El Acuerdo de Ginebra, 47 años después
El pasado domingo se cumplieron 47 años de ese 17 de febrero de 1966, en el cual Venezuela, Gran Bretaña y Guayana Británica, que con la independencia adquirió el nombre de Guyana, firmaron el Acuerdo de Ginebra. A partir de esa fecha, la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental ese tratado.
En el artículo I del mismo leemos: “Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito.” Oficialmente, Venezuela y Guyana mantienen dos interpretaciones mutuamente excluyentes del Acuerdo de Ginebra. Guyana sostiene que el objeto del Acuerdo es, en primer lugar, establecer la validez de la contención venezolana de que el Laudo es nulo e irrito. Se trataría, por tanto de una disputa esencialmente jurídica y los posibles resultados de la controversia así definida serían o el de la afirmación de la validez del Laudo y con ello el cese de la reclamación venezolana y la consiguiente consagración del “status quo” existente o el del reconocimiento de la nulidad del Laudo y con ello la apertura de un nuevo proceso de delimitación. Venezuela, por su parte, afirma que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. Además una “Comisión Mixta es una institución puramente política y difícilmente podría esperarse de ella un dictamen jurídico, sobre todo siendo las partes mismas los miembros de la Comisión. De ser jurídico su mandato los Comisionados se verían en la insostenible posición de ser juez y parte. Negociar la validez o nulidad de un Laudo, más aún en una Comisión Mixta paritaria, es inconcebible. La razón jurídica no es negociable: se tiene o no se tiene. Y difícilmente se confiaría a negociadores diplomáticos la función de adjudicar derechos. Por lo tanto, para Venezuela el Acuerdo pone de lado el fraudulento Laudo de 1899 y su objeto es el arreglo práctico de la controversia, satisfactorio y aceptable para ambas partes.
Ahora bien, la reciente solicitud de Guyana de ampliar su plataforma continental, presentada en septiembre del 2011, ante la Comisión de Límites de la Convención de Derecho del Mar de la ONU, complica el escenario porque afecta considerablemente nuestros derechos soberanos no sólo en el territorio del Esequibo, sino en la fachada atlántica, que proyecta tanto la Zona en Reclamación como el Estado Delta Amacuro. Una Cancillería eficiente debería aprovechar esta coyuntura para inducir a Guyana a negociar. La defensa eficiente de nuestros derechos e intereses requiere el nombramiento de un funcionario a dedicación exclusiva, con un pequeño equipo de apoyo, para que no sólo pueda negociar bilateralmente con Guyana, en el marco del proceso de los “buenos oficios” del Secretario General de la ONU, sino también hacer el necesario “lobby” entre los miembros de la Comisión de Límites de la ONU en Nueva York y con otros miembros influyentes de la comunidad internacional interesados en el tema, empezando por los países de la Comunidad del Caribe ( CARICOM). Recordemos a este respecto que la Comisión de Límites anunció pasar el análisis de la solicitud de Guyana y la posición contraria de Venezuela a una subcomisión, que todavía no ha sido nombrada. Por eso es irresponsable y evidencia además la escasez de personal profesional calificado en la Cancillería, que el Embajador Roy Chaderton, diplomático de carrera formado en tiempos de la República Civil , sea al mismo tiempo: “facilitador” por Venezuela en las negociaciones con Guyana y, por tanto, encargado del seguimiento del tema en la ONU, Embajador ante la OEA, representante de Venezuela en las negociaciones de paz en Colombia, negociador con EEUU para el mejoramiento de la relaciones diplomáticas con EEUU, además de diputado al PARLATINO y miembro del Consejo de Estado. Por lo menos los tres primeros cargos, deberían ser ejercidos por tres diferentes personas a dedicación exclusiva.
El gobierno debería buscar un gran consenso nacional, a través de la consulta y el diálogo con los diversos actores nacionales, para negociar la solución satisfactoria y práctica de la controversia. Los venezolanos, en general, deberían unirse en la defensa de la soberanía nacional, no sólo en el Esequibo sino en la fachada atlántica del Delta del Orinoco.
