Conozca el juego de las mayorías en la AN y los conflictos que generaría
Las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hacen presumir que el organismo estaría blindando al Gobierno ante el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de este domingo.
Las decisiones de la Asamblea Nacional (AN) dependerán de la cantidad de diputados electos. Con una mayoría simple (84 representantes) se pueden aprobar leyes ordinarias y de presupuestos, ejercer funciones contraloras de investigación e interpelación; aprobar créditos adicionales y nombrar embajadores. Además, elige la junta directiva de la Asamblea Nacional y modifica el Reglamento de Interior y de Debates.
Con mayoría calificada (101 diputados), se hace lo mismo que con la mayoría simple. También se sanciona leyes habilitantes y remueve, con el voto de censura, a los ministros y al vicepresidente ejecutivo. Finalmente, con la mayoría absoluta (112 diputados) además de lo anterior, existe la oportunidad de activar un referendo para aprobar leyes y tratados internacionales; calificar como ley orgánica una que no lo sea; nombrar y remover magistrados del TSJ y designar al Poder Ciudadano y al Consejo Nacional Electoral. Incluso, tiene la potestad de aprobar una reforma constitucional y convocar una asamblea constituyente.
En octubre el TSJ aprobó la jubilación anticipada de 13 de sus 32 magistrados. Cinco de ellos pertenecen a la Sala Constitucional, la cual tiene la potestad de declarar la nulidad total o parcial de las leyes dictadas por la Asamblea Nacional.
Conflicto de poderes
Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, considera que una victoria de la oposición generaría una situación de conflicto de poderes porque la mayoría de la AN no coincidiría con la mayoría del Poder Ejecutivo.
En este sentido, Fernández explicó que el escenario más importante que se puede presentar es la disputa por el control del TSJ, como órgano último de decisión para declarar nulidad de las leyes que dicte la Asamblea.
El actual Parlamento tiene hasta el 1 de enero de 2016 para designar nuevos magistrados que sustituyan a los 13 que se jubilan. Es muy probable que el chavismo convoque sesiones extraordinarias después del 15 de diciembre.
“En virtud de una derrota oficialista, quizá quieran designar magistrados afines al chavismo luego del 6 de diciembre”, dijo. Sin embargo, el abogado considera que los tiempos no dan para que se realice la elección. Si eso sucede, incurría en “vicios de nulidad absoluta”. En ese caso, la nueva AN puede revocar el acto de nombramiento y designar nuevos representantes para el TSJ.
Para Fernández, si se mantiene el TSJ oficialista se produciría un conflicto entre el Ejecutivo Nacional y el Parlamento. “El Gobierno podría vetar las nuevas leyes que promulgue la Asamblea y ésta, a su vez, puede negarse a aprobar más créditos; nombramientos de embajadores; e, incluso, remover ministros y revocar magistrados del TSJ. Para resolver ese tira y encoge tendrán que aprender a negociar”.
