¿Hay eficiencia gubernamental?

El éxito de todo Gobierno depende en gran medida de la eficiencia de su gestión, ¿Cómo se puede medir la eficiencia gubernamental?: uno de los métodos a emplear para el análisis pudiese ser la evaluación de cómo las capacidades del sistema político responden a las demandas de la Sociedad Civil, y con ello ,incluso, determinar si hay o no gobernabilidad en el país y en que grado.

En relación a las capacidades del sistema, es interesante destacar que estas pueden producir cambios en la sociedad gracias a las presiones provenientes de la élite, pero que sucede cuando nos encontramos con una élite que ni se reconoce a sí misma, o que si reconociendose no tiene capacidad de entender y de dar respuestas a una realidad cambiante. En este sentido, ¿Puede la misma sociedad presionar para que se produzcan cambios en el sistema?, ello dependera de la cultura y de que tan arraigado tengan la concepción de que forman parte del engranaje del motor de cambio, claro que ello depende de su organización, de los canales de participación y de cuan efectiva sea a la hora de materializar sus demandas o cuan efectivo es el Gobierno para canalizarlas y darles respuestas, pero en el caso de no existir voluntad gubernamental, la frustración y el descontento se harán sentir en distintas formas tarde o temprano.

En lo que respecta a las capacidades encontramos, la capacidad extractiva, según Almond y Powell, esta “se refiere a las diversas maneras en que el sistema extrae recursos materiales y humanos del ámbito interno e internacional”. El Gobierno actual sigue dependiendo del petróleo en la dinámica económica y hasta los momentos no ha encontrado fórmulas capaces de lograr la diversificación productiva, a pesar de que se plantea entre las estrategias el desarrollo del eje Orinoco-Apure; además, ha creado nuevos impuestos y la necesidad de depurar el Seniat, con el fin de obtener mayores recursos proveniente de las aduanas; sin embargo, la capacidad extractiva sigue siendo mínima, ello aunado a la carencia de una burocracia eficiente y al hecho de que la corrupción ha penetrado todas las estructuras institucionales públicas y privadas. En cuanto a su capacidad de extraer recursos del ámbito internacional, si bien es cierto que el Gobierno ha obtenido el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano, y de otros organismos económicos internacionales, también es cierto que el Gobierno hasta el momento ha generado una enorme incertidumbre política y jurídica, a tal punto que las inversiones extranjeras se han alejado al ser considerada Venezuela, incluso por las agencias de calificación, como un país de alto riesgo.

Por otra parte, el recurso humano que se esta empleando en la actual gestión pública desde los miembros del Gabinete hasta los cuadros medios, no se han caracterizado por ser eficientes, observamos con gran preocupación no sólo caos institucional y un vacio en la toma de decisiones cuando estas no provienen del primer mandatario, así como contradicciones dentro de su Gabinete, ello aunado a una gran desorganización administrativa. El Gobierno sigue con la misma práctica puntofijista que reiteradamente ha rechazado, colocando en puestos claves a amigos carentes de experiencia y sin conocimientos en el área, o con conocimientos obsoletos e incluso sin experiencia pública; si bien es cierto que se requiere de personal de confianza para ciertas labores oficiales, no es justificación para que se deje a un lado el personal capacitado simplemente por que no comulgan con el régimen. El Gobierno no ha tomado consciencia de que el Estado les quedo grande, los arropo, no ha podido lidiar con ese moustruo que es el aparato estatal, de ahí que su gestión hasta los actuales momentos sea ineficiente, ello trae consigo enormes costos y riesgos, y, a su vez, pérdida de legitimidad cuando la sociedad se percata de los errores gubernamentales, los cuales se pueden traducir en caída del empleo, bienestar, una mejor calidad de vida, oportunidades a futuro, así como la disponibilidad del Estado para proveer recursos en diferentes circunstancias.

Otra de las capacidades es la regulativa, la cual “se refiere a la capacidad del sistema de emplear la coacción legítima para controlar la conducta de los individuos y los grupos”; hasta los momentos el Gobierno ha preferido utilizar el diálogo antes que la coacción legítima, claro ejemplo de ello es cuando se produjeron las invasiones a terrenos privados y/o estatales.

