Gaviria se entromete indebidamente

César Gaviria Trujillo, el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos ((%=Link(«http://www.oas.org/defaultesp.htm»,»OEA»)%)), apenas minutos después de que catorce altos
oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional de nuestro país,
ejerciesen su legítimo derecho constitucional a expresar libremente su
pensamiento, en defensa de la democracia y de los derechos humanos de
los venezolanos, repudió la actuación de esos muy honorables y valerosos
oficiales, tildándola de inconstitucional.

Gaviria actuó irreflexiva e inconsultamente, porque es literalmente
imposible que, en el brevísimo tiempo transcurrido entre el
pronunciamiento militar y su declaración, haya podido consultar la
opinión de los embajadores americanos ante la OEA, y muchísimo menos
obtener de ellos el visto bueno a su expresado punto de vista, debido a
la característica lentitud burocrática, de la OEA.

Esta intromisión PERSONAL de César Gaviria; es inaceptable.

Ella sólo pudo darse debido a la desafortunada circunstancia que vive
nuestra patria, cuando la conducción de su política exterior está en
manos de personas que han demostrado ser claramente incompetentes para
esa delicada tarea.

Esto no puede tratarse de un error del experimentado diplomático
colombiano, porque éste además de ser conocedor de la idiosincracia de
nuestro pueblo, también está muy bien informado sobre la grave crisis
política que vive nuestro país, especialmente de las lecturas obligadas
que debe haber hecho de los reportes de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Gaviria quizás no entiende (porque nunca antes había ocurrido, ni en
Venezuela ni en Colombia) que un nutrido grupo de altos oficiales
TOTALMENTE DESARMADOS, sin mando efectivo de tropas, y en forma
pacífica, civilista y democrática, se unan públicamente a sus
compatriotas civiles, para exigirle al déspota comunista que desgobierna
a nuestro país, que renuncie y convoque a elecciones anticipadas.

Ni remotamente, esa loable y honorable actitud de los oficiales
venezolanos, «interrumpe el hilo constitucional» o se encuentra fuera de
la legalidad.

La CIDH ha expedido en los tres años y ocho meses del desgobierno
chavista, un asombroso número de medidadas cautelares para proteger a
periodistas, medios de comunicación social, organizaciones y dirigentes
sindicales y empresariales, familiares de las víctimas de la Masacre de
Miraflores y personalidades políticas que se oponen al régimen comunista
de Hugo Chávez, de los constantes atropellos de que han sido y siguen
siendo- objeto por parte de los partidarios políticos del régimen, sin
que éste les haya dado el obligado cumplimiento.

Para descalificar indebidamente a los honorables oficiales venezolanos,
Gaviria cita el artículo cuarto de la Carta Democrática Interamericana,
que textualmente establece lo siguiente:

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por
los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a
la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de
derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente
fundamentales para la democracia.

Por lo que no suponemos, sino que afirmamos, que el Secretario General
de la OEA, se olvida deliberadamente en su asombrosamente rápida
declaración, de todo el primer párrafo de ese artículo. Más
evidente no puede ser el público, notorio y constante desconocimiento y
desacato del régimen chavista, de la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia del 14 de agosto de 2002, que dictaminó en una sentencia
inapelable que los oficiales que el martes 22 de octubre de 2002 se
pronunciaron por segunda vez en contra el déspota que ocupa la silla
presidencial, que no cometieron el delito de rebelión militar ni ningún
otro.

Aún así, el déspota y el resto de sus adláteres de los poderes ejecutivo
y legislativo, no se refieren a esos honorables oficiales, sino con el
calificativo de golpistas, en un acto contínuo de difamación pública,
claramente penado por la legislación venezolana, que no ha sido
sancionado por la evidente complicidad del poder judicial en los abusos
de poder del régimen, perpetrados con un cinismo de tal calibre, que
haría sonrojar a cualquier persona civilizada que conozca sus detalles.

César Gaviria Trujillo se ha auto-descalificado para seguir sirviendo
como facilitador en la búsqueda de un diálogo entre el gobierno y la
oposición que encuentre salidas pacíficas, institucionales y
democráticas a la grave crisis política que vive nuestro país.

Venezuela no puede correr el riesgo, de que los temores personales de
César Gaviria, contribuyan a duplicar en nuestro país la tragedia que
padece el pueblo colombiano, por la ceguera de sus presidentes de no
dotar a las Fuerzas Armadas Colombianas del apoyo financiero, logístico
y de recursos humanos suficientes, para ponerle fin a la subversión
marxista que ya lleva 38 años asolando a ese país; por el injustificado
temor de que los militares, luego de derrotar a la guerrilla, fuesen
vistos como héroes por el pueblo colombiano, facilitándoles desplazar a
los políticos civiles de ese país de las posiciones de poder.

César Gaviria Trujillo, fue uno de esos presidentes colombianos (1990-1994).

El, muy probablemente, ve con terror el artículo 350 de la Constitución
Nacional venezolana, y aparentemente ignora el texto de su artículo 57
que le garantiza a los generales y almirantes que se pronunciaron hoy
(22 de octubre) contra el desgobierno comunista de Hugo Chávez el
derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones
de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión
(un mítin en la Plaza Altamira, por ejemplo) y de hacer uso para ello de
cualquier medio de comunicación y difusión (un video para ser difundido
por la televisión, por ejemplo), sin que pueda establecerse censura.

Por ello, todos los voceros de la sociedad democrática venezolana, deben
solicitarle a la OEA la designación de otra persona distinta a Gaviria,
que la represente en la actuales gestiones que realiza en nuestro país
junto al Centro Carter y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo).

Y exigirle al señor César Gaviria, que no se entrometa más en nuestros
asuntos.