¿Cómo resolver la grave crisis nacional?
En su trascendente discurso para asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, planteó, con gran visión histórica, la necesidad perentoria de una solución para la inmanejable crisis política que sufre el País y los venezolanos. De inmediato la definió: una solución constitucional, pacífica y electoral. La Constitución de 1999 establece los posibles caminos a seguir. La oposición democrática ha comenzado un debate interno para seleccionar el mejor de ellos y así lograr, lo más rápido posible, el necesario cambio de gobierno que exige la opinión pública para poner punto final al desastroso gobierno que durante diecisiete años ha destruido a Venezuela y comprometido totalmente el destino nacional. No soy un experto en derecho constitucional para poder opinar con propiedad suficiente, sobre la vía jurídica a adoptar, para alcanzar tan ansiado objetivo. Por suerte en la oposición democrática existen juristas con suficiente experiencia para recomendar la mejor solución.
Sin embargo, a pesar de que la Constitución de 1999 prevé las formas de acción legítimas y legales, para dar salida a las crisis de gobierno que se pueden presentar en cualquier momento del período presidencial; considero necesario advertir que sea cual fuere la decisión que se tome, el gobierno siempre tratará de burlar la decisión soberana. El ejemplo más claro de ello, lo tenemos en la ejecución del primer referendo revocatorio presidencial, para revocar a Hugo Chávez. Toda la opinión pública conoce la cantidad de irregularidades cometidas por parte del gobierno, que impidieron que este se realizara dentro de los parámetros que hubieran traído por consecuencia un resultado totalmente distinto al que, en definitiva, se obtuvo. Posteriormente, durante la realización del referendo para la modificación de la Constitución, pudimos observar nuevamente la aviesa intención de desconocer su resultado, mediante la obscena utilización del CNE.
Con lo expresado en el párrafo anterior, no pretendo desmotivar los esfuerzos que se realizan en pro de encontrar la mejor solución. Sólo deseo alertar ante los peligros. Por segunda vez, la Constitución de 1999 tiene la oportunidad de resolver una nueva crisis institucional de magnitudes superiores a la que enfrentó después de los hechos del 11 de abril de 2012 y las trágicas consecuencias de la inmensa marcha cívica de ese mismo día. La actual situación nacional no pareciera encontrar una fácil solución. Lamentablemente, están presentes los mismos intereses que comprometieron fraudulentamente el Referendo Revocatorio Presidencial, mediante la ilegal variación de la fecha de la votación, la obstaculización de la recolección de firmas, la compra de voluntades utilizando el erario público, etc., que permitieron el triunfo de Hugo Chávez. La situación actual no es diferente, sólo que ahora, en vez del CNE, se está utilizando al TSJ, nombrado ilegalmente por la anterior Asamblea Nacional, para favorecer los intereses políticos de Nicolás Maduro y del PSUV y frustrar todo esfuerzo opositor, para la solución de la crisis. A favor de la oposición, se mantiene la mayoritaria voluntad popular y el control de la Asamblea Nacional. Estoy convencido que esas fuerzas se impondrán permitiendo que prevalezcan los valores democráticos de los venezolanos.
Dije al inicio de este artículo que estaba totalmente convencido de que la decisión que tomaría la oposición democrática iba a ser acertada y conveniente. No tengo duda de ello. Los asesores jurídicos de los factores democráticos son excelentes y la conducción política mostrada por la dirigencia de los partidos políticos ha dado más que señales de mantener un claro objetivo, una acertada visión estratégica y rápidos movimientos tácticos. La mejor demostración es el arrollador triunfo en las elecciones parlamentarias, la unidad demostrada en los discursos parlamentarios y, lo más difícil de todo, una firme y leal unidad entre todos los factores de la Mesa de la Unidad Democrática. De todas maneras hay un factor que debe ser tomado muy en cuenta en las próximas acciones a desarrollar; el tiempo. La decisión constitucional que se tome debe valorar con gran perspicacia ese factor para no permitir ninguna oportunidad que pueda ser utilizada por el adversario político para recuperar nuevas fuerzas.
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