Emergencia de la justicia penal
La cárcel venezolana es una bomba activada que puede explotar en cualquier momento. El punto de partida de este problema es de naturaleza estructural: el sistema de enjuiciamiento criminal venezolano es de tipo inquisitivo, escrito y secreto (se presume la culpabilidad) y tiene una tradición de 500 años.
El sistema penal venezolano ha sido considerado como uno de los peores del mundo por diferentes expertos y muy afamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) locales e internacionales. En efecto, en las cárceles del país se producen incesantemente violaciones flagrantes y cada vez más crueles de los más elementales derechos humanos debido a la violencia y hacinamiento que se producen en su seno. La cárcel venezolana es una bomba activada que puede explotar en cualquier momento.El punto de partida de este problema es de naturaleza estructural: el sistema de enjuiciamiento criminal venezolano es de tipo inquisitivo, escrito y secreto (se presume la culpabilidad) y tiene una tradición de 500 años, por lo cual ha sido internalizado por muchos de nosotros de forma inconsciente. La detención es la regla y la libertad la excepción. Ello favorece la corrupción y la extorsión. Además, conforma una cosmovisión generalizada de sospecha acerca de todo y presunción de la mala fe de los otros. Sus efectos en la percepción de los demás y en las relaciones humanas es de desconfianza y envilecimiento mutuos.
Debido a la conciencia del problema estructural en que nos encontramos, el Congreso produjo en 1998 una reforma procesal penal que adoptó el sistema acusatorio, oral y público, el cual entrará en plena vigencia el 1° de julio de 1999. Después de su adopción deberán transcurrir algunos años de asentamiento y aprendizaje de parte de los operarios de la justicia y unas dos generaciones para que lo internalicemos.
Junto con la reforma procesal se han producido reformas legales de la administración judicial, que han sido catalogadas por el PNUD, el Banco Mundial y el BID como un modelo para América Latina. Las ONG’s coinciden con las multilaterales. En lo inmediato, sus resultados se verán traducidos en un nuevo aparato punitivo cuyo funcionamiento será más eficiente. Ello exige un replanteamiento de la profesionalización del recurso humano, clave del éxito de la reforma estructural.Este nuevo instrumento de procesamiento penal empezará a aplicarse el 1° de julio de 1999 de forma plena. Los juicios viejos seguirán el trámite inquisitivo hasta su final. Los jueces penales y los fiscales del Ministerio, Público serán sometidos a un examen de conocimientos hasta el 1° de julio del 2000. Allí se verá su competencia y capacitación en el nuevo sistema procesal. Como ejemplo de la importancia de este proceso de evaluación baste citar el caso de Argentina, donde el 70 % de los jueces que aplicaban el sistema inquisitivo salió de la judicatura por desconocimiento de las nuevas reglas de procedimiento (Binder, 1998).
De una parte, los fiscales del Ministerio Público tendrán el monopolio de la acusación penal pública. Los jueces no abrirán ningún juicio sin que exista la correspondiente acusación penal. A los fiscales les tocará la dirección de la investigación penal que realiza la policía. Hace falta una enorme inversión de recursos y aumentar el número de fiscales en todo el país, por lo menos tres veces.
Por otro lado, las policías de investigaciones penales que han sido fuente de severas críticas se verán encaminadas hacia un proceso de perfeccionamiento jurídico y supervisión técnica que las hará más eficientes y científicas en la persecución del delito, con salvaguarda de los derechos humanos y el exacto respeto a la Constitución. De lo contrario, sus actuaciones serán declaradas nulas por los tribunales.
Aun cuando en el papel la reforma legal es de mucha importancia y es considerada un modelo para el resto del mundo (19 de 26 países latinoamericanos están en procesos de reforma legal e institucional del sistema penal), el problema humano no ha sido satisfactoriamente resuelto. En ello el rol de la educación es fundamental. También lo es el liderazgo que se ejerza en las reformas penales.
Estamos en emergencia: la reforma del sistema penal no puede esperar más. La sociedad la necesita con urgencia. El pueblo tiene sed de justicia. Los presos reclaman un trato digno y justo. La comunidad jurídica se ha dado cuenta de la importancia de la reforma del COPP. El mundo nos observa con atención: el proceso de cambio está en marcha y es indetenible.
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