Terrorismo de Estado
Cuando se habla de terrorismo, siempre se piensa en los actos de violencia extrema, de terror, cometidos por psicópatas o por grupos cuyo objeto es lograr alcanzar objetivos inalcanzables por métodos democráticos. Es así como se ha visto el terrorismo de ETA, de las FARC, de Al Qaeda, de Hetzbollah, del Sendero Luminoso, del Ku Klux Clan y de otros grupos extremistas en los Estados Unidos. Ese tipo de terrorismo es combatido en todos los países que lo sufren, pero no siempre a través de métodos legítimos, apegados al estado de derecho.
Es así como vemos que ha crecido de manera alarmante otro tipo de terrorismo, el “terrorismo de Estado”. En un blog sobre el terrorismo, en una página de internet, se pedía una definición del terrorismo de estado. Un lector, utilizando el nombre de “Marco”, pero sin dar más datos de identificación, decía: “Se denomina terrorismo de estado, cuando éste, realiza las mismas acciones criminales que un grupo terrorista para conseguir sus objetivos; bien sea mediante el ejército, o subvencionando otros grupos terroristas.” Se trata de una visión parcial ya que no siempre el Estado se vale de las mismas acciones criminales de grupos terroristas para conseguir sus objetivos. Es cierto que en los tiempos de las dictaduras militares del Cono Sur, los gobiernos de los países de esa región que crearon la operación Cóndor, con la supuesta intención de acabar con los actos terroristas cometidos por individuos y grupos de extrema izquierda, se valieron del terror indiscriminadamente para acabar con la disidencia. Hay que decir, sin embargo, que el terrorismo de estado se practica, hoy en día, de forma muy sutil, pretendiendo ampararse en injustificadas razones de Estado y haciendo ver que se trata de algo legítimo cuando, en el fondo, lo que se persigue con ese terrorismo es la permanencia en el poder de quienes gobiernan, bajo legitimidad de origen —a veces dudosa— pero en franca ilegitimidad de ejercicio.
Ese tipo de terrorismo de Estado lo utilizan gobiernos a través de medios que violan las normas constitucionales, legales, así como las impuestas por tratados internacionales sobre derechos humanos. Con ello buscan inducir el terror en la población civil y así impedir que se disienta por medios pacíficos y democráticos. Para dar visos de legitimidad a ese tipo de terrorismo cuentan con el aval del ministerio público, del poder judicial, del poder legislativo sometidos a su control de forma casi absoluta. Es así como observamos que, cuando quieren acabar con un dirigente opositor, con un funcionario de gobierno de un estado, con un diputado o cualquier persona cuyas opiniones les perjudican, esos gobiernos les inventan delitos que no han cometido para privarlos de libertad, violando el debido proceso.
Es también terrorismo de Estado valerse del ejército para detener por la fuerza y de manera escandalosa a los dueños de negocios que según el gobierno son especuladores, se valen de los recursos que les ha brindado el Estado para estafar a los consumidores, venden a precios que no están regulados pero que, a juicio de un funcionario arbitrario, son excesivos.
Para muestras de cómo se practica el terrorismo de Estado, se puede citar lo ocurrido en los últimos días en la República Bolivariana: El domingo 29 de diciembre de 2013, a eso de las 1.00 p.m. quienes circulaban por la Avenida Rio de Janeiro, en Las Mercedes, pudieron observar la presencia de muy numerosos efectivos militares y policiales frente a un local comercial. Muchos pudieron pensar que se había cometido un delito grave, tal vez un homicidio, pero no, se trataba de algo muy distinto, tal como pudo constatarse en la prensa del lunes 30.
Las fuerzas gubernamentales, en su esfuerzo por demostrar que sus acciones lo que buscan es acabar con la corrupción, con la especulación, estaban allanando una arepera valiéndose de una fuerza digna de la que puede emplearse cuando se trata de liberar a unos secuestrados en un galpón, para allanar el local, arrestar a 4 de sus empleados, alegando que estaban vendiendo arepas a Bs. 100 que habían producido con material suministrado por el gobierno, que el local no reunía condiciones sanitarias aceptables, que se habían hallado 2.000 mil kilos de alimentos sustraídos de la red pública de Mercados de Alimentos (Mercal). El ministro del Interior, Rodríguez Torres, rechazó las condiciones en las que se encontraba el local de comida y dijo “Yo creo que deberían llamarlo el ‘chiquero del este’, hay que ver las condiciones de extrema cochinada que hay dentro de esas cavas». Añadió que en el piso superior de la arepera funciona una casa de citas «un local nocturno clandestino e ilegal donde se dedican también a la prostitución».
Vamos a suponer que eso hechos imputados a los dueños de la arepera sean ciertos y constituyan delitos o faltas graves que deban ser sancionados, pero, en un país donde funciona el estado de derecho no es a través de una acción militar y policial que ha impuesto un castigo sin que se haya respetado el debido proceso, penalizando sin que se haya probado la culpabilidad, que se logra acabar con la corrupción ni con la especulación, sino que se practica cierto tipo de terrorismo haciendo ver que el Gobierno está defendiendo al pueblo.
Otro ejemplo de ese terrorismo de estado es lo que ha ocurrido con alcaldes disidentes del PSUV. Según informa la prensa del lunes 30, cuatro alcaldes que había postulado su candidatura en las elecciones del 8 de diciembre, con tarjetas distintas a las del PSUV, han sido arrestados y puestos a la orden de los tribunales por delitos cometidos entre 2005 y 2009. Uno se pregunta: ¿por qué no fueron imputados antes de que se distanciaran del PSUV? La respuesta es obvia, a quien es fiel y obediente miembro del PSUV no se le enjuicia, pero basta con que “salte la talanquera” para que se le prive de la libertad violando el principio de la presunción de inocencia que sólo es aplicable a quienes militan fielmente en el PSUV.
