Soberanía, burladero de dictadores
Después del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la delegación venezolana ante las Naciones Unidas asumió como propia la bandera de la tesis de que el respeto de los derechos humanos y su protección trascienden la soberanía de los Estados y forma parte de las obligaciones de la comunidad internacional el papel de velar para evitar o impedir que se cometan abusos y violaciones contra los derechos fundamentales del ciudadano.
Da tristeza comprobar que en un país que sobresalió por su clara y nítida posición internacional en favor colocar la defensa de los derechos humanos fuera del alcance de las arbitrariedades y abusos de los gobiernos, hoy día el gobernante de turno en Venezuela y quienes le rinden pleitesía incondicional recurren constantemente a refugiarse detrás de la noción de la soberanía nacional para evitar rendir cuenta de sus fechorías.
El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de publicar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Venezuela es objeto de un escrutinio muy cuidadoso en ese documento.
Como era de esperarse, la reacción del régimen contra ese informe no tardó en manifestarse. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores el Gobierno «rechaza» de forma categórica y contundente el informe.
Entre otras ridiculeces el comunicado del Gobierno venezolano afirma que el Gobierno de Estados Unidos «tiene una incapacidad para establecer relaciones de respeto mutuo con otras naciones soberanas» y agrega que considera «especialmente escandaloso» que un país aspire a erigirse en «juez planetario» en esa materia.
«Venezuela reitera que estos actos de agresión en contra del pueblo venezolano, dueño soberano de su destino y garante pleno de los derechos humanos no pueden sino deteriorar las mermadas relaciones bilaterales y constituyen un obstáculo infranqueable para un diálogo político respetuoso». El comunicado califica de irresponsables las afirmaciones contenidas en el informe y considera que constituyen un «irrespeto a la vocación democrática del pueblo venezolano» y «un ataque hacia procesos electorales que son la máxima expresión de la soberanía del pueblo.». (¿?).
Según la fiscal general de la República «Estados Unidos no tiene autoridad moral para emitir informes que «vulneran la autodeterminación de los pueblos». «Los pueblos son soberanos en sus decisiones, sus leyes, la forma como se rigen, como se regulan». Aprovechando esta coyuntura calificó como «soberana» la decisión del régimen de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero veamos cuales son algunas de las afirmaciones «irresponsables» que contiene el informe del DDE:
Dice que el gobernante venezolano violó los derechos económicos y de propiedad, pone trabas a la libre expresión, criminaliza a la disidencia y acelera la concentración del poder valiéndose de las facultades que se arrogó mediante la Ley Habilitante. Agrega que el régimen hostiga e intimida a las estaciones de televisión privada, a otros medios de comunicación valiéndose de multas, confiscaciones y regulaciones abusivas, investigaciones y procesos penales. Indica también que ciertos ataques mediáticos estuvieron «impregnados de antisemitismo». También registra el informe que en Venezuela ocurren asesinatos ilegales, ejecuciones sumarias de sospechosos criminales, torturas y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. «El Ejecutivo no respetó la independencia judicial ni permitió a los jueces actuar de acuerdo con la ley y sin miedo a represalias» y agrega que el Gobierno manipuló el Poder Judicial para perseguir a líderes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil que critican las acciones o políticas oficiales.
El informe dedica también un espacio amplio para examinar la situación carcelaria en el país y destaca el hacinamiento en los centros penitenciarios, el tráfico de armas y de drogas y la escandalosa corrupción de los funcionarios encargados de la custodia.
¿Es que acaso son mentiras lo que dice este informe? ¿No son estas realidades que constatamos día a día los venezolanos, contra las cuales nos encontramos totalmente indefensos y con las manos atadas precisamente como consecuencia de la situación de sometimiento en que se encuentran la mayoría de los órganos de la justicia?
Resulta una feliz coincidencia que casi simultáneamente con la publicación del Informe del DDE el Parlamento Europeo haya dirigido una exhortación al gobernante venezolano para que desista de su propósito de retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que una decisión de esa naturaleza «contribuiría al aislamiento del país y un mayor deterioro de su historial en materia de derechos humanos», el cual, como se vio al comienzo de este artículo, en el pasado fue honrosos y ejemplarizante.
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