Consejo urgente para Alfredo Peña

Un párrafo del artículo 49 de la Constitución Nacional que establece las
garantías del debido proceso, dice: «Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido
proceso».

Ese párrafo debe urgente y sistemáticamente ser recordado por el Alcalde
Metropolitano Alfredo Peña,
a la comunidad nacional e internacional, y con especial énfasis, a los
jueces y funcionarios del CICPC (antes PTJ),
que han estado irrumpiendo en los parques de armas de varias comisarías
de la Policía Metropolitana
de Caracas, para retirar de allí por la fuerza y bajo amenaza de los
tanques de guerra, de los lanza-cohetes AT-4,
de las ametralladoras pesadas AFAG y de las tropas militares armadas
hasta los dientes, las sub-ametralladoras,
fusiles, pistolas y revólveres que conforman el armamento de dotación
reglamentaria de los policías metropolitanos.

Esa tarea es de suma importancia y urgencia, porque todo el país conoce
de los numerosos montajes que
han realizado los diputados del chavismo para acusar a las
personalidades, partidos políticos y otras
organizaciones de la oposición democrática —especialmente a la
Alcaldía Metropolitana y a su Policía
Metropolitana— de ser los responsables de muchas de las muertes de
ciudadanos inocentes, ocurridas durante los
hechos del 11 al 14 de abril y eventos posteriores.

Porque es completamente posible —y yo me atrevo a decir que bastante
probable— que los funcionarios del
gobierno, de la fiscalía y del poder judicial, que han sustraído las
armas de la policía, arriba mencionadas, las
disparen deliberadamente en dispositivos destinados a recolectar los
proyectiles disparados, QUE TENDRAN
IMPRESOS EN SU CAMISAS DE PLOMO LOS REGISTROS BALISTICOS QUE DEJAN ALLI LAS LINEAS ESTRIADAS DEL INTERIOR DE LOS CAÑONES DE ESAS ARMAS; para posteriormente, anexarlas ‘COMO
EVIDENCIAS», a las actas policiales que hayan podido realizar MESES
ATRAS, para de esa manera ‘COMPROBAR LA RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA METROPOLITANA» en las muertes de abril.

Montajes policiales como el descrito, le permitirían a los fiscales y
jueces incondicionales al chavismo, dictar medidas de privación de la libertad —y hasta encontrar
‘CULPABLES» a Alfredo Peña y los funcionarios de
la Policía Metropolitana— para después dictarles las correspondientes
sentencias de cárcel.

Son públicas y notorias, las afirmaciones de diputados, y otros
funcionarios públicos afectos al chavismo,
que «han hallado culpables» al Alcalde Metropolitano Alfredo Peña. AHORA
‘TENDRAN LAS PRUEBAS».

Las patrañas como esas, pueden ser desmontadas y desmentidas, mediante
trabajos policiales y jurídicos realizados objetiva y profesionalmente, pero como ellos necesariamente
deben transitar por las muy pesadas y
engorrosas rutas de los procesos judiciales, no pueden evitar que
mientras se logran desmentir esas patrañas,
transcurran días, semanas, meses y hasta años, que serían utilizados por
los adláteres políticos, judiciales,
fiscales y policiales del chavismo, para lograr su objetivo real:
destruír políticamente a Alfredo Peña.

Por ello, el Alcalde Metropolitano, debe lanzar urgentemente un
preemptive strike, publicando en la
prensa la relación de las armas ilegal e inconstitucionalmente
incautadas, con indicación de sus respectivos
seriales, para que el país y el mundo sepan de antemano, cuales son las
armas que podrían estar siendo
manipuladas con los perversos propósitos ya mencionados. Indicando
adicionalmente, como informé al inicio de
este escrito, que las «PRUEBAS» que pueda hallar el desgogierno
comunista de Hugo Chávez, en base a su
«inspección» de esas armas, SON NULAS como lo establece el Artículo 49
de la Constitución Nacional.

Posteriormente, cuando cese el golpe de estado y sean retiradas de las
instalaciones de la Policía
Metropolitana, las fuerzas militares de ocupación —porque sin duda eso
ocurrirá más temprano que tarde—
proceder con la urgencia que amerita este enésimo ignominioso crimen del
chavismo, a reconstruír, ahora sí
con las verdaderas evidencias, y con el auxilio de los fiscales, jueces,
testigos y expertos jurídicos, la vida y
milagros de cada una de las armas incautadas y posteriormente devueltas,
especificando donde y en manos de
quién, estuvieron esas armas desde el 11 de abril de 2002, hasta el
momento en que el desgobierno comunista
de Hugo Chávez, las regrese a sus legítimos propietarios.

Porque los verdugos políticos del chavismo, podrán montar todas las
patrañas que se les ocurra, con los
proyectiles que recojan después de disparar las armas que incautaron
ilegalmente, pero no podrán destruír la
realidad ni la verdad, que están allí, en los abundantes funcionarios,
testigos, cintas magnetofónicas y archivos
documentales, que registran la vida y milagros de cada arma de la
Policía Metropolitana; que como cualquier
institución policial profesional, mantiene un permanente y minucioso
registro de la movilización y uso, de todas y
cada una de sus armas de fuego.

Eso debe informársele urgentemente al país, porque muchos piensan, que
el objetivo de las fuerzas
militares de ocupación, es el de «desarmar» a la policía, pero en
realidad lo que se está intentando llevar a cabo,
es un asesinato de carácter, lo que se está intentando perpetrar, es un
asesinato político.