Ayotzinapa en Tumeremo 43/28
En el Estado de Guerrero, al suroeste de México, en la costa del Pacífico, donde está el célebre balneario de Acapulco, el 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa (pueblo al norte de Guerrero, de 100 habitantes, originalmente era el nombre de la finca donde se asentó la Normal. Tenía 532 estudiantes varones, cerrada desde entonces). El alcalde de Iguala (ciudad cercana, de 115.000 hab), José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda, huyeron, ambos militantes del PRD, compañeros de López Obrador. Los 43 fueron detenidos por la Policía Municipal; Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía los entregó a sicarios del Cartel Guerreros Unidos. Felipe Rodríguez Salgado, subalterno del narcocapo mayor, Sidronio Casarrubias Salgado, ordenó asesinarlos e incinerarlos. Hasta hoy van 100 detenidos, y 28 cuerpos hallados enterrados (pero pueden ser de otra masacre).
En el Estado Bolívar, al sureste de Venezuela, con el río Orinoco delimitando al norte su vasto territorio, el viernes 4 de marzo un grupo de 30 mineros ilegales fueron a trabajar en la mina Atenas, sector El Miamo -cercano a Tumeremo-, municipio Sifontes, y no regresaron. Dos de ese grupo denunciaron que los habían detenido en el trayecto a la mina, uniformados con Chalecos del SEBIN, y que ellos habían logrado escaparse, pero oyeron tiros y vieron algunos cuerpos en un vehículo de carga. Los familiares y vecinos de los desaparecidos de inmediato exigieron que las autoridades investigaran, y el Diputado Américo de Gracia, representante de ese Estado ante la Asamblea Nacional, hizo suya la denuncia y activó la difusión del caso, por todos los medios posibles. La primera reacción del Gobernador del Estado, General Rangel Gómez, fue la de negar en términos absolutos que hubieran ocurrido tales hechos, y varios personeros declararon que se trataba del interés opositor por dañar la imagen del Oficialismo y generar caos. La secretaria de organización del partido Patria Para Todos, Ileana Medina, llegó al extremo demagógico y cínico de afirmar que “Esas muertes tienen como fin afectar los 14 motores de la economía que activó el gobierno”.
La colectividad mantuvo la presión y algunos organismos se vieron obligados a darle crédito a la denuncia. La Fiscalía General, La Defensoría del Pueblo, el CICPC y las Fuerzas Armadas se hicieron presentes en el espacio donde los denunciantes ubicaban los hechos, y gradualmente aparecieron, primero indicios, luego cuerpos (enterrados, asesinados a balazos). Como si no hubiera actuado de la manera más irresponsable al rechazar de plano las denuncias iniciales, el Gobernador se mantiene en su cargo, sin siquiera ofrecer disculpas por su obvia negligencia. La Renuncia, imprescindible en casos similares ocurridos en países donde el gobierno respeta al pueblo y a las leyes, bajo el esquema castrochavista está fuera de toda consideración. Todos los regímenes estalinistas mantienen la infalibilidad e inamovilidad de sus funcionarios. Caso de fiascos extraordinarios la única posibilidad radica en la rotación, pasa a otro cargo de igual o mayor importancia, lo que implica un premio. Jamás reconocen haber fallado, las culpas siempre se las achacan a terceros; la oposición, el imperio, países contrarrevolucionarios.
Son varias las semejanzas entre las insólitas y criminales tragedias de Ayotzinapa y Tumeremo; En ambas es elevado el número de asesinados, en ambas es evidente la ausencia de autoridad o la participación cómplice de funcionarios “agentes del orden” en la comisión de la masacre, en ambas la respuesta inicial del gobierno del estado (Guerrero/Bolívar) y nacional (México/Venezuela) fue para negar los hechos o disminuir sus dimensiones, aunque en Iguala el Alcalde y su esposa, implicados, se dieron a la fuga para evitar ser apresados, y el Gobernador Aguirre Rivero tuvo que renunciar faltándole tres años de gestión, mientras en Bolívar el gobernador no asume ni siquiera su responsabilidad en el abandono característico del estado a su cargo, 238.800 Km2, casi la cuarta parte del territorio de Venezuela (916.445 Km2) a merced de bandas armadas que actúan impunemente (vinculadas al narcotráfico en el norte de México, a la minería ilegal -oro, coltan, diamantes- en el sur de Venezuela).
