La carreta delante de los bueyes
He dicho, apelando a mi experiencia personal, que todo Estado reclama de un servicio de inteligencia eficaz. Sin información oportuna y procesada los miembros de un gobierno no hacen otra cosa que darle palos ciegos a la piñata.
Por lo mismo, salude con beneplácito la idea de la reconversión de la DISIP y el propuesto despeje, dentro de la misma, de las actividades propias de la policía abierta. Los anuncios realizados por el Gobierno apuntaban, aparentemente, en tal sentido.
Además, la aprobación del último texto constitucional -del que he discrepado- fijo un rumbo claro para atender esta materia tan sensible. Redujo los cuerpos de policía, sustancialmente, a dos: la policía nacional y la policía criminal. En aquel se omitió mencionar, quizá por la motivación aludida, la tarea de inteligencia como supuesto para la reedición de un cuerpo similar a la DISIP.
Por el contrario, los constituyentes decidieron asignarle a un Consejo de Defensa de la Nación la responsabilidad suprema como órgano rector de la seguridad nacional. Y el mencionado CDN – que preside el Jefe del Estado y se integra con las cabezas de los demás poderes públicos y los ministros competentes por el ramo, en particular los del Interior y Defensa-, en teoría, habrá de establecer, una vez se dicte su ley orgánica, el concepto estratégico de nación. Y, de consiguiente, recomendar las necesidades que en el ámbito de la inteligencia y de la contrainteligencia sea necesario satisfacer
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El Congresillo, antes bien, decidió poner la carreta delante de los bueyes y sancionó, anticipadamente, una ley sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, que a su vez olvida y desprecia deliberadamente al CDN. Y lo que es peor, (re)crear un(a) novel SN: el Servicio Nacional de Seguridad.
En suma, nuestro «petit parlement» borró de un plumazo y por la vía de los hechos una orden constitucional. En su defecto, procedió a crear un cuerpo «armado» de espionaje y de contraespionaje, sujeto a la autoridad única del Jefe del SNS, bajo cuyo mando se unen todos los subsistemas -militar, civil, político, criminal- y quien, «baypaseando» a todos los Ministros del área, recibirá instrucciones sólo del Presidente. Por si fuera poco, tendrá potestad para «averiguar» y «actuar» en todas las áreas de vida nacional, sin excepción: la militar, la política, la educacional, la ambiental, la social, la comunicacional, etc.
Extrañamente, la norma que dentro del proyecto decía que la función de tal cuerpo habría de ser la salvaguarda del orden constitucional y de las libertades democráticas, desapareció entre los recovecos del Palacio Legislativo.
(*) jurista y exministro del Interior
