Los dilemas y desafios del ejército gubernamental
En los umbrales del siglo XXI, las sociedades latinoamericanas avanzan en una profunda transformación de sus estructuras y organizaciones políticas, económicas y sociales, merece señalarse que no se trata de fenómenos aislados y coyunturales. Conforman procesos estructurales que socavan los fundamentos de la dominación política y el control social, trastornan los principios de la autoridad, jerarquías e instituciones políticas.
En fin las estructuras e instituciones políticas y sociales asisten a la irrupción de nuevas razones, normas, practicas políticas y parámetros de interacción social que cuestionan los códigos y valores existentes, e igualmente desarticulan y modifican las relaciones y ordenes, entre los individuos y las instituciones en todas las esferas de la vida en sociedad, con el denominador común de contar cada vez más con mayores problemas y déficits en materia del ejercicio gubernamental y menores recursos humanos y económicos, junto a la fragmentación del campo político tanto de sus unidades políticas como de sus actores políticos.
Por consiguiente, encontramos que lograr escenarios de cierta calidad y gobernabilidad de nuestros gobiernos en sus distintos niveles, se hace cada vez más cuesta arriba. No olvidemos que en el delicado y exigente EJERCICIO DEL GOBIERNO y en la propia gestión pública, inciden un conjunto amplio de variables y fenómenos de diversa índole que oscilan desde la complejidad jurídica, la inflexibilidad administrativa y presupuestal, pasando lamentablemente por la persistencia de fuertes burocracias, relaciones clientelares y prácticas de corrupción, hasta la interferencia de entes externos en la gestiones locales y un deterioro cada vez mayor de la política y del perfil de nuestros dirigentes y conductores en el ámbito local, regional y nacional.
Frente a esta realidad y circunstancias en la que observamos un REORDENAMIENTO de la política, de sus actores, de los ámbitos y competencias del poder, aunado a la escasez de recursos humanos y económicos por una lado, acompañado del aumento considerable de las demandas y problemas a nivel de nuestra ciudadanía conforman nuestra actual realidad.
Siendo así y con estos antecedentes y realidades, estamos ganados aparte de una necesaria CRÍTICA A LOS ACTORES Y FORMAS DE HACER POLÍTICA, de asumir una actitud de demandar un mayor nivel y manejo de las competencias y recursos de parte de quienes no deben dirigir, buscando con ello y sin caer en idealismos románticos, conformar mejores cuadros políticos dirigentes, es decir, políticos mejores y más capaces en todo el sentido de la palabra, pues la realidad deja ver que nuestros gobernantes no satisfacen ni cubren las expectativas, aparecen inferiores frente a las exigencias del gobierno
En el nuevo tejido y en los nuevos escenarios, se requieren nuevas actitudes, y nuevas mentalidades de los gobernantes, de los burócratas y de los propios ciudadanos hacia la gestión de los recursos y las políticas públicas, y de las organizaciones políticas y sociales hacia las relaciones de poder inmersas en el Estado
Asimismo, debemos de partir de la premisa (sin caer en academicismos) de que nuestros líderes y conductores, aparte de ser políticos, deben más que en ningún otro momento convertirse y desenvolverse dentro de los parámetros de la llamada “gerencia”; Es decir, el político medio se transforma en un gerente, planeador, planificador y ejecutor de propuestas y soluciones por un lado, así como también en un administrador de problemas, deficiencias y demandas de diversos sectores y diversa naturaleza.
Los desafíos y exigencias de nuestras administraciones públicas y de nuestras comunidades locales y ámbitos nacionales, ciertamente, desbordan toda reflexión, no sólo por la carencia y escasez de recursos de diverso tipo, sino por los cambios e impactos de procesos y fenómenos que replantean desde los patrones de producción y reproducción, los esquemas y modelos económicos, pasando por el desarrollo de nuevas prácticas políticas, agencias, hasta el desarrollo indetenible de dinámicas globalizantes. De manera que la velocidad y contundencia de las mutaciones y cambios vistos, han resquebrajado y por ende replanteado los principios y parámetros tradicionales que contábamos para el ejercicio gubernamental y gestión pública.
Los ciudadanos demandan cada vez más, propuestas y soluciones a sus problemas, no olvidando que los gobiernos nacionales (y Chávez no es la excepción) se siguen mostrando incapaces para conducir reformas y por sobre todo adecuar sus estructuras de dirección, planificación y operación, los dispositivos gubernamentales, y los propios recursos institucionales económicos y humanos, a las nuevas realidades y dinámicas entre la sociedad y el Estado, entre el Mercado y el Estado, entre la economía y la política.
En el nivel local la situación no difiere mucho de la planteada a nivel nacional, sin embargo, el papel a desarrollar por nuestros gobiernos locales (alcaldes y gobernadores) será vital y decisivo para el mantenimiento de la gobernabilidad y desarrollo democrático, pero esto necesariamente debe ir acompañado de procesos de reforma, mejoramiento y optimización de nuestras instituciones, procesos y conductores.
No olvidemos que, la gubernamentalización se concreta como un proceso, que en primer lugar, reconstituye y privilegia los contenidos políticos o, más precisamente, de poder político, que debe regir el ejercicio de gobierno reafirmando su doble carácter como unida dotada de poder político y como unidad generadora de poder político.
Sin embargo, la tendencia observada de hetoregeidad estructural se profundiza y extiende a todos los ámbitos de nuestra sociedad. La precariedad del poder y la dislocación institucional emergen como rasgos de una situación que estalla, ante la cada vez mayor multiplicidad y complejidad de las relaciones sociales y la más activa conflictividad de la acción colectiva.
Finalmente y complementando lo anterior encontramos un escenario dominado por la incertidumbre política del PROYECTO CHAVISTA, la inmovilidad institucional y deterioro acelerado de nuestro nivel de vida e indicadores socioeconómicos, conforman los rasgos distintivos de la Venezuela del 2000, o mal llamada oficialmente República Bolivariana de Venezuela en la que se tienden a privilegiar lo coyuntural sobre lo estructural, lo aparente sobre o esencial, lo temporal y mediático sobre lo histórico y racional, la ruptura sobre la conciliación y construcción, y la fascinación y el populismo trasnochado sobre la objetividad y la eficiencia, lo cual lamentablemente no permite trascender lo inmediato.
