista de él con el presidente venezolano en un lugar del Estado Barinas. Ese mismo mes las autoridades colombianas detuvieron al guerrillero Helí Mejía, alias Martín Sombra, cuando regresaba de Venezuela. En marzo de 2009 fue denunciada la presencia de nueve miembros del Estado Mayor de las FARC en Venezuela. En agosto de 2009 la INTERPOL emitió una notificación solicitando información sobre los movimientos de la guerrillera Lucía Andrea Amoret en Venezuela.
Por todo lo anterior, corriendo el riesgo de que me acusen de “vende patria”, de piti-colombiano, de traidor y quien sabe de qué mas, mientras no se demuestre lo contrario atribuyo plena veracidad y exactitud a las nuevas denuncias que acaba de formular el gobierno de Colombia acerca de la presencia en territorio venezolano de varios cabecillas de la guerrilla colombiana – entre los que figuran algunos de aquellos a quienes se refirió la denuncia de marzo de 2009 – y de la existencia de más de 28 campamentos de la narcoguerrilla en nuestro suelo patrio en los cuales se encuentran más de 1.500 irregulares colombiano.
Creo que el camino que ha tomado el gobierno colombiano de elevar el problema a las instancias internacionales es correcto. Colombia ha solicitado la convocatoria “a la mayor brevedad posible” de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para examinar la presencia de jefes y efectivos de las FARC y el ELN en Venezuela. La sesión tendrá lugar mañana jueves 22.
El Gobierno colombiano ha señalado que su solicitud “está antecedida por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo”. También recuerda que en varias oportunidades entregó al gobierno venezolano información sobre el particular y que, además, el asunto ha sido considerado en conversaciones privadas entre los mandatarios de los dos países.
Cabe recordar además que el presidente venezolano ha descartado también la mediación como posible medio para la solución de la controversia. “Aquí no hay mediadores. Aquí no hay mediación posible” dijo en agosto del mes pasado descartando así una propuesta del Ex – Presidente Samper.
Descartadas entonces la conciliación y la mediación, le corresponde al Consejo permanente avanzar hacia el siguiente paso que es la verificación. El Consejo Permanente de la OEA tendrá ante sí una oportunidad de oro que no debe perder para tratar para demostrar que la organización puede actuar con efectividad en situaciones que enfrentan a dos de sus Estados Miembros. Están en juego una vez más, y quizás definitivamente, la ya malograda credibilidad tanto del Consejo Permanente como la de la OEA.
El presidente de la República nos debe a los venezolanos, pero también a la comunidad internacional, una explicación clara y convincente. No basta con negar lo que desde hace mucho tiempo se viene denunciando y ha sido incluso confirmado por testigos y más recientemente por empresarios ganaderos zulianos víctimas de la extorsión de los guerrilleros. Tampoco basta con reaccionar soberbiamente y proferir descalificaciones e insultos contra el presidente Uribe. De nada sirve decir que es mentira lo que Colombia dice sustentar con pruebas y evidencias.
Si es mentira lo que dice el gobierno de Colombia lo que corresponde al gobierno venezolano es abstenerse de obstaculizar la actuación del Consejo Permanente y aceptar que se lleve a cabo la comprobación internacional objetiva e imparcial de los hechos denunciados.
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