¿Pagará el gobierno su deuda externa? por Blanca Vera Azaf

Nunca hubo duda alguna sobre la voluntad y capacidad de pago del gobierno venezolano de su deuda soberana, y mucho menos que Petróleos de Venezuela pudiera dejar a un lado la cancelación de sus compromisos externos. Pero los imponderables es lo único seguro en la economía y la caída de los precios del petróleo desnudó la realidad de la ingeniería financiera que por años impulsó el Socialismo del Siglo XXI. El choque externo –en palabras del Ejecutivo – o  el despilfarro y la corrupción -según las cifras a la vista- han llevado al gobierno de Nicolás Maduro a declarar palabras más, palabras menos que “No hay real”.

Los hacedores de las decisiones económica desde los tiempos de Tobías Nóbrega ejecutaron una política de endeudamiento a partir del paro petrolero, como una vía para conseguir dinero fresco en momentos en que la tesorería estaba quebrada. Con el tiempo, el gusto por las emisiones de bonos se fue expandiendo y la ingeniería financiera haciéndose más sofisticada. Por allí pasaron como tesoreros Alejandro Andrade y Carmen Meléndez; y como ministros Rafael Isea, Nelson Merentes, y Rodolfo Marco Torres por sólo nombrar algunos.

En el caso de Pdvsa, Rafael Ramírez, fue agresivo y logró la mayor emisión de la historia por casi 4,5 millardos de dólares en tiempos en los que las desaparecidas casas de bolsa fueron una opción de respiro para una economía cercada por el control de cambio.

Con la llegada de la bonanza los precios del barril de crudo superaron los 100 dólares y la fortuna lograda llegó a representar 300% del producto interno bruto (cantidad de bienes y servicios que produce una nación en un año) del país, según cálculos del economista y profesor Francisco Monaldi. Un chorro de recursos de tal magnitud parecía inagotable -como el petróleo- pero en menos de tres años las arcas quedaron arrasadas.

¿Cuánto se debe?

Los años 2016 y 2017 tienen fuertes compromisos de pago. Cuando se analiza la tabla de las acreencias se observa que en el caso de la República el monto total a cancelar en febrero por el vencimiento del bono Venezuela 2016 suma 1,5 millardos de dólares. Sin embargo, fuentes extraoficiales han señalado que de este total al menos 900 millones de dólares no están en manos de los inversionistas sino del Fondo de Pensiones de Pdvsa.

Adicionalmente, la República debe pagar tres millardos de dólares por los cupones de los 18 bonos emitidos hasta el año 2038 cuando se vence el último papel. Es así como la República debe honrar a lo largo de este año 4,5 millardos de dólares en total.

Petróleos de Venezuela, por su parte, debe cancelar este año 3,24 millardos de dólares por el vencimiento de su Petrobono y otros 5,5 millardos de dólares a lo largo del año por el pago de los cupones de sus otros 16 títulos. En total la República y Pdvsa deben honrar el pago de la deuda por 10 millardos de dólares aproximadamente. Para el año 2017 los compromisos son por un monto similar al de este año.

¿Se justifica este pago?

Largos informes se han escrito en los últimos meses desde los escritorios de los analistas internacionales y nacionales empapados en el tema de la deuda externa. No es misterio para nadie que los inversionistas han logrado obtener una alta rentabilidad con los papeles de la República y de Pdvsa a lo largo del tiempo, pero la nación y la industria petrolera también habían salido airosas del juego hasta que llegó el momento en que se trancó con la caída de los precios de las materias primas.

Si bien es cierto que la prima de riesgo de la deuda venezolana es muy alta por el castigo que imponen las calificadoras a los bonos “made in Venezuela”, también lo es el hecho de que esas mismas calificadoras no han servido de mucho a la hora de predecir eventos de impago. Ni siquiera pudieron adelantarse a lo que fue el inicio de la crisis de las hipotecas subprimes en octubre de 2007 que inundó los llamados países desarrollados.

