El guión oculto de las OLP, por Javier Ignacio Mayorca
El martes 10 de mayo el Distrito Capital amaneció militarizado. Los “verdes” complementados con agentes de la Policía Nacional, Cicpc y Sebin habían tomado (nuevamente) la Cota 905, Cementerio, El Valle y Coche. También pusieron puntos de control en las principales vías de acceso a la capital, a veces de forma redundante y ostensiva. En la autopista Caracas-La Guaira, por ejemplo, emplazaron seis grupos, es decir, uno cada dos kilómetros y medio. El embotellamiento hizo recordar los tiempos posteriores al dinamitado del viaducto de la misma vía.
En la avenida Boyacá que cruza Caracas de este a oeste hicieron algo similar en las salidas y accesos de mayor tránsito.
Horas después, el presidente Nicolás Maduro y su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general del Ejército, Gustavo González, informarían que se trataba de la “segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), una sucesión de redadas cuya primera fase comenzó en julio de 2015. Desde entonces hasta ahora el Gobierno sigue enfrascado en una supuesta lucha contra lo que denominan “hampa paramilitar” cuyos principales actores serían profesionales del delito importados de Colombia. Esa es al menos la explicación aportada por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz en la Memoria y Cuenta presentada ante la Asamblea Nacional.
Las OLP tuvieron desde su inicio un fuerte contenido propagandístico. El Gobierno estaba consciente del clamor en todos los sectores de la población en el sentido de que se hiciera algo contra la criminalidad. Y que se hiciera rápido. Esta exigencia era y es común a todas las clases sociales y filiaciones ideológicas. Por eso le dio cuerda larga a sus militares y, de la noche a la mañana, pasó a la ejecución de tácticas de “mano dura” que suscitaron críticas incluso por parte de investigadores sociales y criminólogos próximos al chavismo. Esta dinámica pendular ya la habíamos visto en el país a propósito de los llamados “madrugonazos al hampa”, que abarrotaron las celdas y las morgues de todo el país.
La información concreta y dura sobre las características y resultados de las OLP en 2015 está fragmentada en varios despachos. Si vemos la memoria y cuenta del MRI, por ejemplo, nos enteramos de que fueron 132. La Vicepresidencia, que es el órgano encargado de ordenar estas operaciones, nos enteramos de otros datos. Por ejemplo, que totalizaron 1.356.912 horas/hombre. Por lo tanto, cada incursión bajo este formato implicó en promedio 10.279 horas/hombre. Esta proporción puede servir eventualmente para el cálculo de los costos implícitos en esta actividad.
Por otra parte, las OLP arrojaron 453 detenciones de acuerdo con la Vicepresidencia. Este dato hay que manejarlo con cuidado. En realidad, fueron muchas menos. En Caracas, por ejemplo, se pudo constatar que solo el 13% de las personas que eran aprehendidas durante las redadas quedaban definitivamente presas.
Además, indica la memoria y cuenta presentada por Istúriz, dieron por desmanteladas 37 bandas y decomisaron 96 armas de fuego. En otras palabras, esto quiere decir que para “neutralizar” una banda fueron necesarias más de tres operaciones. Igualmente, el promedio de armas sacadas de las calles en cada OLP era inferior a 1.
La propaganda oficial asegura también que fueron “recuperadas” 1300 viviendas de los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ciertamente, el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN detectó varios casos en los que los “adjudicatarios” de estos apartamentos habían sido desplazados por grupos criminales, algunos de ellos bajo el formato de colectivos armados. Pero también hubo represión contra personas que simplemente eran arrendadores o arrendatarios de tales inmuebles, o que los habían cedido en permuta. Estas transacciones son naturales en cualquier parte del mundo, menos en Venezuela, donde suscitan sospechas.
De manera que las OLP no sólo eran redadas contra el crimen sino también acciones de control político y social encubiertas bajo el discurso de la lucha contra el “hampa paramilitar”.
Si hubiesen sido exitosas, uno entendería la reedición que comenzó el martes 10 de mayo. Pero durante las OLP el crimen se agigantó y las razzias militares dejaron mal sabor en la propia base de sustentación política del régimen, tal y como lo observó en su momento el criminólogo Keymer Avila.
Esto hace recordar uno de los catorce principios establecidos por Norman Dixon (1977) para explicar la incompetencia militar: la insistencia en fórmulas que evidentemente han fracasado. Este autor lo denomina “conservadurismo fundamental”.
Es emblemático que la “segunda fase” de las OLP comenzara en la Cota 905, donde empezó la primera fase, y exactamente con el mismo objetivo, que es desmantelar la banda de secuestradores y robacarros liderada por alias Coqui.
Desde luego, aquí entra en juego otra de las características de la incompetencia militar: pintar como éxitos hasta las acciones que no cumplieron con los objetivos esperados. Esto resulta especialmente sencillo en un ambiente con medios de comunicación altamente censurados y regido por gobernantes que poco o nada conocen de seguridad ciudadana. En la noche del 10 de mayo estaba el general del MRI pontificando sobre la detención de 88 personas y la matanza de otras ocho.
Si hubiese una guerra contra el Imperio, las muertes se contarían por miles.
Pero en la Venezuela actual todo tiene una lectura política, aún si se trata de acciones desvariadas como la nueva OLP. Si bien es cierto que los 3000 militares y policías no tuvieron mayor impacto en el control a la violencia criminal, sí amedrentaron e impidieron el libre desarrollo de la marcha que finalizaría en el Consejo Nacional Electoral para exigir el cese de las dilaciones al referendo revocatorio.
En materia de orden público la GN tiene comprobada eficacia, siempre y cuando se trate de manifestaciones opositoras. Pero para eso no hacía falta una OLP.
