Paro hasta que Isaías renuncie
Son tantos y tan aberrantes los delitos, y las crasas incompetencias
para desempeñar los cargos que
ocupan numerosos altos funcionarios de todos los poderes públicos
nacionales; que se traducen en graves perjuicios para
todos los venezolanos -y que se mantienen impunes- principalmente por la
inanición del Fiscal General de la
República, que el paro cívico nacional que arranca el lunes 2 de
diciembre, no debe cesar hasta que Julián Isaías
Rodríguez abandone el cargo.
La lista de los «10 más buscados» por la sociedad democrática de
Venezuela, que es encabezada por el
propio Presidente de la República, no deja hueso sano en todo el Poder
Público Nacional.
Allí está la última maniobra mafiosa de la Asamblea Nacional, la que
cual vulgar asesino en serie, perpetró
ante los ojos de todo el mundo y a plena luz del día, cuatro delitos en
menos de dos días: (1) recibió la
devolución del proyecto de Ley Orgánica del Poder Electoral, después de
haberse vencido el plazo legal para
que eso ocurriese; (2) le dió entrada a la asamblea aprobando tal acción
sin que existiere el quórum
reglamentario que manda la ley; (3) en un tiempo que batió todos los
récords de acciones mafiosas del libro
Guiness, modificó 41de los artículos del mencionado proyecto de ley y
(4) a pesar de ser un parlamento, es decir,
la institución cuya mismísima esencia es el uso de la palabra, no dijo
«esta boca es mía»; ni siquiera para
expresar hipócritamente «perdón, me equivoqué», cuando el Tribunal
Supremo de Justicia le ordenó al Presidente
de la República, publicar la ley, en forma inmediata, sin ninguna de las
modificaciones que le había hecho la
asamblea.
Y sigue delinquiendo impunemente, como lo indican su posterior intento
de juramentar ¡ A 27
parlamentarios suplentes del MVR en un sólo día ! y la más reciente
arremetida verbal contra otro PODER
PUBLICO AUTONOMO E INDEPENDIENTE como lo es el Consejo Nacional
Electoral, por haber cumplido con
un mandato constitucional y legal, pero que perjudica los intereses
delictivos de la actual mayoría parlamentaria:
haber fijado la fecha del referéndum consultivo.
¿Y qué decir de la Contraloría General de la República y la Defensoría
del Pueblo?.
Todos los diccionarios de la lengua castellana que registren la
expresión popular «piel de cocodrilo»
que hasta hace poco identificaba a cualquier persona totalmente
insensible a la tragedia humana ajena
y especialmente a aquella que incorpora daños morales grotescos,
deberían abstenerse de colocar allí
definición alguna y reemplazarlas con sendas fotos de Clodosvaldo
Russián y Germán Mundaraín,
con un asteriso que remita al lector a sus respectivos prontuarios.
La última hazaña de Clodosvaldo, conocido en los bajos fondos (quizás
por un error de traducción del
italiano) como «el contralor» ya que el término correcto es consigliere,
fue la de llamar a una rueda de prensa,
para informarle al país que había sido electo presidente de una
asociación de contralores de América Latina,
para después añadir, que se encuentra procesando 406 denuncias de
irregularidades administrativas contra los
gobernadores y alcaldes de la oposición, mientras no sabe nada de los
4.500 millones de dólares que agencias
de inteligencia estadounidenses, detectaron depositados en bancos de
China, remitidos desde Venezuela por
parte de varias agencias del gobierno nacional que preside Hugo Chávez.
Germán Mundaraín, el título de cuyo cargo oficial ha sido redefinido por
sus actos como el Agresor del
Pueblo, debería tener un duplicado de su foto en el diccionario citado
arriba, bajo el vocablo castellano «amoral».
Porque siendo un supuesto creyente en la ideología que gritó
«trabajadores del mundo uníos» y que incita a los
pueblos a la revolución contra quienes los oprimen desde el poder, le
dió la espalda al insigne ciudadano del
mundo llamado Mohamed Mehri, cuando la Guardia Nacional lanzó una
granada lacrimógena al interior de la
tienda de campaña en la que reposaba durante su huelga de hambre frente
al Tribunal Supremo de Justicia,
pidiendo justicia por el vil asesinato de su hijo Jesús, para irse a
pasear por Europa.
El Tribunal Supremo de Justicia, que acaba de sentenciar que el único
que puede iniciar las
averiguaciones penales relacionadas con los crímenes de lesa humanidad
perpetrados el pasado 11 de abril, es
el Fiscal General de la República, a sabiendas de que ese funcionario
¡Es uno de los acusados en esos delitos! Y
que también acaba de rechazar la enésima acción intentada en contra del
totalmente inconstitucional y lesivo
contra el patromonio del país, convenio petrolero con Cuba, sigue
perpetrando barbaridades jurídicas con total
impunidad, desde que hace ya bastante tiempo, inventó el adefesio
jurídico llamado «supra-constitucionalidad» y
le dijo a los periodistas que ellos NO TIENEN DERECHO a réplica.
Y si el peor de todos los crímenes no es el haber movilizado un ejército
de ocupación, no sólo para
atropellar cual Atila El Huno, la autonomía del poder público estadal y
municipal, sino además, hacerlo para
colocar al frente de la Policía Metropolitana de Caracas, a una banda de
delincuentes, dejando simultáneamente
indefensos ante el hampa a varios millones de habitantes de la capital
de la República, con particular énfasis en
los ciudadanos más pobres que no poseen los recursos ni para costearse
un perro guardían, es bastante difícil
hallar otra atroz acción que pueda ser catalogada como la peor
aberración que el poder ejecutivo nacional haya
perpetrado contra su propio pueblo.
Por ello, por ser el Fiscal General de la República, la autoridad
poseedora del monopolio constitucional de
la acción penal necesaria para perseguir y encarcelar a los delincuentes
arriba citados, es que el paro cívico
nacional que arranca el próximo lunes 2 de diciembre, no debe cesar
hasta que Julián Isaías Rodríguez, renuncie
irrevocablemente al cargo que ocupa.
