De lo jurídico a lo político
Cada vez que escuchamos que las conveniencias políticas están por encima de la realidad jurídica se nos crispan los pocos cabellos que nos quedan. Las actuaciones de los factores políticos, muy especialmente los del régimen que nos ha destruido, nos cubren de vergüenza y de tristeza. Cuando vemos que la que suponemos, máxima autoridad jurídica, léase el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dicta una sentencia que respalda, sin razones ni motivos, porque le ordenan desde el palacio de misia Jacinta, la posición del partido comunista de gobierno, el PSUV, y vence las reclamaciones de la oposición o de quienes adversamos al régimen, nos rompemos tanto de indignación y rabia como de llanto.
El paroxismo lo hemos alcanzado en estos últimos días cuando a pesar de la urgencia inaplazable de las necesidades de TODA la sociedad venezolana, el régimen se ha dedicado a tratar de interferir los resultados de la consulta electoral decembrina y a forzar a los muy mayoritarios miembros de la Asamblea Nacional a ocuparse de una fratricida lucha política en vez de dedicarse, ambos, a construir a una Venezuela vivible, tal como lo reclaman todos los sectores nacionales.
El régimen que nos ha destruido ha introducido ante la Asamblea Nacional un decreto que, de acuerdo al título, tiene como objetivo fundamental la resolución de las penurias económicas y sociales de la colectividad. Cuando lo leemos, entendemos que el gobierno aspira, no solo a seguir mandando con toda la arbitrariedad posible o imposible, sino que aspira adelantar la peregrina acción de anular tanto la función reguladora como la función legislativa de la Asamblea, que ahora y después de muy largos diecisiete años, está controlada por representantes de la colectividad que se le opone.
Pareciera que la intención, de amplio tinte político, solo aspira a colocar a la Asamblea en un disparadero, si lo aprueba, se convierte en respaldo y hasta cómplice de las medidas que se estipulan en las consideraciones del texto, si lo rechaza, de acuerdo al ordenamiento jurídico, toma la posición de culpable por no permitir las acciones del gobierno que pondrían, en teoría, en mejor situación la problemática económica y social de la ciudadanía.
Sorpresa nos hemos llevado hoy (martes 19 de enero), cuando nos enteramos que el “estudio” que da respaldo al decreto propuesto, ha sido preparado por un organismos muy cercano al partido español PODEMOS y que cuenta en su elenco de “investigadores” con el flamante nuevo zar de la economía venezolana. Esta organización, que ha cobrado un sustancioso cheque del BCV, está radicada en Ecuador.
Diera la impresión de que el régimen que nos ha destruido, ante los cambios que se adelantan en Cuba, pretende ahora sustentar su mesa de poder tanto en el Ecuador de Rafael Correa, como en la comunista organización de Pablo Iglesias en España.
Nos preocupa sobremanera lo que percibimos, pareciera que la sociedad venezolana, tal como lo predicó Simón Bolívar, se está acostumbrando a ser explotada por una organización presidencialista que durante muy largos diecisiete años ha dictado leyes y decretos que han desformado radicalmente el ordenamiento jurídico de la nación y por si eso lo resultase poco, o mejor dicho, para que eso fuera posible, ha desinstitucionalizado todas las instancias del poder judicial.
Hace falta que la moral reaparezca. Dentro de la destrucción del país, el peor capitulo lo llena el tema de la destrucción de la moral del venezolano. La lista de violaciones al decoro y las buenas costumbres, llevarían al cementerio al más corrido sacerdote de otras latitudes. Y no hablamos de los principios que dicta la iglesia católica, nos referimos a los que debe atender y cumplir la ciudadanía de cualquier grupo humano que atienda dictados de cualquier organización respetable, sea religiosa o de otra índole.
Terminemos esta filípica, hubiésemos preferido dedicar este espacio, como hemos hecho casi todos los comienzos de año, a especular sobre un futuro promisor, de triunfos y de una vida grata, no es lo que se nos avecina.
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