Inconsistencias castrenses
Para bien o para mal, es un hecho evidente que en la V República la institución armada ha cobrado un papel protagónico. Y esa situación tiende a acentuarse en la misma medida en que el poder civil se debilita como consecuencia de las nuevas realidades políticas. Baste señalar que el proceso de militarización de la administración pública luce indetenible y que la politización de la Fuerza Armada Nacional se manifiesta de forma sobresaliente a través de diversas acciones. Sin embargo, también se aprecian distanciamientos diversos que justifican la formulación de algunos comentarios puntuales, como los que aquí se recogen.
Después del salto institucional que significó el abandono de la doctrina militar consagrada por la Constitución de 1961 (“…Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante…”) para reemplazarla por la contenida en los artículos 328, 329, 330 y 331 de la Constitución Bolivariana que, entre otros aspectos, ignora que la “no deliberancia” es condición sine qua non del poder armado, era fácil colegir que, en adelante, a los integrantes de las diversas fuerzas (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional) les estaría permitido comportarse políticamente como lo hacen quienes no visten uniforme. Pero, al parecer, no es así y, por ello, comienzan a presentarse incoherencias que, en definitiva, afectarán a la institución.
Por un lado, el presidente de la República estimula a la oficialidad para que quienes así lo estimen oportuno, declaren sobre sus inquietudes profesionales a través de los medios de comunicación. Pero, de seguidas, el Comandante General del Ejército, por una parte y, por la otra, el titular de Relaciones Interiores y Justicia, precisan que no estará permitido a los militares activos opinar sobre temas políticos, a menos que soliciten la baja correspondiente. ¿Quién tiene la razón? Para avivar la candela, el jefe del Estado, a propósito del tan llevado y traido video que el gobierno pretendía ocultar, le dice a la población y, en particular al capitán de la Guardia Nacional y a cualesquiera otros oficiales involucrados en el caso, que si alguien sabe de conspiraciones militares es precisamente él mismo, con lo cual no se sabe si con su actitud trata de cerrar el paso a futuros golpistas o, simplemente, exhibir su singular experticia sobre el particular.
En todo caso, comienzan a presentarse fisuras, de mayor o menor grado, en una institución respetable, asociada e identificada, quieras que no, con la estabilidad política que disfrutó el país durante los cuatro decenios de vigencia de la democracia representativa. Ahora, bajo el régimen de la revolución bolivariana, cuestionado el apoliticismo de la Fuerza Armada Nacional y, más bien, privilegiada la politización de la misma, surgen serias dudas respecto a la capacidad del oficialismo para garantizar la gobernabilidad y el funcionamiento de los mecanismos consustanciales a la democracia participativa, solidaria, protagónica y plural, los cuales, de suyo, no tienen vínculo alguno con el autoritarismo, el militarismo y el personalismo, como rasgos distintivos del proyecto político que trata de imponer el presidente de la República.
