Decretada inseguridad inmobiliaria

El desgobierno chavista, continúa gritándole al pueblo… miren el pajarito… miren el pajarito, para que no enfoquen su atención sobre la gravísima crisis económica en la cual Chávez ha sumido a Venezuela, hasta el punto de que la empresa calificadora de riesgo financiero Standar & Poor’s, recortó el 23 de septiembre, la calificación crediticia de Venezuela y de sus bonos a largo plazo, a la categoría de B menos y rebajó de B a C los bonos a corto plazo en moneda extranjera.

Eso es ¡Seis niveles por debajo del grado de inversión!.

Lo que en cristiano significa que ningún banquero o inversionista internacional le prestará dinero a nuestro país o arriesgará su dinero creando empresas en Venezuela, lanzando así más leña a la hoguera del desempleo.

Las razones esgrimidas por Standar & Poor’s para tomar esas decisiones, son «la grave crisis política y económica que vive el país» y el pajarito que el desgobierno chavista le muestra al soberano son las zonas de seguridad que acaba de decretar en Caracas.

El vice-presidente de la quinta república, José Vicente Rangel, al darse cuenta de que el soberano está totalmente confundido al creer que lo que está haciendo el desgobierno chavista es decretando medidas contra la inseguridad personal, anunció que existen en Venezuela «99 zonas de seguridad» refiriéndose al número de instalaciones militares que existen en el país.

Es una burda OPERACION PSICOLOGICA del chavismo para que el pueblo deje de pensar en su empobrecimiento, creado por el dramático aumento del desempleo y de la inflación. Y más maquiavélicamente, para que DEJE DE PROTESTAR al creer que ahora, alrededor de las «99 zonas de seguridad» (cuarteles militares) del país, el pueblo será reprimido con gases lacrimógenos, perdigones plásticos y planazos.

Como deshonrosamente hizo la Guardia Nacional, contra la concentración de protesta convocada por Alejandro Peña Esclusa, directivo de la ONG Fuerza Solidaria, a ser llevada a cabo inicialmente, frente a la base aérea de La Carlota y posteriormente en la Plaza de la Meritocracia de Pdvsa-Chuao.

A pesar de que dicha concentración de protesta ESTABA DEBIDAMENTE PERMISADA POR LA AUTORIDAD CIVIL COMPETENTE y que la Guardia Nacional -como lo establece la norma militar llamada Reglamento de Servicio en Guarnición -y el ahora infame «Plan Avila», sólo puede intervenir para restablecer el orden público alterado, cuando las policías son rebasadas por la gravedad de la alteración y únicamente si la autoridad civil competente así lo solicita (el gobernador o el alcalde correspondiente).

Los decretos de zonas de seguridad emitidos por el presidente de la quinta república en relación con las instalaciones militares con sede en Caracas, Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela y Pdvsa-Chuao, NO AUTORIZAN a ningún militar para impedir en esas zonas de seguridad las manifestaciones de protesta.

¡Ni siquiera si así lo estableciese esa Ley Orgánica de Seguridad y Defensa!.

Porque ninguna ley, reglamento, decreto, resolución u ordenanza, pueden modificar el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que textualmente establece lo siguiente:

«Los ciudadanos y ciudadanas TIENEN DERECHO a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. SE PROHIBE EL USO DE ARMAS DE FUEGO (como las escopetas de perdigones plásticos que usó la Guardia Nacional) y substancias tóxicas (como las granadas lacrimógenas que usó la Guardia Nacional) en el control de MANIFESTACIONES PACIFICAS (como la que organizó la ONG Fuerza Solidaria dirigida por Alejandro Peña Esclusa).»

[Observen bien que la Constitución Nacional no habla de armas DE GUERRA, sino de armas DE FUEGO, y clarísimamente, las escopetas pajizas Remington que la Guardia Nacional utiliza para lanzar perdigones plásticos y granadas lacrimógenas y de humo adaptadas para esas escopetas, son armas de FUEGO…]

Sigue diciendo el artículo 68 de la Constitución:

«La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público».

Como lo hacen la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales [Gaceta Oficial Nº 3.256 Extraordinaria del 26 de septiembre de 1983];la Ley Orgánica de Régimen Municipal [Gaceta Oficial N° 4.109 del 15 de junio de 1989]; la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política [Gaceta Oficial N° 5.233 Extraordinario del 28 de mayo de 1998]; la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana [Gaceta Oficial Nº 37.318 del 6 de noviembre de 2001]; el Reglamento General de la Policía Metropolitana de Caracas [Gaceta Oficial N° 5.015 Extraordinario del 8 de diciembre de 1995]; el Reglamento Orgánico del Ministerio del Interior y de Justicia [Gaceta Oficial Nº 5.389 Extraordinario del 21 de octubre de 1999] y el Reglamento de Servicio en Guarnición, que rige el empleo de las Fuerzas Armadas Nacionales en materia de orden público.

Por ello, nungún decreto totalitario sobre «zonas de seguridad», puede borrar de un plumazo el anterior cartapacio de reglamentos y leyes de la república, y muchísimo menos la Constitución Nacional.

Por ello, el Comandante General de la Guardia Nacional y los otros generales de esa fuerza que ordenaron reprimir la concentración de la ONG Fuerza Solidaria, actuaron ilegalmente, deshorando a esa institución militar, al obedecer los lineamientos político-partidistas del chavismo, atropellando al pueblo, intentando acallar con su torpeza, mediante el uso de la fuerza bruta, los legítimos reclamos de los ciudadanos.

El ministro de la defensa, no se quedó atrás, al atreverse a enviarle una carta a los alcaldes de la Gran Caracas…

¡ Ordenándoles ! (¡Qué tupé!). No autorizar actividades de protesta contra el gobierno nacional, en esas zonas de seguridad.

Ese burócrata militar puesto en su cargo por el dedo del presidente de la quinta república se cree por encima de los gobernantes municipales electos por el pueblo en elecciones libres y democráticas; y se cree por encima de la Constitución Nacional, al pretender desconocer que en Venezuela existen tres niveles de gobierno, totalmente distintos y autónomos: el nacional, el estadal y el municipal.

Ni siquiera el presidente de la república puede darle órdenes a los alcaldes, mucho menos un burócrata militar a quien nadie eligió.

Las «zonas de seguridad» decretadas por el chavismo NO TIENEN NADA QUE VER CON LA GRAVISIMA INSEGURIDAD PERSONAL reinante en todo el país, más bien LA EMPEORAN.

Porque crean, en un claro atentado contra la propiedad privada, una adicional ola de INSEGURIDAD INMOBILIARIA, porque la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa en la que están basados esos decretos, lo único nuevo que establece, es que toda persona que posea una propiedad inmobiliaria dentro del perímetro de esas zonas de seguridad NO PODRA VENDERLAS sin un permiso del ministerio de la defensa.

También, a partir de la publicación de esos decretos, todos los extranjeros -incluyendo a los embajadores y cónsules de países extranjeros- que posean propiedades en esas zonas de seguridad, deberán obligatoriamente venderlas a compradores venezolanos en un plazo máximo de un año, y si no logran venderlas en ese plazo, deberán obligatoriamente vendérselas al gobierno en el término de un año adicional. Es un intento de estatizar numerosas propiedades privadas.

Este atropello totalitario y comunista no lo debemos aceptar ni permitir.