Lloviendo sobre mojado
No debe llamar la atención que el Bloque de Prensa, Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas hayan coincidido en asumir idéntica posición en el caso que afecta al semanario La Razón y, específicamente, a su editor y director, pues de lo que se trata esta vez es que las persistentes amenazas a la libertad de expresión por parte del oficialismo ya pasaron de los dichos a los hechos.
Desde que se inició el actual período de gobierno, no han cesado las agresiones verbales por parte del jefe del Estado contra los medios de comunicación. El argumento central de la diatriba cotidiana a cargo del primer magistrado, en la generalidad de los casos, consiste en identificar a la comunidad de propietarios de los órganos de prensa, radio y televisión, sin mayores excepciones, como oligarcas encubiertos que conspiran contra los intereses superiores de la revolución bolivariana y contra el proceso de cambios en paz y democracia que se propone establecer la V República en beneficio del “soberano”.
El régimen se precia de respetar la libertad de expresión y exhibe como prenda de tal afirmación que los medios disfrutan de garantías reales al respecto. Sin embargo, no hay tal. Aparte de lo sucedido con La Razón, cuyo desenlace no es posible adelantarlo por razones obvias, es necesario comentar el significado ominoso de una de las más recientes intervenciones públicas del primer magistrado cuando dijo que no descartaba entablar demanda por difamación o injuria contra algún periodista o contra algún medio de comunicación. Se trata de un anuncio destinado a sembrar el temor entre quienes, en razón de su oficio, producen materiales noticiosos e informativos que deben estar invariablemente ceñidos a la verdad so pena de falsear principios éticos que son esenciales al ejercicio de la libertad de expresión. Por ello es diferente, contrapuesta si se quiere, la óptica del poder en relación a la información frente a la que apropiadamente tiene el universo mediático. Armonizar una y otra es función que, en primer lugar, le corresponde cumplir al oficialismo en un régimen auténticamente democrático, respetuoso de los derechos y garantías que, en ese campo, derivan del pleno acatamiento al estado de derecho y de los correspondientes instrumentos jurídicos vigentes. Que no es el caso venezolano, como ha quedado demostrado con claridad meridiana durante los 17 meses de la actual gestión presidencial, pródigos en episodios de enfrentamientos entre los medios y el Presidente de la República.
Los comentarios precedentes dan pie para adelantar una opinión adversa a quienes ingenuamente estiman que, si los resultados electorales favorecen las pretensiones relegitimadoras del primer magistrado, el panorama para los medios se transformará, de modo tal que la relación con el poder dejará de ser compleja y espinosa como en la actualidad. Me permito dudar de esa visión optimista y, antes por lo contrario, no descarto que después del 30 de julio comience un proceso de intervención abierta o disimulada del universo mediático y aparezcan iniciativas hasta ahora inéditas en nuestro país destinadas a favorecer el control de algunos medios por parte del oficialismo. Experiencias al respecto en otros países, que no requieren detallarse pero que son de fácil comprobación, permiten concluir que no son precisamente los regímenes autoritarios y personalistas, cuyo sostén básico descansa en el militarismo y en el populismo, los que privilegien la libertad de expresión y garanticen el ejercicio irrestricto del derecho a la información.
