La reconstrucción democrática
Venezuela fue el país que mayores reparos opuso a la iniciativa de la OEA para que en ese ente regional se adoptara la Carta Democrática Interamericana, instrumento que, entre otras disposiciones, consagra en su artículo 1 que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Sin embargo, en un evidente contrasentido, el gobierno venezolano ha sido el que ha obtenido los primeros réditos políticos de la aplicación de la Carta a propósito de la situación que se presentó en abril del corriente año debido a la “grave alteración del orden constitucional” en nuestro país.
En la ocasión señalada en el párrafo anterior, el gobierno elegido democráticamente fue sustituido por un breve período de escasas 24 horas por otro de hecho que no llegó siquiera a constituirse formalmente, pero que dejó la sensación de que la democracia venezolana enfrentaba una crisis profunda de carácter institucional, a punto tal que tanto la sociedad civil como la sociedad política y la sociedad militar se vieron involucradas en el desarrollo de los acontecimientos, de diversa naturaleza, que tuvieron como escenario, principalmente, la capital de la República.
Al reasumir el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo el comandante Hugo Chávez Frías, en condiciones no completamente clarificadas dadas las contradicciones existentes al respecto, sectores mayoritarios de la población acogieron con escepticismo las promesas de diálogo y de tolerancia que el primer magistrado anunció en una suerte de acto de contrición que, para efectos de opinión pública, no ha disfrutado de mayor crédito. Es así que el diálogo impulsado desde la Presidencia ha sido un rotundo fracaso y las interpelaciones promovidas por la Asamblea Nacional, aparte del teatro consiguiente, no se han traducido en testimonios que un país incrédulo pueda recibir confiadamente. Mientras tanto, la llamada Comisión de la Verdad no termina de constituirse y las posibles acciones de mediación, primero por parte de la OEA, después a través del ex presidente Jimmy Carter atendiendo a una invitación cursada por el vicepresidente de la República y ahora bajo el ala del PNUD de la ONU, demuestran que el régimen venezolano se encuentra a considerable distancia de ser un gobierno que se comporta democráticamente.
Por ello, la oposición al régimen chavista nuevamente ha tomado las calles en frecuentes manifestaciones y pronunciamientos, dando por sentado que en Venezuela las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana son punto menos que letra muerta y que las observaciones preliminares de la CIDH de la OEA al culminar su visita a nuestro país, son un aporte valioso para la reconstrucción de la democracia venezolana. En ese sentido, es oportuno en este orden de ideas citar íntegramente el texto del artículo 2 del instrumento aludido: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable, de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
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