En Ascuas
El próximo 23 se instalará el nuevo Congreso de la República electo en los comicios efectuados el pasado 8 de noviembre. Conforme a los resultados oficiales será una legislatura plural donde estarán representadas la mayor parte de las organizaciones políticas que compitieron en el proceso electoral de 1998 y que culminó con la escogencia de un nuevo presidente de la república el domingo 6 de diciembre. La integración del nuevo Poder Legislativo es la mejor demostración de que el electorado venezolano, en ese caso, se condujo con la madurez que reclamaba la situación política, otorgándole un claro mandato de legitimidad y representatividad, en el Senado y en la Cámara de Diputados, a quienes estaban identificados no solamente con los partidos tradicionales (es el caso de AD , Copei y el MAS, en primer término) sino también las nuevas agrupaciones de amplio respaldo popular, como el MVR, por ejemplo y el PV.
El proceso de cambio, virtualmente ofrecido por la totalidad de las colectividades políticas que se presentaron en el torneo electoral, resultó así aceptado por todo el país político y, por supuesto por el país nacional, puesto que ninguno de los participantes pretendió llevar adelante una oferta electoral que pretendiera mantener el status vigente salvo la coincidencia generalizada en buena parte de los oferentes de que los cambios por adoptar debían sustentarse en el sistema democrático de gobierno, en un ambiente de paz y libertad, similar al que los venezolanos hemos conocido, de una u otra forma, a partir del derrocamiento de la última dictadura en 1958.
El comentario precedente es necesario resaltarlo porque, abstracción hecha de los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones políticas, no hay la menor duda que el pueblo venezolano, a través de los comicios realizados, dio una clara demostración de su apoyo a la democracia y al régimen de libertades que la sustenta, por lo que los nuevos funcionarios, cualquiera sea la rama del poder nacional donde vayan a actuar en la gestión que les corresponda, deberán conducirse con el más estricto apego a las formas políticas que derivan de las prácticas democráticas de gobierno, en cuenta las relaciones de mutuo respeto que deben existir entre las distintas ramas del poder público.
Señalo lo anterior porque la intervención del nuevo Jefe del Estado, en el acto de su proclamación por el CNE, al hacer mención del tan traído y llevado asunto del referendo como paso previo a la convocatoria de la instancia constituyente, dejó muy claramente establecido que el Legislativo, un poder tan soberano y legítimo como el propio ejecutivo, disponía de un plazo perentorio, a partir de su instalación, para adoptar la reforma que sea del caso con miras a insertar en la Constitución vigente la figura consultiva ya señalada, indispensable para algunos, a fin de legitimar el siguiente paso. No hay duda que esta actitud del primer mandatario electo contradice lo dicho en otras declaraciones suyas sobre el mismo tema, que ha hecho reaccionar favorablemente a la colectividad en general y, en particular a la mayoría de los analistas políticos, entusiasmados estos últimos con las promesas de apertura democrática del nuevo régimen.
La contradicción es mayor si se observa que lo propuesto por el vocero más calificado del presidente electo en el asunto en cuestión, en ninguna parte asoma la fijación de plazo alguno al Congreso de la República para la reforma que se requiere. Cabe preguntarse, por ello, cuál es en definitiva el criterio del nuevo gobierno sobre el particular.
Me inclino por creer que la sensatez, en este primer asunto de innegable trascendencia, terminará por imponerse a fin de no crear un innecesario conflicto de poderes ya que el Congreso de la República deberá atender las funciones que le son propias conforme al ordenamiento jurídico vigente, entre ellas legislar respecto a este punto que ha despertado tanta sensibilidad en todo el país, ya que fue leit-motiv de la campaña electoral por parte del Polo Patriótico, creando de suyo en grandes sectores del electorado unas expectativas que no tienen relación alguna con la tarea que deberá cumplir la instancia constituyente.
Al momento de escribir este comentario, el tema continúa suscitando el mayor interés a nivel nacional. Sin entrar a analizar las diferentes propuestas que el mismo ha generado, pues no es ese el objeto de este trabajo, es importante señalar, en cambio, que la decisión que en definitiva se adopte requiere a la par extrema maduración y consiguiente ponderación para asegurar el clima de paz y armonía, en un entorno democrático, al que aspiramos todos los venezolanos.
La prisa normalmente no es recurso que facilite la toma de decisiones en el plano político. Antes por el contrario, contribuye a enturbiar la situación y crea dificultades innecesarias. Quienes al través de los años hemos actuado en el plano político, concretamente en el sector público, con desigual fortuna, pero permanentemente comprometidos con el credo democrático y la honestidad administrativa, estamos conscientes del valor supremo que representa el diálogo como herramienta indispensable de la negociación. Promoverlo, por tanto, debe ser la consigna de los nuevos gobernantes. De hacerlo, los acuerdos que se alcancen serán positivos. Por el contrario, alejarse del diálogo como práctica e instrumento cotidianos aconsejables, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso para una acción de gobierno.
