Caso DDHH en Vargas pone en juego credibilidad de la V República

En el siglo pasado fungió de Procurador de la República, hoy en el nuevo milenio estrena el cargo de fiscal con la tarea de defender los derechos de los ciudadanos en cuanto a la celeridad y transparencia de la administración de justicia y vigilar el comportamiento de los funcionarios del sector público, es decir, frenar la corrupción.

El Fiscal Javier Elechiguerra recibe al jefe de redacción, William Becerra y al periodista en su despacho, aquel que usaron los banqueros acusados y el ex-Ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar. Es un profesional curtido para el combate, aquel que libró para defender a los oficiales del 4F, en su paso por la fiscalía en tiempos de Román Duque Corredor, acostumbrado a los «disparos periodísticos» y al fuego cruzado de la oposición, por su cercanía con el presidente Chávez, quien acostumbraba invitarlo a las sesiones del Consejo de Ministros.

– Critican su designación por el método usado para su elección, incluso hay rumores de impugnarla ante el Tribunal Supremo de Justicia.

«Ya plantearon el caso porque está cursando una solicitud de nulidad de todos los nombramientos de la ANC, incluido el Fiscal y están en su perfecto derecho y si el Tribunal Supremo dictamina la nulidad, acataremos el fallo. Me dicen que como si yo estoy impartiendo clases en las cuales resalto la legalidad, ahora esté de acuerdo con la violación de las leyes. Parece una pregunta difícil porque aquí se perdió de vista que nosotros estamos luchando por un cambio profundo en toda la institucionalidad democrática y se está haciendo por la vía pacífica. Todo el andamiaje jurídico está echo para soportarla. La nueva Constitución de la República contiene aspectos importantes, pero está ocurriendo una cosa asombrosa: hay profesores de Derecho negados a enseñar la Constitución y ello es un crimen, máxime cuando las universidades estuvieron ausentes del proceso constituyente».

Profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, Elechiguerra considera que la Carta Magna «contiene el concepto más avanzado en materia jurídica – Estado Social de Derecho y de Justicia – y es toda una estructura que establece el proceso como instrumento eficaz para el logro de la solución efectiva de un conflicto. La Constitución establece que las formas nunca podrán ser una excusa para no ir al fondo».

«Es importante una interpretación de la Corte Constitucional porque los cambios no pueden lograrse con la misma gente escogida de la misma forma. Es un interinato y pasa un segundo plano el cómo, innecesario de discutir porque de otra manera se podía afectar el proceso. Hay que apartar el cómo y ver a quien se designó, por qué y para qué. A la nueva Asamblea Nacional le corresponderá decidir sobre los nombramientos. Lo importante es trabajar como si uno fuese a estar treinta años para que el trabajo que quede sea sólido y no es momento de estar pensando en el tiempo que uno estará en el cargo».

– «¿Algún plan para combatir la corrupción?

«Estamos tomando acciones muy concretas porque la corrupción es el pan nuestro de cada día» y sería irresponsable decir que existe un gran plan, que dentro de tres años acá no se cometerán más delitos. En todos los países hay corrupción, pero lo idea es que esté en límites tolerables. Ha pasado que la corrupción ha estado amparada desde las estructuras de poder y no hay ejemplos de buenos funcionarios, se rompieron los valores de ser pobre pero honrado. El Consejo Moral Republicano tiene mucha importancia porque le asignaron la tarea contralora y mecanismos educativos para ir enseñando valores al niño. Se está trabajando para establecer un plan de protección a personas que quieran dar información. Es una de las fallas del Código Orgánico Procesal Penal.

Estima que «la Constitución establece que todo el aparato de justicia deberá orientarse hacia la búsqueda de juicios orales y públicos, la manera de obtener rápidamente la transparencia. Se hará un trabajo en cuanto a corrupción sacando primero todos los juicios pendientes en la Contraloría, Fiscalía y Corte Suprema. Se están inventariando y se actuará. A esta administración pública hay que supervisarla y atender la prevención, mediante fiscalización de los funcionarios públicos y mecanismos de control. No hay la comunicación entre entes del Estado para lograr que el funcionario se sienta controlado».

– ¿La fiscalía comenzó a investigar a los directivos sindicales?

«Se estaban haciendo desde hace tiempo por iniciativa del Estado. Las indagaciones no se avisan porque se ponen alerta los investigados. Hay gran cantidades de funcionarios públicos con bienes de fortuna que no tienen como justificarla».

– ¿De qué nivel? «Alto».

– ¿Ex presidentes, ex ministros? «Hay de todo».