Lo que sí se sabe es que el temor que estas empresas calificadoras le han tenido al chavismo -por la incertidumbre política- ha traído como consecuencia que la nación y la petrolera estatal tuvieran que ofrecer cupones a precios record en el mundo para poder atraer inversionistas. En contraste, ni la República ni Pdvsa han dejado de pagar ni un solo centavo jamás.

En  momentos en que la botija está vacía y no existe un fondo de estabilización para poder amortizar el choque de la caída de los precios del crudo, para el modelo de una economía monoproductora atacada por los flagelos del derroche y la corrupción las opciones se han agotado.

Ha habido –incluso- un debate ético que coloca sobre una balanza la importancia de utilizar 10 millardos de dólares para pagar la deuda a inversionistas o comprar comida y medicinas.

En Venezuela esta discusión no puede separarse del hecho de que esta es una economía sumida en controles de cambio y precios, con una burocracia que por 17 años ha manejado las roscas de las importaciones públicas y privadas. De allí que causa escalofrío pensar que esos 10 millardos de dólares podrían más bien desaparecer o ser despilfarrados. Hay quienes piensan que destinarlos al pago de la deuda al menos garantiza que llegarán a buen puerto, pues los recursos no se “perderán” en el camino.

Pero desde el punto de vista de las necesidades es un crimen que nuestros enfermos mueran por falta de medicamentos. Como también lo es el hecho de que nuestros niños no consuman sino una comida diaria debido al desabastecimiento generalizado de las redes públicas; así como de la imposibilidad de las redes privadas de poder suplir a la población por las enormes deudas con  proveedores de insumos, empresas navales, y de almacenamiento.

Si el gobierno declarara el default de la deuda externa con seguridad esas divisas no serán destinadas al sector privado, sino a las importaciones públicas de alimentos. Seguramente una porción de esos recursos también será destinada para el sector farmacéutico pero queda bien claro que tales desembolsos serán tan solo paños calientes.

En el mediano plazo, ese posible que el evento de default traerá serias consecuencias para Pdvsa por ejemplo, cuyos activos externos pueden ser embargados incluidos los buques petroleros.

Para la República también significaría un inconveniente desde el punto de vista de las transacciones que se han estado llevando a cabo con activos; tales como los swap con respaldo en oro que el Banco Central de Venezuela ha adelantado con la banca internacional. Esas operaciones podrían paralizarse por temor a que no se honrara el pago. Son estos simples ejemplos de las complicaciones prácticas que una cesación de pago de la deuda podrían acarrear.

Ahora bien, si la estrategia política del gobierno es profundizar su radicalización en momentos en los que se vea cercado políticamente, utilizar la excusa del default para culpar a la oposición por no permitirle -por ejemplo- decretar la emergencia económica, podría ser una estrategia perfectamente posible.

De ser así olvídese de todos los argumentos antes expuestos. Si la agenda política es la radicalización, cualquier argumento que pueda exponer el actual ministro de Economía, Banca y Finanzas, Rodolfo Medina; o el ministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, será dejado a un lado.

Sin embargo, falta una pieza para terminar de armar el rompecabezas de la deuda externa en Venezuela. Tal pieza tiene que ver con el llamado status quo. Se equivocan quienes piensan que los tenedores de papeles de Pdvsa y de la República son sólo inversionistas que están sentados frente a los monitores de Bloomberg  en Londres, Nueva York, Frankfurt, Sydney o Hong Kong.

Un evento de default también afectaría la cartera de inversiones de importantes boliburgueses y funcionarios del gobierno que a nombre propio o de sus testaferros han participado en esa piñata que ha sido la emisión de bonos venezolanos.

La pregunta que habría que hacerse es si el gobierno sería capaz de  radicalizarse tanto hasta llegar al punto de ir en contra de su propio status quo.