Como en el caso del terrible asesinato de Mónica Spear y su compañero Thomas Berry, el 6 de enero del 2014, en la autopista de Valencia a Puerto Cabello, una ciudad industrial y un puerto, ambas ciudades de primordial importancia, separadas apenas por 55 Kmts, en el mismo estado Carabobo, vehículos de pasajeros y de carga viajan sin protección de las autoridades, pero para colmo el CICPC declaró que en ese trayecto funcionaban cuatro bandas criminales, cada una operaba en un segmento de la vía, y estando en conocimiento de ese horror las dejaban atracar a sus anchas. Hasta que el escándalo por los asesinatos de Mónica y Thomas, obligó a la policía a movilizarse para capturar a los miembros de UNA banda criminal, las otras siguieron impunes. Luego de explotar el escándalo por el multicrimen de los mineros cerca de Tumeremo, nos han informado que en el área funcionan varias bandas armadas, que controlan las actividades de minería. Mencionan como capos a “el Juancho” en Las Claritas, “el Chingo” en El Callao, “el Topo” en Sifontes (este último sería el que cometió la reciente masacre; un ecuatoriano llamado Jamilton Andrés Ulloa, sus lugartenientes son “el Potro”, Rosa Gil alias “la Doña”, y la hermana del Topo, apodada “la Bacha”, ambas mujeres ya han sido detenidas).
El régimen castrochavista no puede minimizar o adulterar esta masacre, atribuyéndosela a la “ultraderecha apátrida”, como intentaron hacer luego de negar que hubiera ocurrido, o tratar de volcar todas las culpas sobre las bandas criminales que innegablemente mantienen el control de ese vasto territorio, pues no sólo es obvia la negligencia en el cumplimiento de sus funciones de resguardar todo el territorio del estado Bolívar (cuyos yacimientos de oro, coltan y diamantes están controlados por las mencionadas bandas armadas), sino que también han descuidado sospechosamente el resto del territorio venezolano, en manos de delincuentes que actúan a su libre albedrío, a toda hora y en todas partes, incluyendo las cárceles, donde la incapacidad del oficialismo alcanza niveles de absurda alcahuetería, permitiendo que Pranes controlen todas las cárceles del país, y disfruten dentro de ellas de armas, drogas, licores, prostitutas y otros privilegios imposibles de ocurrir en el resto del planeta.
En la Venezuela sometida por la dictadura militar manejada desde Cuba, cada día nos sorprenden noticias que jamás sucederían en países donde el gobierno ejerza un responsable, sincero y estricto control de la Seguridad: Un Lanza Cohetes en el vehículo de unos hampones. Una banda de secuestradores dirigida por un General ACTIVO. Grandes alijos de Droga trasladada por oficiales militares en vehículos de las FFAA. Narcosobrinos con pasaporte diplomático. 32 maletas con 1.320 kgs de cocaína, no detectada en Maiquetía, en un avión de Airfrance a París. Utilización de la Valija diplomática para enviar a la Embajada venezolana en Nairobi, Kenya, alijos non santos, a diplomáticos rosados, el Embajador Carrillo desaparecido, su Secretario Sagaray indiciado en el asesinato de la funcionaria de carrera, Fonseca, enviada a encargarse de la embajada e investigar. Y un caso aparentemente menor, pero muy vinculado con este mismo espacio de la reciente masacre: El “Gordo Bayón”, con prohibición judicial de salida del estado Bolívar, viajó en avioneta privada a Caracas, y participó en reuniones en el Palacio de Miraflores, cerca de donde fue asesinado, a la salida de una de esas reuniones “de alto nivel”. La frecuencia con la que aparecen funcionarios civiles, policiales y militares involucrados en la comisión de graves delitos es alarmante, extraordinaria si lo comparamos con lo que ocurre en el resto del mundo, escala a la cual Venezuela ocupa los primeros lugares en asesinatos anuales (ha venido aumentando de año en año, en 1998 fueron 4.500, desde el 2014 rebasó la cota de los 25.000 asesinatos. similares incrementos han ocurrido en atracos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, contrabando, corrupción administrativa, en estos 17 años de retroceso y oprobio). Estamos algo más que ayotzinapados.
