Exfuncionario del Seniat fue condenado por corrupción en Táchira
Fue condenado a cuatro años de prisión el exfuncionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de la Región Los Andes, Silfredo Alí Rojas Márquez (43), quien admitió el cobro de 400 mil bolívares a una contribuyente para tramitarle su declaración sucesoral, documento que entregó con un número de solvencia falso.
El 10 de septiembre, la Gerencia del Seniat que funciona en esa región andina denunció ante la Fiscalía 23ª del Táchira una situación irregular relacionada con el trámite de una declaración sucesoral presentada por una contribuyente.
Tras una investigación coordinada por el Ministerio Público (MP), se logró determinar que el funcionario cobró la cantidad de 400 mil bolívares por esa gestión, y otorgó el número de certificado de solvencia sucesoral correspondiente a otra sucesión.
En virtud de tal situación, la representante del Ministerio Público solicitó al referido tribunal una orden de aprehensión contra Rojas Márquez, quien fue detenido el 15 de octubre, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en las cercanías de su residencia ubicada en el sector Palo Gordo, municipio Cárdenas del estado Táchira.
Tal situación ilícita fue denunciada el 10 de septiembre de 2015 ante el Ministerio Público en el estado Táchira.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal 23ª auxiliar de esa jurisdicción, Ana María Hernández, ratificó la acusación contra Rojas Márquez por los delitos de corrupción propia agravada y expedición indebida de certificaciones falsas, ambos tipos penales previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción.
Luego de la admisión de hechos por parte del funcionario del citado ente tributario nacional, el Tribunal 1º de Control de ese estado dictó la mencionada sentencia condenatoria contra Rojas Márquez, a quien la instancia judicial le acordó medidas cautelares consistentes en la presentación cada 30 días.
Adicionalmente, se le ordenó el pago de una multa equivalente a la suma del dinero recibido por el trámite irregular y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el periodo de tiempo establecido en su pena.