– ¿Cómo se comportará la fiscalía con respecto a los casos CAP y de Jaime Lusinchi?

«Serán tratados sin ningún distingo, igual que los demás casos porque todos serán tratados iguales».

– ¿Analizó la fiscalía el último caso de Pérez?

«Se está analizando y viendo cuál fue el comportamiento de la CJS. No me atrevo a decir si fue normal en esos días».

– ¿Muchas veces más que formación, los problemas se resuelven con ejemplos de combate contra la corrupción. Tienen ustedes un caso especial?

«Si se tratan todos los casos igual, serán muchos los ejemplos. No digo que buscaré un caso porque podría caer en la tentación de inventarlo».

– ¿No le resultará conflictivo que habiendo sido el abogado del gobierno, ahora ejerce el cargo de defensor de nuestros derechos?

«El Procurador de la República es abogado del Estado y si cuando fui Procurador me comporté apegado a la ley cómo me puedo comportar distinto ahora como Fiscal cuando considere que esté en una situación en la cual la gente puede pensar que seré parcial, estaré obligado a inhibirme».

– ¿No podría, entonces, juzgar a Chávez?

«Si es por motivos del 4F, en el cual estuve involucrado, evidentemente que no, me inhibiría y convocaría al suplente. Si amerita una averiguación cumpliré con mi responsabilidad. No habría para mí ninguna diferencia entre Chávez y cualquier ciudadano. Lo importante es tomar una decisión sin ninguna presión y no me siento autocensurado».

– ¿A Chávez lo acusan de negligencia en el manejo de la tragedia?.

«A quien venga se investiga y si hay evidencias de negligencia se procesa la investigación».

– El fiscal anterior nunca procesó la petición de los ascensos militares. ¿Son los militares un tabú para la fiscalía, tienen prerrogativas?

«Para mí no hay diferencias entre civiles y militares, porque pretender que alguien trate de obtener beneficios y escudarse por una carrera, sería el caos porque lo mismo podrían sostener los restantes profesionales. En Salvaguarda siempre propuse que cuando hay situaciones de corrupción o presunción en dineros de la rama militar se pretendía entregárselo a los tribunales militares, cuando el patrimonio militar pertenece al patrimonio público. Ser militar no otorga ningún beneficio».

– ¿Investigará a los militares que denunció el Contralor saliente por manejos irregulares del Plan Bolívar 2000?

«Todas las investigaciones se harán. Si contraloría envía para acá el expediente, si una persona lo considera o se decide abrir por oficio, se investigará».

– ¿Es prioridad investigar la denuncia sobre violación de derechos humanos?

«Se trabaja la situación de Vargas porque está en juego la credibilidad o no de esta nueva República. Sería imperdonable que a nivel nacional es internacional comenzaran a decir que la fiscalía no tiene interés en investigar».

– ¿El caso Vargas podría afectar la popularidad del presidente y ser una bandera política para las próximas megaelecciones?

«Si piensan la oposición o el gobierno utilizar la tragedia como propaganda política ello no incumbe al fiscal. Mi problema es dar claridad meridiana de que toda persona que quiera denunciar, lo haga, se mantenga en secreto su denuncia y se investigue con toda la responsabilidad. El problema de los derechos humanos comporta una actitud permisiva o no de parte de quien detenta el poder, no sólo el ejecutivo sino también el fiscal. Esta situación no se puede comparar con el «Caracazo» porque allí hubo suspensión de las garantías constitucionales. Cuando un gobierno suspende las garantías puede adquirir una importancia capital en el curso de los acontecimientos. Aquí no hubo suspensión de las garantías, era una situación de nocturnidad y en un primer momento no hubo control y había bandas armadas tratando de apoderarse de los edificios y gente de los mismos disparando para defenderse. Ninguna de las personas muertas que se encuentren, debería tener un tiro y las investigaciones deben hacerse de manera transparente, sin miedo de los ciudadanos, ni amenazas. Si alguien está siendo amenazado que venga acá y hable conmigo».

– ¿Hay genocidio en Vargas?

Cuando una persona sabe que familiar lo mataron denuncia inmediatamente. Nunca he visto a un familiar negado a denunciar por miedo, un testigo a lo mejor sí. Quiero que aparezcan y denuncien.

– Si las investigaciones determinan la muerte de una persona producto de una orden superior ¿qué pasará?

«Cambiaría todo el panorama porque si se llega a demostrar que hay una orden institucional militar, evidentemente implica una responsabilidad que va más allá de cualquier acto que puede significar una pérdida de tiro o revancha. Lo importante es la posición del Estado».