“Prohibido prohibir”
Si algo se desprende de la jornada cívica del pasado jueves 26 de septiembre es el comportamiento decoroso y valiente, al mismo tiempo, de los sectores de oposición al oficialismo que no vacilaron ni por un momento en rescatar, para el disfrute de la ciudadanía, la plaza de la Meritocracia en Chuao como respuesta a los arbitrarios decretos ejecutivos que establecen ocho zonas de seguridad en el área metropolitana.
Una lección perdurable, sin duda alguna, pues es fácil deducir que cuando el gobierno, en particular el jefe del Estado, se lanzó por la pendiente en referencia, era con el propósito evidente de erigir barreras que entorpecieran o impidieran acciones concretas como las marchas o manifestaciones que con variados resultados han llevado a cabo los sectores oposicionistas y, en particular, la Coordinadora Democrática.
En tanto el régimen se tambalea como consecuencia de la pérdida de popularidad del titular del Ejecutivo Nacional y, sobre todo, por el inocultable fracaso de la gestión gubernamental, se acentúa en cambio, la presencia del movimiento opositor, el cual se manifiesta día con día a través del uso en su cotidiano accionar de los más variados e inteligentes recursos, todos conducentes, por cierto, a encontrar salidas de carácter institucional a la tremenda crisis de gobernabilidad que afecta al país.
Es importante señalar la circunstancia de que en el desarrollo del proceso al que aluden los párrafos anteriores, encabezado por la sociedad civil, ésta ha recibido el sostenido apoyo de las organizaciones políticas comprometidas con la restauración democrática y con el rescate del estado de derecho. Por otra parte, la sociedad militar, profundamente dividida, fraccionada y fragmentada como consecuencia de la conducta irracional de Hugo Chávez Frías, en algún instante tendrá que asumir responsabilidades frente a la situación y no hay por qué imaginar que su proceder sea otro distinto al de actuar asociada a la sociedad civil, tal como corresponde a un Estado democrático donde las instituciones funcionen con absoluto y sostenido respeto al ordenamiento jurídico establecido.
Puede decirse, pues, que se están abriendo ciertamente senderos para el rescate democrático y que el rol que a ese respecto le atañe a la oposición está cubierto con creces, salvo diferencias o disidencias naturales que, en todo caso, no arriesgan la viabilidad del proyecto opositor. Lo que conviene destacar es que las propuestas que asoman los diferentes componentes del movimiento oposicionista, en su mayoría determinante, rechazan cualquier salida a la crisis que no sea de índole institucional. Aún más, que expresamente se ciñan a lo que dispone el texto constitucional sobre el particular, es decir, las referencias puntuales a la remoción del Presidente de la República, porque no hay que llamarse a engaño: la crisis venezolana de hoy tiene nombre y apellido. Cierto que el gobierno avanza hacia un indetenible y creciente proceso de deslegitimación, pero todo ello puede manejarse en los términos de la Constitución de la República siempre y cuando la primera magistratura de la Nación pase a otras manos.
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