Burla participativa
Se perdió la excelente oportunidad que se presentaba para mostrar algunos aspectos de la democracia participativa en acción. En efecto, a propósito de la fijación de una nueva fecha para efectuar la frustrada megaelección, el país nacional estaba muy pendiente del comportamiento de los diferentes segmentos del país político para observar, en particular, la conducta del oficialismo al respecto.
Desafortunadamente, los resultados alcanzados no permiten expresar optimismo alguno puesto que la actitud del presidente de la Comisión Legislativa Nacional (vulgo “Congresillo”) dio a entender, desde un comienzo, que la decisión sobre la materia estaba ya adoptada y que lo único que restaba era proceder a sancionarla debidamente, como ocurrió. En el entre tanto, como maniobras distraccionistas, pendiente el veredicto, se esperaba un informe “técnico” que presentarían las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y se estimulaba, a través de declaraciones de diferentes voceros del oficialismo, un hipotético acercamiento con sectores políticos identificados con la dispersa oposición al régimen. La mascarada progresó hasta arribar a límites impensados e insospechados como lo es la negociación de un posible acuerdo entre el MVR y AD de cara a la justa electoral pendiente.
Ha quedado así en evidencia que la tan pregonada democracia participativa no es tal y, que más bien, sería preferible hablar de una “burla participativa” pues no de otra manera debiera calificarse lo acontecido. Ahora, lo que va suceder es que se realizará un primer tramo de elecciones en una fecha inconveniente (30 de julio) cuando ya se ha iniciado el período de vacaciones escolares, por lo cual no es descartable que el índice de abstención seguramente crecerá y, como para el segundo tramo (1° de octubre) se votará parcialmente para integrantes del poder municipal, igualmente la abstención, como ha sido tradicional en nuestro país en ese particular, aparecerá y marcará el desinterés de los electores en ese campo, afectando los criterios aceptados en cuanto a legitimidad y gobernabilidad.
Así pues, las perspectivas políticas no lucen favorables para contribuir al rescate del maltratado Estado de derecho de hoy y al establecimiento de una sociedad genuinamente democrática, participativa y protagónica como, entre otros rasgos, la describe la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo lo contrario, se han desvanecido las esperanzas que surgieron a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por la cual fueron suspendidas las elecciones del 28 de mayo. Se creyó entonces, mediando al respecto una apreciable dosis de ingenuidad, que en el futuro cercano el régimen tomaría en cuenta el parecer de la sociedad civil para la continuación y culminación del proceso electoral relegitimador. Si algo se avanzó, tímidamente, con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, la obligada marcha atrás no se hizo esperar con la determinación adoptada de elecciones separadas en las fechas escogidas originalmente por el presidente de la CLN quien, en una inocultable tarea de “ablandamiento” se consagró durante varios días a declarar sobre el tema, indicando sus preferencias al respecto y no dejando al CNE posibilidad alguna de discrepar. De allí, los resultados de una cuestionable actuación oficial que se muestra bien alejada de los procedimientos democráticos.
