Democracia bolivariana
A diferencia de lo que ocurre en los otros países regidos por el sistema democrático, en Venezuela se trata de construir una peculiar forma de democracia, que podría calificarse de “bolivariana”, para adaptarse así al lenguaje que complace al presidente de la República y que encuentra respaldo en ese campo a partir de la aprobación de la nueva carta fundamental. De acuerdo con el debate que precedió a la adopción del texto constitucional, la nueva democracia venezolana, según la óptica oficialista, debería ser participativa, pluralista, solidaria y protagónica, eliminándose cualquier referencia a la representatividad democrática reconocida por la fenecida Constitución de 1961.
De las características enunciadas se conservan como rasgos distintivos la participación y el pluralismo (artículo 6°), en tanto que no quedaron consignadas menciones específicas a las otras particularidades que fueron objeto de alusiones por algunos de los constituyentes, la mayor parte de las veces, sin alcanzar a convertirse en propuestas formales.
Pero la singularidad que trata de imprimirse a la democracia venezolana no pasa tanto por los atributos señalados, indistintamente de que sean o no recogidos en las respectivas disposiciones constitucionales, sino por la circunstancia, que es necesario resaltar, de los persistentes esfuerzos que realiza el jefe del Estado, en cuanta oportunidad encuentra, para denostar de los partidos políticos, cualesquiera sean sus orígenes y trayectoria, negándoles toda participación en el proyecto de reconstrucción institucional emprendido por el actual régimen, valga el decir presidencial.
Los partidos políticos, per se, son organizaciones vinculadas estrechamente a la existencia misma de la democracia. Basta examinar el funcionamiento de las sociedades democráticas modernas, tanto en el viejo como en el nuevo continente, para darse cuenta que, en todas ellas, los partidos políticos cumplen un rol destacado tanto en el campo del gobierno como en el de la oposición. En ninguna los partidos han sido eliminados, a menos que los mismos hayan desaparecido como consecuencia de sus propios errores o de crisis políticas insuperables. Por el contrario, se promueve la modernización de los existentes y no se obstaculiza el surgimiento de nuevas estructuras en ese terreno que contribuyan a dar respuestas adecuadas a las inquietudes sociopolíticas de la sociedad civil.
La antojadiza apreciación de que en Venezuela la Constitución de 1961 fue el marco apropiado para que la democracia representativa se transformara en una partidocracia clientelista y corrupta, ignora las realizaciones que, en diversos escenarios, se atribuyen a los gobiernos constitucionales que se sucedieron legítimamente durante los últimos 40 años y que, dada la naturaleza de este comentario, es imposible recoger en su totalidad y ni siquiera parcialmente. Aunque cabe señalar, en el plano estrictamente político, que está perfectamente demostrado que son los regímenes democráticos los que dan oportunidad a sus opositores para alcanzar el poder por la vía electoral, tal como se hizo evidente durante el período del llamado “puntofijismo” y como ocurrió -oportuno indicarlo- con quien hoy ejerce la primera magistratura de la nación.
De prosperar la prédica anti-partido, el futuro inmediato que aguarda a las organizaciones existentes en ese particular, tradicionales o no, será el de su virtual desaparición, por lo que la democracia bolivariana pasa a ser una experiencia inédita que servirá para poner a prueba los mecanismos de que se vale este tipo de régimen para su cabal funcionamiento. El tiempo lo dirá.
