Sin relegitimación no hay gobernabilidad
Aquellos miembros del chavismo que no han perdido la racionalidad y el sentido común deberían tener claro que esta Venezuela, políticamente partida y en vísperas de un colapso económico, no es gobernable por los cuatro años y medio que quedan del mandato, sin una relegitimación electoral. En democracia, no se puede gobernar un país sin la confianza y aún más en contra de la casi totalidad de los sectores empresarial, intelectual, sindical, profesional y religioso. A su vez, la oposición debería entender que, en un país brutalmente empobrecido, tampoco se puede gobernar establemente y en paz, con buena parte de los sectores populares acérrimamente en contra. Tanto en el gobierno como en la oposición están prevaleciendo las posiciones y las actitudes más radicales y viscerales, que sólo ven como salida el enfrentamiento violento. La historia contemporánea ha ampliamente demostrado que la violencia más que romántica y mítica “partera de la historia” es una vulgar y salvaje procreadora de países atrasados y fracasados. Obviamente, Chavez y su gobierno tienen la mayor cuota de responsabilidad por esta trágica situación. Efectivamente, en democracia es indispensable un amplio consenso sobre las “reglas del juego” político, las reglas que norman el funcionamiento del sistema, como aquellas que regulan las relaciones entre los poderes del Estado y las que determinan la forma de selección y el reemplazo de los gobernantes. Estas “reglas del juego” se inscriben en las constituciones. Desgraciadamente, la Constitución de 1999 no fue el producto de un amplio consenso nacional, sino de la voluntad de una coyuntural mayoría, que además impuso un sistema electoral que produjo una abusiva sobrerepresentación de esa mayoría. Un 60% de los votantes obtuvo más del 95% de los escaños de la Constituyente. Para colmo, amparada por la peculiar doctrina de la transitoriedad, esa misma mayoría nombró “extraconstitucionalmente” las cúpulas del Poder Electoral, Ciudadano y Judicial, las instituciones que deberían ser garantes de los derechos de los gobernados y de las minorías. Por eso, entre otras cosas, la oposición no confía en los mecanismos institucionales. Estamos al borde del abismo, sin embargo no es impensable una salida negociada, si privara la racionalidad.
Chávez, con una pequeña ayuda de sus amigos más razonables, debería convencerse que para su gobierno, para el país y para él mismo, es preferible arriesgarse a perder una contienda electoral anticipada que pretender mantener indefinidamente la actual situación, básicamente insostenible política, económica y militarmente. Una enmienda consensuada o cualquier otro mecanismo que permitiese elecciones presidenciales anticipadas, el nombramiento por consenso ( 2/3 partes de la Asamblea Nacional) de los integrantes del Poder Electoral, Ciudadano y del Tribunal Supremo de Justicia y quizás un acuerdo mínimo de gobernabilidad para los próximos 4 años, son difíciles pero no imposibles. Estamos todavía a tiempo para evitar la barbarie de la violencia.
