Divorcio diferido
La convocatoria del referéndum consultivo para el próximo dos de febrero por parte del CNE parecía una victoria glamorosa, más que de la oposición de la sociedad civil, frente a un Gobierno personalista que durante varios años desprecia a la disidencia y se burla con sorna de quienes lo adversan. Los dos millones y tantos de personas que firmamos la planilla pidiendo que Hugo Chávez renuncié de inmediato y deje al país tranquilo, para que podamos reconstruirlo sin su nefasta presencia, nos sentirnos satisfechos, convencidos de se abría el camino para resolver en paz la crisis política e institucional que vive Venezuela. Las firmas que acompañaron la solicitud del referéndum se convirtieron en un arma tan amenazante como los paros cívicos, las cacerolas y las marchas. Celebramos que el CNE mediante esa decisión reafirmara su carácter de poder independiente, y, a la vez, sabíamos que debíamos dedicarnos a preparar esa consulta para que la victoria en las urnas fuese contundente e inapelable, de modo que a nadie en el país ni en el exterior le quedase duda alguna de que el Teniente Coronel tiene que dedicarse a algo distinto que destruir la nación desde Miraflores.
A muchos de quienes militamos en la oposición nos preocupaba que el enorme significado del acuerdo del CNE no fuese comprendido por algunos sectores e individualidades, que Chávez con sus provocaciones altisonantes ha radicalizado a tal extremo que no oyen razones ni admiten argumentos que los contradigan. De acuerdo con estos grupos, Chávez no admitiría bajo ninguna circunstancia que se realizase el referéndum consultivo ni ninguna otra f´órmula electoral. En consecuencia, la única opción que le quedaba a la disidencia era preparar un paro general que provocase la salida del Presidente de la República, una vez que los militares que apoyan la exigencia de la oposición hubiese conminado al primer mandatario a que abandonase la “silla” y se retirase a disfrutar de un exilio dorado en Cuba, ¿dónde más?, o hubiese ido a parar con sus huesos a alguna de las tenebrosas cárceles del país, para que así pagase, aunque sólo en parte, los muchos crímenes que cometidos. Se presumía el comportamiento del comandante y, en consecuencia, se definía una estrategia y una política basada en el enfrentamiento total y sin tregua.
Ocurre que en política es fundamental la anticipación. Un componente básico de una estrategia eficaz es la capacidad de prever el comportamiento de los factores en juego. Pero de allí a fundar las políticas exclusivamente en las presunciones, hay un largo trecho. Yo me oponía a que el paro se realizara si el CNE convocaba al referéndum. Estaba (y estoy) convencido de que esa fórmula le ahorraría al país el trauma de paralizarse de nuevo. Sin embargo, me equivoqué. La insensatez criminal del Gobierno, apoyada por la Sala Constitucional del TSJ y por ese agente de Chávez llamado Rómulo Rangel, lo mismo que el vuelco imprevisto de Rómulo Lares, han colocado otra vez a la nación al borde del precipicio. El Presidente de la República no quiere lograr una tregua con la oposición, sino que busca que ésta se rinda incondicionalmente ante sus pretensiones hegemónicas.
El principio general según el cual un indiciado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, puede aplicarse también, con las limitaciones del caso, en política. Chávez podía decir lo que se le antojase con relación al referéndum consultivo, pero ya el CNE había tomado una medida que sólo a duras penas el TSJ, exclusivamente por vicios de forma, podía hacer retroceder. Esta posibilidad lucía remota, pues el mismo Tribunal hace pocos días había dictaminado que el Consejo es autónomo en todos los asuntos que conciernen a la materia electoral. El TSJ tenía que revocar una sentencia previa para poder desautorizar el llamado del CNE. Lamentablemente, eso fue lo que ocurrió. El máximo tribunal aplicando el estatuto electoral y no la Ley del Poder Electoral vigente desde que Chávez, por mandato del propio TSJ, se vio obligado a promulgarla invalidó la decisión del CNE (mientras el estatuto habla de una mayoría calificada de cuatro integrantes del CNE para tomar decisiones, la ley habla de mayoría simple, es decir, tres miembros).
La nueva decisión del TSJ en la práctica liquidó las posibilidades de que el referéndum pueda realizarse, al menos en un plazo relativamente breve, tal como demanda la crisis nacional La consulta del 2 de febrero seguramente habría arrojado resultados demoledores para el Presidente. Por eso éste movió sus palancas para impedirlo. Si como Chávez lo pronosticó, 90% del electorado se hubiese pronunciado en su contra, habría salido eyectado del poder como corcho de limonada por la fuerza de la sociedad. Ni García Carneiro, ni Alcalá Cordones hubiesen podido salvarlo de la debacle. Abundan los ejemplos recientes de presidentes que por haber perdido legitimidad no pudieron conservar el poder. Uno de los más emblemáticos es Fujimori. Pero pueden citarse los casos de De la Rúa en Argentina y de Estrada en Filipinas. Chávez no habría sido la excepción. No tiene condiciones excepcionales para diferenciarse de los presidentes que son arrastrados por el descontento y la movilización popular.
EL TSJ con su insólita e irresponsable decisión precipitó el paro cívico nacional, cuyo propósito esencial es obligar al Gobierno a aceptar una salida electoral a la grave crisis nacional. A esta altura no puede saberse cuál será el destino final del paro. Eso lo sabremos pronto. Por ahora de lo que sí estamos seguros es de que a Chávez transitoriamente lo salvaron la Sala Constitucional, Rómulo Rangel y Rómulo Lares. Pero no será por mucho tiempo. Entre el país y el viejo golpista se produjo un divorcio. Estamos en el período de tramitar la formalización de esa ruptura.