La capacidad distributiva “se refiere a la asignación, por parte del sistema, de bienes, servicios, honores, status y oportunidades de diversas clases a los individuos y grupos integrantes de la sociedad”. En este sentido, el Gobierno hasta los momentos tampoco ha tenido la capacidad de diseñar estrategias económicas que permitan mejorar el nivel de vida de la población, más bien el desempleo ha subido vertiginosamente, el salario mínimo es menor al costo de la canasta básica, los servicios son ineficientes, no se ha destinado dinero al mantenimiento de las infraestructuras tan solo existe el Proyecto Bolívar 2000, que si bien es un buen instrumento de emergencia, el proyecto no puede solventar las deficiencias estructurales de los servicios que ofrece el sistema.

En cuanto a la capacidad simbólica, la cual “es la tasa corriente simbólica efectiva que fluye del sistema político a la sociedad y el ámbito internacional. Los productos simbólicos incluyen afirmaciones de los valores de las élites, desfiles y ceremonias militares (…) y declaraciones políticas formuladas por los líderes”. A mí entender esta es la capacidad que el Gobierno ha empleado con más efectividad, ello se observa de manera clara en los discursos presidenciales, claro que “su eficiencia depende en gran medida de la captación de las creencias, actitudes y aspiraciones populares”. Las creencias sirven para movilizar a los ciudadanos, ya que estas se traducen en sistemas de valores; sin embargo, hasta los momentos la capacidad simbólica solo ha servido para movilizar a la población para fines políticos más no para fines societales.

Como muy bien lo señala Almond y Powell: en tanto que las capacidades de extracción, de regulación y simbólicas son formas de describir el patrón de producción del sistema político (…) la capacidad de respuesta es una relación entre insumos y productos. En este sentido, las presiones y demandas responden más a los caprichos del Presidente y en menor medida a la clase pobre, no preocupandose demasiado por las demandas y presiones de otros sectores. En tales condiciones, la nueva élite política constituye prácticamente la única fuente de insumo político, por lo cual el sistema tiene escasa capacidad de respuesta; es vital que la oposición se organice y pueda ofrecer al país un proyecto alternativo, es necesaria también la participación activa de los grupos de intereses, ya que representarían un aumento de la capacidad de respuesta.

Asimismo, el nuevo marco jurídico pudiese aumentar la capacidad de respuesta de la actual administración, ya que se han creado nuevos mecanismos de participación y canales que permiten procesar las demandas del colectivo; de todas maneras para lograrlo se requiere un reajuste de las estructuras institucionales, pero mientras esto se materialice las demandas de la sociedad civil sobrepasan la capacidad de respuesta de las instituciones, lo cual depende a su vez de las actitudes culturales no sólo de la sociedad sino del funcionario público. Además, se sigue observando como en los buenos tiempos de AD y COPEI el hecho de que ciertos grupos tengan canales especiales de acceso a la élite política, lo que hace probable que el sistema responda sobre todo a sus demandas y no a la sociedad civil como colectivo.

Al analizar las capacidades del sistema político observamos la falta de eficiencia en la gestión pública de la actual administración, que tarde o temprano imposibilitarán la materialización de las demandas de la sociedad; si a ello le sumamos la crisis institucional que todavía persiste a pesar de los esfuerzos realizados a través del proceso constituyente; la profunda crisis de los partidos políticos; crisis en el movimiento sindical; crisis de valores y con ello pérdida de credibilidad en las instituciones y en las personas; la debilidad de la sociedad civil que de alguna manera se ha despertado pero que se manifiesta muy débil aunado al déficit de ciudadanía sobre todo de la clase media, podemos afirmar que hay signos graves de ingobernabilidad.

En este sentido, si el Gobierno en verdad quiere emprender un cambio radical, debera buscar estrategias capaces no sólo de aumentar estas capacidades, sino de crear fórmulas que incorpore a la sociedad en una democracia más participativa, aquí el juego de lealtades y los niveles de apoyo juegan un papel importante, si bien el Gobierno cuenta con el apoyo del pueblo, éste no cuenta con el beneplácito de ciertos sectores que aunque minoritarios, resultan ser que son los que permiten un mayor desarrollo no sólo del sistema político sino del económico, sin este apoyo su capacidad se vera cada vez más mermada, ya que cuenta con el clan pero no con el sistema nacional y sus fines.