Fin del impasse Alcaldía Mayor-Chavismo

Ha sido público, notorio e innegable, el enfrentamiento político entre
el constitucional, legal y legítimo
gobierno de Caracas, presidido por el Alcalde Metropolitano Alfredo Peña
y el también constitucional, legal, pero
muy deslegitimado gobierno nacional presidido por Hugo Chávez.

Ese enfrentamiento, tuvo un parcial saldo favorable al Alcalde Peña,
cuando después que un grupo de funcionarios policiales se declarasen en
huelga,
el Ministro de Finanzas le canceló a esos funcionarios en huelga ­y al
resto de los más de siete mil funcionarios de
la Policía Metropolitana de Caracas- la mayor parte de los pasivos
laborales que el gobierno nacional mantenía
represados sin ninguna justificación legal o financiera.

Pero cuando el chavismo se percató que ese pago significó una derrota
política para el gobierno central al
darle la razón al Alcalde Metropolitano, decidió entrar en un terreno
movedizo que persiste hasta hoy:

Le giró instrucciones a sus partidarios políticos (dentro y fuera de la
Policía Metropolitana)
para que no sólo continuasen el conflicto con cualquier excusa, sino que
lo profundizasen.

Como consecuencia de ello, el país ha sido testigo del secuestro por
parte de un grupo muy pequeño de
policías, del llamado «Control Maestro», que es el Departamento de
Operaciones Policiales, a cargo de
monitorear las 24 horas del día y de lunes a domingo, la situación de
seguridad y orden público de la ciudad de
Caracas y coordinar el empleo de los recursos policiales durante los
procedimientos en progreso.

De igual manera, las instalaciones de la Alcaldía Metropolitana y del
Cuerpo de Bomberos de la ciudad,
han sido objeto de ataques violentos que han incluído el uso de armas de
fuego.

Esos últimos hechos poseen un carácter totalmente distinto al legítimo
conflicto laboral conducido por los
funcionarios policiales para obtener la cancelación del dinero que se
les adeudaba.

Esos últimos hechos, tienen un carácter eminentemente delictivo
claramente penalizado por las leyes venezolanas;
no sólo porque se ha destruído propiedad pública y se ha hecho uso
ilegal de armas de fuego,
sino porque el pequeño grupo de partidarios políticos del chavismo
(funcionarios policiales y otros
que los apoyan desde el exterior), han puesto en serio peligro a toda la
ciudadanía caraqueña
al interrumpir seriamente el normal funcionamiento de un servicio
público como lo es la Policía Metropolitana.

Sin embargo, el Alcalde Metropolitano Alfredo Peña, ante este muy
diferente conflicto,
ha mantenido la misma respuesta ante los revoltosos: los ha seguido
viendo como un problema de orden público,
que según él, «no tiene solución», porque cada vez que los policías
actúan contra los revoltosos
«se presentan fiscales del Ministerio Público y Defensores del Pueblo,
que no sólo ponen en libertad
a los revoltosos detenidos, sino que le abren expedientes a los
funcionarios policiales
por violación de los derechos humanos».

Sin embargo, los venezolanos, no tenemos ninguna evidencia de que esas
afirmaciones del Alcalde
Metropolitano Alfredo Peña se ajusten a la verdad.

Mientras que sí tenemos abundantes evidencias de que su gobierno se ha
estado enfrentando
­ya por demasiado tiempo- al ataque con armas de fuego por parte de
revoltosos, sin que su gobierno
haya resuelto el problema, y en consecuencia, la ciudadanía de Caracas,
se encuentra expuesta a muy graves peligros,
como lo demostraron los más recientes hechos del martes 12 de noviembre,
cuando un ciudadano perdió la vida y otros veintiocho resultaron heridos
­tres de ellos de gravedad a consecuencia de los balazos recibidos-.

¿Por qué no actúa el Alcalde Metropolitano?

Los funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, cuyo máximo
jefe, es el Alcalde Metropolitano,
están organizados, equipados y entrenados, para enfrentar con eficiencia
los graves delitos que han estado
siendo perpetrados durante los hechos descritos arriba. Es más, lo hacen
diariamente en su enfrentamiento con
los delincuentes comunes.

La Policía Metropolitana de Caracas tiene todos los recursos humanos y
logísticos, Y LA AUTORIDAD
LEGAL, para acordonar toda el área de la ciudad de Caracas que ha estado
siendo afectada por los delincuentes
que a diario atacan a las instalaciones de la Alcaldía Metropolitana y
de la Policía Metropolitana (desde afuera, y
desde su interior), y proceder a:

(1) La detención preventiva de los delincuentes Y A MANTENERLOS
DETENIDOS (2) El desarme de los delincuentes (3) La recolección de
evidencias en los sitios de los sucesos (4)
La reseña policial (fotográfica y dactilar) de los delincuentes y (5)
Elaboración de las actas policiales
correspondientes.

Para hacer eso, el Alcalde Metropolitano no necesita ni de la
autorización ni de la presencia de ningún
fiscal del Ministerio Público o Defensor del Pueblo, por cuanto todos
los delitos perpetrados han sido cometidos
IN FRAGANTI y a la vista de todo el mundo.

Adicionalmente, el Alcalde Metropolitano, puede tranquilamente invitar a
los medios de comunicación
social, para que sean testigos de excepción y le informen al país,
cuando proceda a trasladar en jaulas policiales
y debidamente esposados a los delincuentes detenidos, ante el despacho
del fiscal del ministerio público que
corresponda, para que el país conozca el rostro y la identidad del
fiscal que ordenará:

(1) La libertad de los detenidos ó (2) Su traslado ante el despacho de
un juez.

¿Por qué no hace eso el Alcalde Metropolitano? ¿Qué se lo impide?

¿No es él… el gobernante de Caracas? ¿Será que existe una crisis de
gobernabilidad en la ciudad de Caracas?