Legalidad vs. legitimidad
El último de los instrumentos políticos adoptado por la OEA para la promoción y consolidación de la democracia representativa es la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001/Lima, Perú). Esa herramienta del sistema interamericano fue legítimamente invocada en el seno del organismo regional con motivo de la crisis política que se suscitó en Venezuela en abril de 2002 y permitió que la OEA emitiera un pronunciamiento de su Consejo Permanente respaldando al gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías, diligencia que posteriormente fue ratificada en junio pasado en la Asamblea General que se reunió en Barbados.
Pero en esa acción de la OEA se obvió la circunstancia de que la Carta Democrática Interamericana protege, ciertamente, los gobiernos constitucionalmente elegidos mientras éstos se conduzcan democráticamente y ejerzan el poder con sujeción al estado de derecho (Artículo 3/CDI), pero al mismo tiempo apunta que “el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”, concepto que permite afirmar que no basta que un gobierno sea legalmente elegido para considerarlo legítimo sino que también debe comportarse democráticamente y, entre los “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia” (Artículo 4/CDI) se encuentran, entre otros, “la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública…..y la libertad de expresión y de prensa”.
Si algún gobierno mantiene una conducta contraria a los principios y disposiciones de la CDI es el que preside Hugo Chávez Frías, supuestamente hasta el año 2007, porque al decir del propio jefe del Estado, pese a lo que indica la Constitución Bolivariana respecto a la reelección presidencial en cuanto a requisitos para aspirar a ella, podría extender su período presidencial hasta el 2013 o el 2021 y hasta más allá, según sea la motivación que satisfaga su ambición de poder.
Lo que está planteado en Venezuela, como se desprende de los diferentes análisis políticos que recogen los medios de comunicación y los sondeos de opinión, es saber hasta cuándo la sociedad civil, la política y la militar aceptarán la continuación en el ejercicio del poder de un gobierno ilegítimo, efectivamente elegido a través de los mecanismos constitucionales vigentes, pero divorciado del debido respeto al estado de derecho y de todos aquellos principios que fundamentan la institucionalidad democrática. Las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al culminar su visita al país en mayo pasado, en ese sentido, son la mejor evidencia de que la grave crisis que afecta a Venezuela podrá ser superada, entre otros factores, solamente si se alcanzan niveles adecuados de gobernabilidad, si se restablece el estado de derecho y si el combate a la pobreza obtiene triunfos perdurables que beneficien a los densos sectores de la población que esperan, no promesas sino acciones efectivas, por parte del gobierno de la “revolución bolivariana”.
