Fiscal Bharara plantea conflicto de intereses en el caso de sobrinos de Cilia Flores
Un nuevo capítulo se abrió este lunes en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, cuando el Fiscal General de Nueva York, Preet Bharara y los fiscales adjuntos del caso plantearon a la corte, un conflicto de intereses derivados del hecho que las cuotas legales para ambos acusados está siendo pagados por la misma persona cuyo nombre no es revelado en la comunicación.
Una misiva firmada por los fiscales adjuntos del caso Emil J. Bove III y Brendan Quigley F. señala que el gobierno desea informar a la corte que existe un posible conflicto en el caso de los primos Flores.
En la carta, el fiscal Bharara dice lo siguiente: el Gobierno sostiene respetuosamente que la Corte debería llevar a cabo investigaciones separadas con respecto a cada acusado con el fin de determinar:
1.- Si el pago de los honorarios legales por parte de un tercero para ambos acusados presenta un conflicto,
2.- La naturaleza y el alcance de ese conflicto, y
3.- Si cada acusado está dispuesto y es capaz de hacer una renuncia voluntaria saben sobre ese conflicto.
La carta dice que “motivado a que un tercero está pagando los honorarios legales para ambos acusados, los defensores de cada acusado enfrentan un posible conflicto de intereses.» El conflicto potencial se ve agravado por el hecho de que una sola persona está financiando las defensas legales de los dos acusados. Este asunto genera que el que paga los gastos de defensa puede influir en una estrategia global de defensa que no está en el interés de uno o ambos de los acusados.
Los fiscales dicen que el hecho puede plantear que la persona que paga la defensa persuada a un abogado de evitar la búsqueda de reducción de pena por colaboración, o le diga a algunos de los acusados que se abstenga de declarar en su propia defensa.
Por esas razones, el gobierno pide hacer una audiencia curcio, que permitirá averiguar si los defensores de ambos acusados pueden dar una adecuada representación legal mientras el proceso judicial está en marcha y si puede haber algún interés proveniente de terceras partes que afecten el desarrollo del juicio. Además, obtener una exención de defensa libre conflicto por la parte demandada.
Los fiscales destacan en la comunicación la cronología del caso y la lista de abogados que han aparecido en la defensa de los dos acusados:
Los fiscales señalan que el 12 de noviembre de 2015, los acusados Efrain Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas presentaron en el gravamen a la acusación S2 15 Cr. 765 una carta ante el Juez James L. Cott donde aparecían los abogados John Reilly y Rebeca Poston, de la firma Squire Patton Boggs LLP, como representantes de los dos acusados. Sin embargo, Reilly y Poston admitieron que no habían analizado el posible conflicto inherente a este enfoque y aparecieron como defensores del demandado Efrain Antonio Campo Flores únicamente.
El otro acusado, Franqui Francisco Flores de Freitas, completó una declaración financiera donde aseguró no tener recursos para el pago de defensa privada ante lo cual el juez Cott nombró a Vicente Southerland de la firma Defensores Federales de Nueva York para representarlo.
El 16 de diciembre de 2015, Squire Patton Boggs pidió permiso para retirarse de la representación de Campo Flores. El Tribunal accedió a la petición a la conferencia del día siguiente. Después de que Campo Flores completó una declaración financiera, la Corte nombró al abogado de oficio Kafahni Nkrumah para defenderlo.
El 8 de marzo de 2016, John Zach Jackson y Randall, de la firma Boies, Schiller y Flexner LLP, enviaron una carta donde informaban que eran los nuevos abogados contratados por Campos Flores para su defensa.
Y el 1 de abril de 2016, David Rody y Michael Mann, de la firma Sidley Austin LLP, informaron al tribunal que habían sido contratados para la defensa de de Flores de Freitas.
En respuesta a una consulta del Gobierno, los nuevos abogados para ambos acusados revelaron que los gastos legales de los demandados en esta materia están siendo pagados por la misma persona, por lo cual se plantea un conflicto de interés. Vale destacar que la Sexta Enmienda garantiza que un acusado tenga el derecho a la efectiva asistencia de un abogado, que incluye «el derecho a la representación por un abogado libre de conflictos.»
Los fiscales señalan que en el caso de los primos Flores hay un grave conflicto de intereses y consideran que tal evento podría violar de la Sexta Enmienda. Tales violaciones- dice la misiva- son irrenunciables y no requieren una muestra de que el acusado sea perjudicado por su representación.
Asimismo, recuerdan la base legal sobre el pago de honorarios legales por Terceros y argumenta que puede surgir un conflicto
cuando un abogado es pagado por una persona distinta del abogado de cliente.
El gobierno señala que existen consideraciones éticas cuando un abogado acepta honorarios de alguien que no sea su cliente. «La aceptación de dinero proveniente de un benefactor que pague los costos de defensa pueden someter a un abogado a una indeseable influencia externa «y plantea una cuestión ética «en cuanto a si la lealtad del abogado es con el cliente o al pagador.»
