La libertad de expresión amenazada
Los últimos días han sido pródigos en acontecimientos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Baste citar lo sucedido a los periodistas que recogieron -y dieron a la publicidad- información referente a supuestas violaciones de los derechos humanos con motivo de la emergencia ocurrida en el estado Vargas a raíz de la catástrofe provocada por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra que azotaron –y, al parecer, azotan todavía- esa región de la geografía venezolana, entre otras.
Los profesionales de la prensa responsables de las aludidas informaciones se han visto sometidos al acoso del poder, desde las expresiones destempladas y peyorativas del jefe del Estado en su acostumbrado programa radial de los domingos, hasta las extravagantemente agresivas del presidente de la (%=Link(«/bitblioteca/anc/»,»ANC»)%) (de “cloaca periodística” tildó este dirigente político las denuncias publicadas), pasando por las citaciones para acudir a la sede de la DISIP, como si la seguridad del Estado estuviera en peligro, así como también las destinadas a presionarlos para que revelaran sus fuentes informativas, en clara violación de las disposiciones legales que protegen el secreto profesional.
Otros hechos son dignos de mención, todos ellos referidos al tema que es objeto de este comentario.
Así, por ejemplo, las sustituciones de los directores del diario El Mundo y de la revista Primicia, quienes dejaron las posiciones directivas que ejercían en ambos medios impresos, como consecuencia de las presiones del poder ante las respectivas empresas editoras.
Lo ocurrido con la delegación de la organización internacional Reporteros sin Fronteras que visitó el país con ocasión del debate a propósito del tema de la “información veraz” es una clara demostración de que el régimen tiene un concepto sui generis respecto a la libertad de expresión que no coincide propiamente con el que existe en los países de bien asentadas tradiciones democráticas.
El ya tradicional estilo agresivo del verbo presidencial, en este particular ha encontrado campo fértil: quienes disienten públicamente en las páginas, espacios radiales o televisivos del proyecto político o de las ejecutorias del primer magistrado, son expuestos ante la opinión pública como corruptos sin autoridad alguna para opinar. Lo anterior es válido en el nivel nacional como en el internacional. En este último sentido publicaciones como la revista Semana de Colombia y el diario The Miami Herald, son expresiones sobresalientes de lo que cabe esperar, verbalmente, cuando se asoman enfoques críticos respecto al gobierno venezolano y, en particular, sobre la figura del Presidente de la República.
El listado sobre este asunto, de innegable interés nacional, es extenso. Pero para abreviar, es suficiente señalar que órganos de circulación nacional como el diario El Universal y el semanario La Razón han recibido sus correspondientes dosis del fuego graneado que tanto gusta de repartir en sus prédicas el jefe del Estado. Y están ordenadas investigaciones que afectan a reconocidos profesionales de la comunicación que, en ejercicio de sus legítimos derechos, han denunciado situaciones irregulares por parte de organismos públicos.
Democracia y libertad de expresión son términos inseparables. Aquella no se concibe sin el pleno ejercicio de ésta. Sin el entorno democrático no funciona la que con acierto ha sido calificada como la “matriz de las libertades”. En ese contexto, de persistir las amenazas a las que está expuesta la libertad de expresión, como por ejemplo, las que en apretada síntesis se agrupan referencialmente en los párrafos anteriores, la democracia venezolana, apellídasele participativa, plural, solidaria o protagónica, va rumbo a convertirse en nada más y nada menos que una pseudo democracia acobardada y temerosa, sometida a un efectivo autoritarismo de corte militarista con claras tendencias populistas.
