Una politica jurídica internacional de Estado
El desbarajuste del decadente e involucionario régimen bolivariano, enfermo y ahora multicoloreado por fuera, para esconder el fracaso y el rechazo de la inmensa mayoría, traslada enormes problemas a quienes por la voluntad popular se encargarán de dirigir el país y de trazar un rumbo serio, acorde con las realidades, sin exclusionismo ni divisiones, menos con odios, creados hoy por provocadorees hojilleros que agreden impúnemente a unos y otros.
En el ámbito internacional se imponen posiciones serias y eficaces. Políticamente habrá que tomar decisiones firmes que reviertan la imagen de intransigencia y de agresividad mostrada estos doce largos años por los “revolucionarios bolivarianos” en el poder, que han hecho de Venezuela un país “incómodo”. En el ámbito jurídico internacional habrá que tomar también medidas importantes que respondan a una política internacional de Estado. En este contexto se impone la revisión de los compromisos internacionales lo que podría implicar la modificación, la suspensión o el fin de acuerdos y contratos internacionales.
Sabemos que el Estado concluye en sus relaciones exteriores acuerdos y contratos internacionales en funcion de los intereses nacionales. Los primeros se concluyen entre sujetos de derecho internacional, es decir, con otros Estados y con las organizaciones internacionales; los segundos, con sujetos distintos, las empresas transnacionales, entre otros. Es sabido también que tales acuerdos y contratos deben ser concluidos de conformidad con las normas internas, la Constitucion de la República, en particular; los acuerdos, concretamente, de conformidad con el derecho de los tratados, normativa de origen consuetudinario recogida, en general, en la Convención de Viena de 1969.
El régimen bolivariano ha concluido centenares de acuerdos y contratos internacionales de una manera alegre, irresponsable, sin transparencia e incluso bochornosa, sin tomar en cuenta las formalidades y menos aún los intereses nacionales, lo que plantea la necesidad de revisar los compromisos y de examinar con la mayor seriedad, todo lo relativo a su validez y a su cumplimiento en el futuro.
En la necesaria adopción de un Plan de Gobierno que tendrá seguramente características de emergencia, la oposición debe otorgar prioridad a los temas internacionales, particularmente, en lo que respecta a la revisión de los compromisos internacionales adquiridos mediante acuerdos y contratos internacionales, especialmente aquellos con implicaciones financieras, para adecuarlos a las necesidades e intereses de la nación, lo que sin duda generará reacciones de beneficiarios inescrupulosos que se han aprovechado de las debilidades y deficiencias de un grupo arrogante e ignorante que gobierna, por ahora, el país. Es de esperarse que las reacciones ante la suspensión, la modificación o el fin de ciertos compromisos sean sensatas y no se traduzcan en medidas inamistosas.
En materia de contratos internacionales, la situación es tan grave como en relación con los acuerdos internacionales. La entrega de parcelas del país a empresas extranjeras, generalmente de Estados forajidos, sobre áreas de interés exclusivo nacional y con fines perversos, obliga con mayor razón y urgencia la revision de esos compromisos y como consecuencia de ello, la no aplicación de contratos, muchos de ellos ilegales, como el otorgado en dias pasados a una empresa cubana, sin consulta, en violación flagrante de las normas internas y en perjuicio de los intereses nacionales.
Los gobiernos extranjeros deben ser conscientes de esta realidad y de que una vez restaurado el orden en el país y recuperada la sensatez, habrá cambios importantes, especialmente, en las relaciones internacionales, incluidas las relaciones jurídicas internacionales.
No sólo se planteará la imposibilidad del cumplimiento de los compromisos internacionales, siempre de acuerdo con los principios y normas de Derecho Internacional aplicables, sino la responsabilidad individual de quienes irresponsablemente actuaron en perjuicio de los intereses nacionales. Sanciones administrativas y penales deberán establecerse. El delito de traición a la patria, contemplado en el ordenamiento juridico nacional vigente, abre la posibilidad de procesos de esta naturaleza.
