Opinión Nacional

El nuevo CNE y la salida electoral

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La opinión mayoritaria del país se inclina por cerrar las enormes fracturas que lo dividen mediante una consulta electoral. Hasta los chavistas más ortodoxos sostienen que ésta es la ruta expedita. La representación gubernamental en la Mesa de Negociación y Acuerdos respondió la proposición de los delegados de la Coordinadora Democrática en esa misma mesa, presentando el referendo revocatorio como la propuesta definitiva del Gobierno en materia comicial. Por ahora estarían canceladas la enmienda y la reforma de la Constitución como alternativas. En este terreno el debate parece haberse clausurado: vamos al referendo revocatorio a partir del próximo 19 de agosto, fecha establecida por el TSJ como mitad del período constitucional que se inicia el 19 de agosto de 2000 y concluye el 10 de enero de 2007. La posición del Gobierno a lo largo de estos meses de debate con la presencia del secretario general César Gaviria no giró ni un grado. La oposición tendrá que apelar al artículo 71 de la Constitución si quiere revocar el mandato del jefe del Estado, Hugo Chávez.

Desde ahora hasta que cristalice el referendo revocatorio para el Presidente de la República falta bastante tiempo. En el intervalo pueden ocurrir muchos acontecimientos. Lo mejor que podría pasar es que las instituciones que tienen responsabilidad importante en la solución electoral de la crisis, se preparen para que todas las contingencias se resuelvan. De esas instituciones la más importante es el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector de todo el sistema comicial. El Poder Electoral está integrado por un grupo de instancias que forman un conjunto complejo: las Juntas Electorales Estadales, las Juntas Electorales Municipales y el CNE. Las relaciones entre esas dependencias se basan en la cooperación, no en la subordinación jerárquica. La Constitución habla del Poder Electoral como rama independiente. Este enunciado ha sido más formal que real.

Entre las primeras tareas que debe cumplir el CNE que surja del trabajo que realiza actualmente el Comité de Postulaciones integrado por miembros de la Asamblea Nacional y la sociedad civil, se encuentra elevar la imagen y autoridad de la directiva –rectores- de ese Cuerpo. Desde el fallido proceso electoral previsto para el 28 de mayo de 2000, las megaelecciones, en las que serían relegitimadas todas las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ese órgano no ha podido recuperar el prestigio que durante mucho tiempo tuvo. En las primeras décadas de la democracia, el antiguo Consejo Supremo Electoral (CSE) constituía un ejemplo de eficacia y eficiencia, no porque funcionase de forma perfecta, hecho que probablemente sólo ocurre en el Cielo, sino porque las protestas, denuncias de fraude y otros delitos electorales, se resolvían con el acuerdo entre las partes en conflicto. Sin que la sangre corriera, ni se desconociera la legitimidad de los candidatos electos. La actual directiva del CNE, que ha dado una dura batalla en defensa del espacio institucional que le corresponde, no ha podido sobreponerse a la herencia que le dejó la anterior dirección. Aquella fatídica escena en la que se oía a Eduardo Semtei repitiendo “el 28, el 28, el 28” aún pesa demasiado. La directiva que se elija debe contar con el reconocimiento intelectual y moral del país. A partir de esta plataforma podrá escalar hasta convertir de nuevo a la cúpula electoral en verdadera rectora de los procesos electorales que se den en el país, que por cierto son bastantes, pues además del revocatorio del Presidente de la República, están pendientes las impugnaciones de gobernadores, los revocatorios de diputados, además de los que surjan en el inmediato futuro de gobernadores, y alcaldes.

La autoridad, en el sentido ético y moral que esta expresión encierra, será la garantía para que el CNE pueda proyectar la imagen de transparencia y confianza que necesariamente debe acompañar a ese Cuerpo. La excesiva politización del país y la atmósfera de crispación que seguramente rodeará los procesos electorales que se avecinan, requiere unas autoridades electorales que sean capaces de actuar como árbitros confiables e imparciales en un ambiente signado por enormes tensiones. Se sabe que la neutralidad absoluta no existe. Quienes han estudiado alguna disciplina de las Ciencias Sociales saben que uno de los primeros temas que se examinan es el relacionado con la famosa “neutralidad axiológica”. La conclusión de la mayoría de las corrientes del pensamiento social es que tal neutralidad valorativa no existe, resulta imposible e, incluso, indeseable. Lo que exige la Ciencia Social es rigor, consistencia teórica y metodológica y fidelidad al dato empírico. Esta analogía sirve en el caso de las autoridades electorales. Nadie espera que los integrantes del CNE sean ángeles. Lo que el país sí reclama es que esos rectores no se dejen doblegar por las presiones de los bandos en pugna y no se presten para maniobras que escamoteen o adulteren la voluntad popular expresada en las urnas electorales. Se exige un grupo de hombres y mujeres con capacidad para rescatar la autoridad y prestigio de una institución esencial de la vida democrática.

A partir de este acto reivindicativo se podrán realizar todos los procesos electorales que sean necesarios, que el país aceptará los resultados que se produzcan, se podrá elevar la profesionalización del personal técnico del CNE, mejorar la automatización de la votación y los escrutinios, y promover todos los cambios indispensables para contar con un organismo electoral moderno, árbitro de la democracia.

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