¿Política de Derecha o de Izquierda?

Uno de los anacronismos más nefastos es seguir insistiendo en el siglo XXI en la tipificación política de izquierda o de derecha, calificando a la primera como la expresión de todas las virtudes y a la segunda, de
todas las perfidias.

Es bueno recordar que esa dicotomía que apenas tiene menos de tres siglos, procede del debate en la Asamblea Nacional Constituyente que se origina con la Revolución Francesa de 1789 y se refería a la propuesta de un artículo en el que se establecía el veto absoluto del Rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Los diputados que estaban de acuerdo en que el monarca podía tener el derecho al veto se sentaron a la derecha del Presidente y los que querían que el Rey tuviese un poder limitado a la izquierda.

Nada tenía que ver con una concepción ideológica de cómo gobernar, ni relación alguna con la economía, ni con la propiedad privada o pública.

Esa concepción se deriva de la revolución sovietica de principios del siglo XX para contraponer a los comunistas que tomaron el poder en Rusia con un golpe de estado, a la otra expresión del totalitarismo
representada por el fascismo de Mussolini en Italia y luego la del Nacional Socialismo de Hitler en Alemania. Todas estas nuevas formas políticas tenían en común un rechazo al liberalismo del siglo XIX y
una visión absolutista en la que no cabía el concepto generado por Montesquieu de la división de poderes.

Posteriormente el término se siguió utilizando para diferenciar la mayor o menor ingerencia del Estado sobre la economía y sobre las políticas sociales.

En Venezuela esa división es una trágica caricatura de una realidad inexistente, porque los que se ufanan de ser de izquierda hoy son seguidores de la concepcion estalinista del poder. De la derecha no se califica a sí mismo propiamente nadie, siendo más bien la inmensa mayoría de los partidos políticos venezolanos de corte social demócrata o social cristiano.

En el siglo XXI lo importante no es la ideología, sino la manera de gobernar en la que lo fundamental es el respeto a un orden democrático en el que los individuos cuenten con las garantías necesarias para desarrollarse en las actividades humanas de su preferencia, sin que el Estado determine cuáles pueden ser esas y asegure que la economía crezca dando oportunidades a todos de disfrutar unas mejores
condiciones de vida.