La politización militar al descubierto
Bajo el subterfugio de la solicitud de baja ha quedado al descubierto la politización de la institución armada que, desde ya, anuncia que en la integración de los órganos representativos que surgirán después de la megaelección del próximo mayo, la presencia militar será determinante, consolidándose así el predominio del militarismo sobre el poder civil.
El ejemplo de los dos coroneles activos, aspirantes a sendas gobernaciones, según la información recogida por diversos medios, seguramente será imitado por otros oficiales de diferentes grados, miembros todos ellos de la Fuerza Armada Nacional, unidos en el propósito de dejar la carrera de las armas para convertirse en políticos y pasar a disputar distintos cargos dentro del amplio espectro comicial para el que ha sido convocado el soberano por la máxima autoridad electoral. A ese respecto es necesario señalar, en los términos del presente comentario, que se incurre con tal comportamiento en una nueva violación de la (%=Link(«/bitblioteca/anc/constitucion1999.asp»,»Constitución Bolivariana»)%).
En efecto, de una simple lectura del artículo 330 queda claramente establecido que a: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad”, si bien pueden ejercer el derecho al sufragio no les está permitido optar a cargos de elección popular. Pero lo que ocurre es que antes de solicitar la baja, los militares activos con pretensiones políticas desarrollan campañas proselitistas utilizando los singulares recursos de que dispone la institución a la cual sirven, como ha sido denunciado, por cierto, no por opositores al régimen sino por “patriotas bolivarianos” que ven disminuidas sus posibilidades electorales al competir en desventaja con un candidato de extracción militar.
Por otro lado, llama poderosamente la atención una reciente declaración del jefe del Estado en el sentido de que en una futura reforma constitucional debe consagrarse el derecho de los militares activos a competir para el ejercicio de cargos representativos, lo cual debe interpretarse como un reconocimiento expreso al propósito inocultable de establecer un régimen militarista que elimine cualquier vestigio que aún subsista de predominio del poder civil. Sin embargo, en ese contexto, no todo es negativo. Así, el ministro de la Defensa aprovechó una penosa circunstancia (el suicidio del presidente de la Corte Marcial) para puntualizar las diferencias existentes entre la institución armada y la actividad política propiamente dicha, una suerte de “mensaje a García” con destinatario bien identificado.
Y un nutrido grupo de oficiales en situación de retiro expuso ante la opinión pública sus criterios coincidentes en oposición a la incursión en la política de los militares activos, ocasión que estimaron oportuna los declarantes para denunciar los peligros que amenazan a la Fuerza Armada Nacional de persistir la politización promovida por el proyecto personal del primer magistrado, que incluso puede conducir a un indeseable golpe de estado de consecuencias impredecibles para la estabilidad y legitimidad constitucional.
